ADN del crimen. Doce años después del asesinato, la causa sigue abierta y el recuerdo de una chica de 11 años reclama justicia

A doce años del secuestro y homicidio de la niña Candela Sol Rodríguez, la causa judicial sigue abierta. El caso tiene a tres condenados, dos de ellos a prisión perpetua, mientras que cuatro imputados esperan ser sometidos a juicio oral. Entre los acusados que serán enjuiciados no antes de mediados del año próximo, figuran uno de los narcotraficantes más importantes del conurbano, un policía bonaerense, un informante de la fuerza de seguridad provincial y un carpintero.

Hace un año, el fiscal de Morón, Mario Alberto Ferrario, solicitó que Miguel Ángel “Mameluco” Villalba, Sergio Chazarreta, Héctor “Topo” Moreyra y Miguel Altamirano, sean sometidos a juicio oral al considerarlos presuntos responsables del secuestro y asesinato de la chica de 11 años.

En 2017, el Tribunal Oral N° 3, de Morón, condenó a prisión perpetua a Hugo Elbio Bermúdez, de 63 años, y Leonardo Jara, de 43. Mientras que Gabriel Fabián Gómez, de 49, fue sentenciado a cuatro años de cárcel por ser considerado partícipe secundario del hecho. A mediados de 2020, la Sala IV de la Cámara de Casación penal bonaerense, integrada por los jueces Fernando Mancini, Ricardo Maidana y Ricardo Borinsky confirmó las condenas por la “privación ilegal de la libertad coactiva seguida de muerte” de la menor.

Para los jueces Mariela Moralejo, Raquel Lafourcade y Diego Bonanno el móvil del crimen fue un “ajuste de cuentas contra el padre de Candela, por algún ilícito que este cometiera”, en referencia a Alfredo “Juancho” Rodríguez, quien en el momento del secuestro de su hija cumplía una condena por piratería del asfalto.

“Dicen que estuve marcando ranchos de los narcos de San Martín para la policía. Todo falso. Sin embargo, me lo cargaron a mí”, declaró el padre de Candela, a fines de agosto de 2011, en la Unidad Penal de José León Suárez. En ese momento no aportó nombres.

Pero se sabía que Mameluco Villalba, por entonces, el narcotraficante más importante de San Martín había sido apresado el 11 de agosto de ese año, durante una serie de operativos realizados por efectivos de la Policía Federal.

Moreyra, reconocido informante policial, habría sido el supuesto entregador de las localizaciones de los búnkeres de la banda de Mameluco Villalba que permitieron a los investigadores de la Policía Federal desbaratar la organización criminal comandada por excandidato a intendente de San Martín en las PASO de 2011.

Cuando los subordinados de Villalba comenzaron a investigar quién aportó el dato sobre la ubicación de los puestos de venta de droga y el lugar en el que se refugiaba Mameluco, el mencionado Moreyra, para cubrirse, habría señalado a “Juancho” Rodríguez.

Once días después de la detención de Villalba, la hija, de 11 años, de Rodríguez fue secuestrada cuando salía de su casa, en Coraceros y Bustamante, en Villa Tesei.

Según consta en el expediente, al declarar ante los funcionarios del Ministerio Público de Morón, el padre de Candela mencionó a Moreyra. Dijo que lo había ensuciado acusándolo de marcar “ranchos” donde se vendía droga, en sobrevuelos realizados en un helicóptero de la Policía Federal. También señaló al policía Chazarreta.

No habría sido casual la vinculación de Chazarreta con el grupo de imputados del homicidio Candela. Durante la investigación, la Justicia acumuló indicios que abonan la sospecha de que habría participado activamente en el secuestro de la niña.

En el momento del crimen, Chazarreta estaba en pareja con una sobrina del informante Moreyra y tenía una camioneta Ford Ecosport negra. Según los peritajes, dicho vehículo coincide con la camioneta usada por los secuestradores de Candela y que fue grabada por una cámara de seguridad de la zona.

Una camioneta de similares características fue mencionada en la primera etapa de la investigación por María Luisa Díaz y Jorge Luis González, vecinos del barrio donde vivía Candela.

Al declarar como testigos, los integrantes de la pareja afirmaron que, la tarde que secuestraron a la niña, se cruzaron con una camioneta Ford Ecosport negra, con la patente tapada con un trapo. Ambos testigos coincidieron en que escucharon el grito de una mujer que era apagado por uno de los hombres que ocupaba el vehículo. La policía demoró un mes en seguir la pista aportada por los testigos. La pareja afirmó que al día siguiente que Candela fue secuestrada se acercaron a la casa de la niña y le dijeron a un policía lo que habían visto y escuchado.

Sin embargo, el uniformado les respondió que ya habían revisado las adyacencias de la esquina de Villarruel y Rodríguez y que no encontraron ninguna cámara de seguridad. El policía mentía. Existían cámaras de seguridad que grabaron el paso de la camioneta y el momento en el que los testigos la cruzaron, entre las 15.35 y las 15.40, circunstancia que coincide con el momento en el que Candela fue secuestrada.

