Acusan a Santos de trata de personas y piden su extradición

PUNTA DEL ESTE.- "La ley que da marco al pedido de captura del agente de modelos argentino no es de 1930, como dice su abogado, sino que tiene apenas cuatros años, y ésta es la primera vez que se usa para procesar con prisión en Uruguay", dijo a LA NACION una fuente judicial que pidió reserva de su nombre. Leandro Santos está convocado a declarar en la causa por la que ya procesaron a dos proxenetas y una mujer que "lavaba" dinero de la red de prostitución, por probable implicancia en delito de "trata de personas", figura creada por la ley 18.250, de enero de 2008, que establece penas que van entre cuatro y 16 años de cárcel.

El vocero del Poder Judicial uruguayo, Raúl Oxandabarat, dijo a LA NACION que tras el feriado de Carnaval se iniciará el trámite de extradición y que la justicia uruguaya remitirá información relevante para esa decisión. En el Poder Judicial del Uruguay se aseguró que fue la primera vez que se aplicó en este país la figura del "delito de trata de personas" en la modalidad de "reclutamiento con fines de explotación sexual".

En Uruguay confían en que Santos será extraditado. Fuentes de la investigación explicaron a LA NACION que la información acumulada en todo este tiempo es significativa para comprometer a Santos, porque además la policía intervino teléfonos y registró conversaciones. El agente de modelos aparece involucrado en una causa con varias puntas, pero para la justicia uruguaya su complicación está por lo actuado en Montevideo y Punta del Este. En Montevideo, el abogado penalista Jorge Barrera anunció que había sido contratado para la defensa del representante de modelos y que estaba leyendo el expediente.

En tanto, la jueza de Crimen Organizado Graciela Gatti, a cargo de la causa, se quejó por las características que el caso alcanzó en Buenos Aires. "No voy a hablar del tema porque no corresponde, sólo puedo confirmar lo que está en el auto de procesamiento que se ha divulgado", dijo al diario local La República.

Las jóvenes prostituidas quedaron en libertad, después de dar testimonio sobre su vínculo con la red. Al menos, tres de ellas eran menores de edad y quedaron registros directos de su explotación sexual, lo que complicó la situación de los proxenetas que ya están en prisión. También quedaron libres clientes de los servicios sexuales que dieron su testimonio al ser citados y un fotógrafo que armaba el "book" de presentación de las jóvenes.

El artículo 78 de la nueva ley establece que la "trata de personas" en el marco de "explotación sexual" será "castigada con una pena de cuatro a 16 años de penitenciaría". Se trata de la ley 18.250 sobre migración, que hace exactamente cuatro años creó nuevas figuras delictivas pero aún no había podido aplicarse. "El establecimiento de su configuración y la recolección de pruebas para ello no son sencillos", dijo una fuente directamente involucrada en la investigación . Explicó que en otros casos se habían detectado signos de negocios ilícitos en igual sentido pero no habían podido probarse, por lo cual en este caso se apeló a tecnología nueva en registro de conversaciones y seguimiento de personas, a efectos de contar "con pruebas contundentes".

En el juzgado trabajan con reserva para evitar que algunos involucrados se vayan del país, y por eso procuran acelerar las convocatorias a declarar. Algunos clientes de prostitutas aportaron datos directa o indirectamente (mediante registro de llamadas telefónicas con sus proveedores de prostitutas) que complican la situación de los procesados y de los potenciales enjuiciados.