1
En defensa de la naturaleza
El Congreso sancionó una reforma a la ley de manejo del fuego y limitó el desarrollo de proyectos inmobiliarios en los bosques afectados por un incendio; las razones
1 minuto de lectura'
PARA LA NACIONLorena Zapata
Los legisladores nacionales decidieron ponerle punto final a la especulación inmobiliaria y los millonarios negocios que se esconden detrás de los incendios forestales. Es que el último miércoles, el Congreso sancionó una reforma a la ley de manejo del fuego con el objetivo de conservar el estatus protectorio que las tierras pierden cuando han sido afectadas por el fuego. De esta manera, esos bosques nativos no podrán venderse por 80 años.
Se trata de una modificación impulsada por la senadora progresista Magdalena Odarda, oriunda de Río Negro –una de las provincias que tiene el mayor índice de incendios forestales–, al capítulo IV de la Ley 26.815, el cual determina que, en caso de quemas de superficies de bosques nativos, no puedan realizarse variaciones en el uso y destino que los mismos poseían con anterioridad al suceso durante el tiempo que insuma su recuperación forestal. Antes, gran parte de esos suelos terminaban vendidos a menor costo como loteos para uso turístico –hoteles, cabañas, restaurantes, etc.– o para la construcción de barrios cerrados, entre otras cosas.
“En los últimos dos años hemos sufrido incendios sin precedentes en Chubut, Río Negro, sur de La Pampa, y de la provincia de Buenos Aires que arrasaron cerca de 800.000 hectáreas de pastizales, animales ovinos, bovinos y cultivos en solo algunas semanas”, alertó Odarda y afirmó que “los daños económicos y ecológicos padecidos en la zona son irreparables contabilizando también pérdidas de cultivos, maquinaria y animales siendo este un saldo devastador para la economía regional”.
El flagelo de la deforestación que está viviendo el territorio del país es lo que motivó este proyecto. Según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, la superficie de bosques nativo en la Argentina era, en 1937, de 37,5 millones de hectáreas, mientras que, en 2014, se redujo casi en 10 millones. O sea, 26,4 millones de hectáreas. En tanto, desde la sanción de la Ley de Bosques, a fines de 2014, se deforestaron 2.107.208 hectáreas, de las cuales 626.244 eran bosques protegidos.
Respecto a los incendios forestales, las últimas estadísticas oficiales datan de 2015 y dan cuenta de las miles de hectáreas desaparecidas anualmente como consecuencia del fuego en las regiones fitogeográficas del país: Bosque Andino-Patagónico, Espinal, Espeta Pampeana, Monte, Parque Chaqueño, Patagónica, Selva Misionera, Selva Tucumano-Boliviana.
En total, se registraron 497.124,82 hectáreas desaparecidas en 6046 incendios en estas regiones. La provincia de Buenos Aires lideró el recuento con 1794 siniestros y 5730 hectáreas en llamas, seguida por Río Negro – con 1063 incendios y 105.108 manzanas quemadas–, La Pampa –213.804 hectáreas arrasadas en 72 quemas y Chubut –40.346 hectáreas calcinadas en 82 siniestros–. Ahora bien, del total de siniestros, 1474, o sea el 21,15 por ciento, fueron confirmados como intencionales, mientras que de 3725 quemas se desconoce su causa.
La senadora patagónica aseveró que “la iniciativa surgió ante la preocupación por la desaparición bajo las llamas de gran masa boscosa nativa que se perdieron, en la mayoría de los casos, debido a focos intencionales”, y consignó que “al proteger el uso y destino de las superficies afectadas por el fuego se pretende frenar la causalidad de dichos eventos, que en muchos casos están íntimamente relacionados con la especulación inmobiliaria” –ver recuadro–.
Además, Odarda recordó que los recursos forestales pertenecen al dominio público del Estado y que este es garante de su preservación. “La Nación no puede renunciar a la tutela ambiental, así como tampoco pueden hacerlo cada una de las jurisdicciones provinciales”, opinó durante la defensa de su proyecto en el Congreso. Este punto generó polémica durante el debate en el recinto.
El senador justicialista Juan Carlos Romero, el único detractor de la ley, fundamentó su oposición en que este tipo de normas, así como la ley de bosques, limitan el crecimiento y desarrollo productivo de las distintas regiones y el progreso de sus habitantes. “No debemos poner el foco solamente en el cuidado de los bosques, sino también en el mejoramiento de las condiciones de vida de la gente”, objetó el senador salteño haciendo referencia a la histórica dicotomía conservación medioambiental versus progreso. Y agregó que “según la Constitución Nacional, los recursos naturales pertenecen a las provincias. Acá no hay presupuestos mínimos, sino indicaciones de zonas de coloración y esto es algo parecido a la famosa ley de bosques que limitó el crecimiento en las provincias”. “Esta ley es absolutamente inconveniente y avasalla la autonomía de las provincias”, finalizó.
Fuente de inspiración
La flamante ley fue inspirada en el más importante de los incendios forestales registrados en el país: tuvo lugar en febrero de 2015 en la Comarca de los Alerces, más precisamente en el valle del lago Cholila, al noroeste de la provincia de Chubut. Esa catástrofe ambiental dejó un saldo de más de 41.000 hectáreas de bosques nativos completamente arrasados.
Con los follajes aún en llamas, la denuncia del entonces senador radical Mario Cimadevilla –actual titular de la Unidad Especial de Investigación del Atentado a la AMIA del Ministerio de Justicia– dejó al descubierto la oscura trama de negocios inmobiliarios que se escondía detrás de los incendios inmobiliarios que se escondía detrás de los incendios, donde se mezclaron intereses privados y complicidades gubernamentales en el denominado “curro verde”. En aquella oportunidad, las autoridades provinciales y las nacionales habían reconocido que los incendios fueron intencionales y culparon a la “especulación inmobiliaria”. “Estamos inmersos en una provocación lisa y llana de los incendios”, afirmó el mismo jefe de Gabinete en ese momento, Aníbal Fernández.
