Además de la espiral de violencia, el lavado de dinero es la otra gran consecuencia de la criminalidad organizada

Rosario está otra vez en los medios. Y por malas razones. En los primeros 50 días de 2020 hubo 40 asesinatos. Una cifra escalofriante. Muertes de bebes ametrallados, sicarios, asesinatos de cocineros de cocaína, desmembramiento de cadáveres. No es Sinaloa. Es Rosario. La relación de Rosario con la criminalidad organizada es de vieja data. La primera gran ola delictiva tuvo lugar en las décadas de 1910 y 1920. La segunda etapa comienza hace 20 años y continúa hasta el presente.

La logística explica buena parte de la centralidad de Rosario para la criminalidad organizada y el narcotráfico. La ruta 9 y la 34, procedentes de Salta y Jujuy, terminan en Rosario; la ruta 11 une Rosario con Clorinda y Puerto Iguazú. Es además un puerto por donde salen cargamentos de granos: 2019 fue récord con 2632 barcos que atracaron en puertos públicos y privados de Rosario y San Lorenzo. Por eso es atractivo para la exportación de cocaína al mundo.

Y Rosario tiene desarrollada una plaza local de consumo de estupefacientes. Es una ciudad de ingresos altos en una porción de su población. Lo mismo ocurre en otras ciudades con ingresos altos de la Argentina. Los sectores de menores ingresos consumen drogas de composición degradada con serias consecuencias sobre su salud. Santa Fe es la cuarta provincia con mayor prevalencia de uso de cocaína del país.

Todos estos factores confluyen para la conformación de bandas delictivas con peso en la ciudad. Las bandas de criminalidad organizada están bien documentadas. Germán de los Santos publicó el año pasado su libro Los Monos, en el que detalla la conformación de la más emblemática de ellas. Pero llevamos tres generaciones de familias implicadas en el narcotráfico, la extorsión y el lavado de dinero. Las cúpulas de estas bandas están presas luego de ser investigadas por la Justicia provincial. Manejan buena parte de sus negocios desde la cárcel. Su encarcelamiento produce, además, movimientos para consolidar liderazgos. El método que usan para resolver estas disputas es la violencia. Cada vez con más poder de fuego y más saña.

Además de la espiral de violencia a la que asistimos en estos días, el lavado de dinero es la otra gran consecuencia del fenómeno de la criminalidad organizada en esa provincia. Enormes desarrollos inmobiliarios, compras de campos, agencias de autos de alta gama con ventas inigualadas en otros lugares, compras de medios de comunicación deficitarios que se transforman en prósperas empresas en unos meses. Y la lista sigue. Cada operación de lavado consentida genera un cómplice más del narcotráfico.

Y el último ingrediente de la tragedia de Rosario es el Estado. El Poder Judicial Federal ausente de los casos más resonantes y la Policía de Santa Fe con graves vínculos estructurales con el narcotráfico -que no se resuelven con purgas individuales-. Miembros de las fuerzas de seguridad nacionales implicados en varios casos, jueces y fiscales con aparentes vínculos con grupos narco. Algunos políticos de partidos que gobernaron Santa Fe en las últimas décadas también aparecen relacionados a grupos mafiosos tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo.

La dinámica delictiva en la provincia ya había comenzado su escalada durante 2019. Sin embargo, todo parecería sugerir que el cambio en el signo partidario de los gobiernos nacional, provincial y municipal produjeron reacomodamientos políticos que han potenciado dichas dinámicas.

Los problemas que aquejan a Rosario exceden largamente a la ciudad; son problemas de la Argentina. Sin actuar en Rosario de manera inmediata y con resultados urgentes la escalada de violencia se trasladará a otras geografías del país. Zonas hoy más calmas serán los nuevos "Rosario". Hay que actuar ya.

No hay forma de parar la violencia sin coordinación entre los tres niveles de gobierno. El gobernador Omar Perotti (PJ) es un hombre moderado y racional. Ha tenido una gestión de probada eficiencia en Rafaela. El intendente Pablo Javkin tiene una trayectoria de probada honestidad. La oposición de Cambiemos, a través de Patricia Bullrich, ha ofrecido su colaboración en esta situación de extrema gravedad.

Corresponde al gobierno del presidente Alberto Fernández, y a su ministra de Seguridad, Sabina Frederic, convocar a reuniones sin presencia de medios de comunicación, sinceras, sin chicanas ni bravuconadas, para trazar un plan específico que pare la violencia en Rosario. Dicho plan debe ser implementado por los gobiernos en los tres niveles.

Existe un antecedente exitoso que conviene rescatar. En 2016 hubo un acuerdo entre el gobierno nacional y provincial -entre administraciones de distinto signo político- para desplegar 3000 efectivos de fuerzas federales en Santa Fe. El resultado fue positivo: en 2017 Rosario tuvo 147 homicidios contra los 265 que había tenido en su anterior pico de violencia en 2013. Una disminución del 44,5%. Sin embargo, la falta de acuerdo para avanzar en un esquema más ambicioso de complementación entre fuerzas federales y la policía provincial solo sirvió para contener, pero no para erradicar la violencia de la ciudad. Hay que ir un paso más allá. Con coraje cívico y político hay que diseñar un esfuerzo conjunto que pacifique definitivamente Rosario.

Las fuerzas democráticas nacionales y provinciales deben además formular un pedido conjunto a la Justicia Federal y al Ministerio Público para que actúe con decisión y firmeza en este proceso para avanzar en la investigación y detención de los actores que perpetraron cada uno de estos asesinatos y que hoy actúan con impunidad.

Debe aumentarse la presencia de las cuatro fuerzas federales en el terreno para realizar de inmediato tareas de saturación preventiva en los barrios con mayor presencia criminal y avanzar en un análisis sistémico de inteligencia criminal que permita actuar sobre las bandas y sus cómplices dentro y fuera del Estado. El análisis de los patrones de homicidios debería ser un primer insumo para esta tarea.

La policía de la provincia de Santa Fe requiere una reingeniería organizacional completa. No basta con el descabezamiento periódico de sus cúpulas involucradas en algún tipo de ilícito. La presencia de las cuatro fuerzas federales en la ciudad genera los mecanismos de control recíproco que disminuyen las probabilidades de complicidad con las bandas de tráfico de drogas.

La movilización de la sociedad rosarina es un factor fundamental para que esta estrategia se lleve adelante. Rosario y su gente, una ciudad esencial para la identidad de la Argentina, merecen actores políticos y estatales a la altura de las circunstancias.

El autor es doctor en Ciencia Política y fue secretario de Coordinación, Planeamiento y Formación del Ministerio de Seguridad

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