Una ciudad española en la que el Ministerio de Defensa es la principal inmobiliaria

A solo 400 metros de la plaza del Ayuntamiento de Ferrol (en La Coruña), la basura y la maleza mandan en lo que durante más de un siglo fue un centro de poderío militar. Las ruinas del cuartel Sánchez Aguilera lucen en pleno centro, en una parcela amurallada de 95.000 metros cuadrados, pegada al protegido barrio histórico de A Magdalena. Ya hace muchos años que no se ve por allí más infantería que la tropa de conductores que dejan su coche en el estacionamiento público que se ha abierto en sus descampados. El recinto es el símbolo de las numerosas propiedades abandonadas que el Ministerio de Defensa acumula en esta ciudad. En un millón de metros cuadrados languidecen, por ejemplo, un polvorín donde hasta hace poco se custodiaban misiles antiaéreos, un campo de tiro, un gigantesco campamento, una estación torpedista o un observatorio meteorológico. Tras 30 años de negociaciones y trámites fallidos, Defensa y el gobierno local acaban de llegar a un acuerdo para levantar en ese suelo viviendas, comercios, zonas verdes, infraestructuras públicas y un área industrial.

En Ferrol, enclave estratégico para la Armada desde el siglo XVIII, el uso civil de instalaciones militares desafectadas empezó a negociarse en los años 90, al calor de la burbuja inmobiliaria. Desde entonces han pasado por la casa consistorial siete gobiernos distintos, ya que en esta ciudad naval castigada por el paro y la despoblación no hay alcalde que consiga revalidar mandato desde 1983. El actual, el socialista Ángel Mato, lleva buena parte de su vida política con este asunto entre manos. Fue concejal de Urbanismo entre 2007 y 2011, cuando la actual vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, era teniente de alcalde. Sentado en el despacho de la alcaldía, cuenta que con ella pactó sobre plano la urbanización de la parcela del cuartel Sánchez Aguilera que ahora pretende poner en marcha. “En Ferrol los problemas duran décadas”, advierte.

Mato reconoce que las ruinas del cuartel Sánchez Aguilera son un “tapón” que ha frenado el desarrollo urbanístico de Ferrol y ha alejado el centro del Ensanche y de los 14 kilómetros de playas que atesora la ciudad. Atribuye la demora en solucionar el problema a la “falta de continuidad” de los gobiernos locales y a las dificultades para “encontrar un equilibrio entre lo que entrega Defensa y lo que recuperará en edificabilidad”. Cada nuevo alcalde que empuñaba el bastón de mando, explica, decidía incluir en la negociación del convenio con el ministerio otras instalaciones que la Armada iba abandonando. El último acuerdo data de 2015, con el PP en el gobierno, pero al socialista le vale: “Cuando llegué yo [en 2019], tomé la decisión de cerrar ese convenio sin darle más vueltas. Va pasando el tiempo y van quedando más instalaciones en desuso, pero no las voy a incorporar”.

Defensa cederá nueve propiedades sin valor inmobiliario y recibirá edificabilidad en la céntrica parcela del antiguo cuartel, la más codiciada de sus terrenos en desuso. Según el acuerdo de reparcelación que acaba de sellar con el Ayuntamiento, el Instituto de Vivienda, Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa (Invied) se encargará de urbanizar todo el polígono con una inversión de €13 millones y promoverá un máximo de 480 viviendas y un centro comercial. Al Consistorio le entregará 17.500 metros cuadrados en los que, según señala el alcalde, el plan es construir un parque en la zona más cercana al casco histórico, una residencia universitaria que aprovechará pabellones militares y un edificio judicial. El 80% de los pisos serán de precio libre, apunta el gobierno local. “Tiene que haber viviendas para que Defensa pague los €13 millones de la urbanización”, defiende Mato. El socialista no ve inconvenientes en las pocas viviendas con precio limitado que tendrá el nuevo barrio. Aduce que Ferrol “está infinitamente por encima de cualquier otra ciudad en vivienda protegida” y es la urbe de Galicia con el precio medio más bajo. “Aquí nunca hubo burbuja inmobiliaria”, sostiene.

Para proseguir con la tramitación, el Gobierno socialista llevará a pleno en octubre la ratificación del último convenio que se firmó con Defensa hace siete años, en tiempos del PP. Precisamente por ser su acuerdo, los populares, principal grupo de la oposición, avanzan que en principio prevén votar a favor, aunque se quejan de la “falta de información” por parte de los socialistas y de que “se han perdido siete años por intereses partidistas”. “Ferrol necesita ese suelo para crecer”, esgrime el portavoz popular, Juan Manuel Rey, alcalde entre 2011 y 2015, que promete que su partido “actuará con responsabilidad”.

A la izquierda del PSOE, el acuerdo no gusta. Jorge Suárez, que fue alcalde entre 2015 y 2019 por la marea Ferrol en Común, ahora tercera fuerza, lo reprueba por ser una “operación de especulación inmobiliaria” en una parcela, la del cuartel Sánchez Aguilera, que “debería convertirse en el gran núcleo verde de la ciudad”.

Suárez rechaza que Defensa haga negocio con esos terrenos construyendo viviendas y un centro comercial y que el Ayuntamiento tenga que abonarle además €420.000 euros por las dos últimas instalaciones que se incluyeron en el convenio. “Esos terrenos están pagados y amortizados con el abandono de todos estos años, ya que el Ayuntamiento ha estado financiando su mantenimiento”, aduce el exalcalde, que cifra en 50.000 euros anuales lo que se ha gastado el consistorio en estas labores.

El BNG también considera “absurdo” construir pisos y un centro comercial cuando Ferrol es la segunda ciudad de Galicia con el porcentaje más alto de viviendas vacías (casi un 20%, según al Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias) y coincide con Ferrol en Común en que la parcela debe convertirse en “un pulmón verde”. El Ministerio de Defensa no ha contestado a las preguntas de este periódico sobre la operación en Ferrol.

El acuerdo con Defensa prevé que el Ayuntamiento reciba ocho propiedades militares ubicadas en puntos privilegiados de la costa en los que no se puede construir: el polvorín de Mougá, el polígono de tiro de Catabois, los cuartelillos de San Luis y Monte Covas, el campamento de Covas, el polígono de tiro de Doniños, la estación torpedista de San Felipe y el observatorio meteorológico de Monteventoso. El gobierno local quiere convertir esas instalaciones en infraestructuras para acoger servicios públicos de los que carece el litoral protegido de la ciudad por las limitaciones legales para edificar. Al observatorio de Monteventoso, una antigua atalaya militar sobre la playa y laguna de Doniños, se proyecta darle uso turístico, con una cafetería y una sala de exposiciones. Por último, la ruinosa estación de radio de Mandiá será “suelo industrial”.

El 22% del suelo urbano en Ferrol es titularidad del Ministerio de Defensa. Esta circunstancia supone un agujero para las arcas del Ayuntamiento porque se trata de un propietario al que la legislación exime de pagar el IBI. Según dictaminaron los tribunales tras la batalla legal emprendida hace años por el Consistorio, ni siquiera abona este impuesto vital para las finanzas municipales la empresa pública Navantia, que ocupa parte de estos terrenos. El abandono paulatino de instalaciones por parte de la Armada comenzó en los 90, fue acelerado por la supresión del servicio militar obligatorio y todavía no ha cesado. Aunque este último acuerdo con el ministerio se convierta en el empujón definitivo para dar uso a un millón de metros cuadrados desafectados, el problema seguirá ahí. “Con las propiedades de Defensa que se están quedando vacías, ahora habría contenido para otro convenio”, admite el alcalde.