Se terminó la ronda de consultas y se espera el debate por la reforma de la ley

La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados buscará avanzar la próxima semana con la reforma de la ley de alquileres, con las exposiciones que harán los legisladores que presentaron proyectos para modificar la norma aprobaba en 2020, que regula los contratos entre inquilinos y propietarios.

La decisión fue tomada al concluir la ronda de consultas programadas con especialistas y representantes de sectores relacionados con la cuestión, ante el consenso existente respecto a la necesidad de reformar la ley vigente.

La presidenta de la comisión, Cecilia Moreau, señaló que ese grupo asesor se reunirá entre el martes y el miércoles próximos para escuchar “a los autores de los proyectos que están en esta comisión”.

Entre el viernes y el lunes se informará a los legisladores cuáles serán los proyectos que se debatirán en la comisión y que la discusión girará “exclusivamente” en torno a ellos, precisó.

Lo que sucede es que existen otras iniciativas referidas al tema alquileres que fueron giradas a la Comisión de Presupuesto, como el proyecto presentado por el sanjuanino José Luis Gioja, que propone gravar la vivienda ociosa; así como la propuesta elevada por el exministro del Interior, el diputado de Juntos por el Cambio, Rogelio Frigerio, que impulsa eximir el pago de bienes personales a los propietarios que pongan su vivienda en alquiler.

La Comisión de Legislación General concluyó ayer la cuarta ronda de consultas con la exposición de investigadores, asociaciones de defensa de los inquilinos, de corredores inmobiliarios, de defensa del consumidor, y de propietarios.

De aquí en adelante comenzará el debate para determinar qué aspectos se modificarán de la actual ley.

Los puntos que se discuten son reducir los plazos de los contratos a dos años (en la actualidad son tres años) y la actualización cada seis meses, contra el esquema anual vigente.

También se evalúa algún cambio en el mecanismo para calcular esos ajustes que hoy se establecen en base a un mix inflación-salarios que elabora el Banco Central.

De todos modos, no será fácil conciliar las posiciones entre el oficialismo y la oposición, ya mientras Juntos por el Cambio -que ya avanzó en un consenso interno- propone volver a los contratos por dos años con posibilidad de prórroga sin costo; en el oficialismo hay un sector importante del Frente de Todos que es partidario de mantener los tres años de contrato y el esquema de ajuste anual.

Con estas diferencias es probable que el debate se extienda por espacio de al menos dos semanas, reconocieron fuentes parlamentarias consultadas por Télam.

La comisión de Legislación General escuchó hoy a 20 oradores, con lo cual el total de expositores sumó 140 desde el inicio de la discusión hace casi un mes atrás.

En su exposición, la subsecretaria de Hábitat de Rosario, Josefina del Río, se refirió a la crisis habitacional y dijo que ese organismo recibió 14.000 consultas por el tema de alquileres.

Del Río advirtió sobre la falta de aplicación de gran parte de la ley actual, a la vez que sostuvo que “el problema no son los plazos, sino la seguridad jurídica”.

Desde la Fundación Haciendo, Josefina Mendoza, exdiputada radical, propuso que la reforma contemple “un régimen específico para estudiantes de nivel superior”.

La representante de la Fundación Amadeo Capital Humano del Chaco, Susana González, señaló que “lo que se discute es la plata y los intereses económicos, no de los propietarios, sino de las corporaciones inmobiliarias, perjudicando notablemente a los inquilinos”.

En tanto, el economista Sergio Chouza, de la Consultora Sarandi, señaló que “hay voluntad de legislar en procura de defender los intereses de una de las dos partes. Si hacemos una modificación de esta ley va a perder una de las dos partes, que es la de los inquilinos y vamos a legislar en función del lobby inmobiliario”.

A su turno, la secretaria general de Ademys, Mariana Scayola, dijo que “esta discusión se está realizando sobre la base de cuatro millones de familias que no tienen hoy garantizado el acceso a la vivienda propia y cualquier debate es insuficiente si no hay una discusión de fondo y una política que lo resuelva”.

La directora de la Maestría de Economía Urbana de la Universidad Torcuato Di Tella, Cinthia Goytia, propuso “una reforma que no naturalice el fenómeno inflacionario en el mercado del alquiler”, ya que “una regulación inapropiada puede generar serias distorsiones y reducción en la oferta a largo plazo”.

Tras las exposiciones, los diputados acordaron comenzar a analizar a fines de marzo la posibilidad de modificar la ley de alquileres ante los problemas que empezaron a aparecer y por el cual hay una rebaja de la oferta de las viviendas, tras la solicitud formulada tiempo atrás desde Juntos por el Cambio para llevar adelante una sesión especial para derogar la ley sancionada en 2020, y que fue promovida en 2019 por la entonces fuerza oficialista Cambiemos.

Por ese motivo, el Frente de Todos y JxC acordaron en los primeros días de abril analizar durante 30 días hábiles las reformas que se deben efectuar a la Ley sancionada en 2020, ante los problemas que enfrenta el mercado de alquiler, con el fin de aprobar una nueva iniciativa en la primera quincena de mayo.