Los peritajes realizados en esas imágenes indicaron que la camioneta del policía Chazarreta tenía cinco puntos de coincidencia con el vehículo que aparecía en las grabaciones de las cámaras de seguridad. Esos técnicos deberán ratificar las conclusiones del estudio en el futuro juicio oral.

Candela fue vista con vida por última vez el 22 de agosto de cuando se dirigía a la reunión del grupo de scouts al que pertenecía. Seis días más tarde, la tía de la niña recibió la llamada extorsiva atribuida a Jara.

“Ahora si que no la vas a encontrar nunca a tu hija. Jamás la vas a encontrar”, expresó una voz masculina del otro lado de la línea.

“Vos, como. Hola. No!”, exclamó la tía de Candela, al responder la comunicación realizada 28 de agosto a las 22.42

“Te lo aseguro hasta que no devuelva la guita no la va a ver nunca más. Que le pregunten al marido dónde dejó la guita”, sentenció el delincuente. Entre esa noche y el día siguiente, Candela fue asesinada.

Al realizar los estudios de planos de voz, los técnicos de la Gendarmería concluyeron que el autor de dicha amenaza habría sido Jara, condenado a prisión perpetua en el primer juicio.

Mientras que tres días después de esa comunicación, una mujer que juntaba cartones al costado de la colectora de la Autopista del Oeste encontró el cuerpo de la niña. El cadáver estaba parcialmente tapado con una bolsa y fue encontrado a treinta cuadras de su casa, muy cerca del comando operativo que los responsables de la fuerza de seguridad provincial instalaron para coordinar las tareas de búsqueda de la niña.

Un hecho ocurrido ese día confirmó la presunción de que los autores del secuestro de Candela tenían la colaboración de algunos efectivos de la policía bonaerense. El 31 de agosto a las 12.30, uno de los responsables de dicho comando operativo recibió un llamado en el que se alertó del hallazgo de un cuerpo en el arroyo Morón. Ante la posibilidad de que se tratara de la niña desaparecida, los responsables de la búsqueda dispusieron la movilización de todos los medios humanos y materiales a esa zona.

Ese despliegue fue aprovechado por los delincuentes que tenían cautiva a Candela y que, después, la mataron, para mover el cuerpo y abandonarla en el lugar donde lo encontró la mujer que juntaba cartones.

Aunque los testigos se acercaban a los policías y aportaban pistas sobre las circunstancias que rodearon el secuestro de Candela, esos uniformados se encargaron de desviar la búsqueda.

Por ejemplo, seis testigos, vecinos de la esquina de Coraceros y Bustamante escucharon, minutos antes de las 15.30, el grito de una mujer y el chirrido provocado por las ruedas de un automóvil que arrancó a toda velocidad.

Los jefes de la policía bonaerense, a cargo de la búsqueda de Candela, descartaron los testimonios que apuntaban a la Ecosport negra.

Tomaron la misma actitud con otra prueba clave que hubiera permitido encontrar con vida a Candela. Según consta en el expediente el informe de la compañía de telefonía celular indicó que el aparato con la línea 6390-1232 fue captado por última vez el 22 de agosto a las 17 por la antena llamada “La Finita”, instalada en el Camino de Cintura o Brigadier Juan Manuel de Rosas 5381 de Loma Hermosa partido de Tres de Febrero. El sector de la antena que habría tomado la señal del celular de la niña habría sido el N°3 que abarca la zona del asentamiento Costa Esperanza, en el partido de San Martín.

“Se omitió indagar sobre aquellos mencionados por el padre de Candela, Alfredo Rodríguez. Desde ya que refuerza esta línea investigativa la última señal que emitiera el celular que llevara la niña al momento de su desaparición, esto es en el territorio sospechosamente ignorado por aquellos que debieron haber realizado las mismas diligencias que hicieran en el último lugar donde la misma fuera vista. Debo resaltar que dentro del paraguas que cubre la órbita de la antena ‘La Finita’ se encuentran los domicilios de Héctor Horacio Moreyra y Leonardo Daniel Jara, entre otros”, expresó la jueza Raquel Lafourcade en uno de los fundamentos de la sentencia contra Bermúdez y Jara, dictada en septiembre de 2017.

A raíz de esas irregularidades se iniciaron 28 Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) en diversas fiscalías de Morón por falsos testimonios y por plantar pistas para desviar la pesquisa.

En los fundamentos de la sentencia contra Bermúdez y Jara, los jueces del Tribunal Oral N° 3 de Morón tuvieron en cuenta los resultados de los estudios de ADN realizados en un bowl con restos de comida y en un frasco de vidrio, denominados pruebas C 1 y G 4, respectivamente y que fueron hallados en la casa de Kiernan 992, de Hurlingham. Los análisis indicaron que ese perfil genético correspondía a Candela, lo que abonó la presunción que los secuestradores la tuvieron cautiva en esa vivienda.

Esta misma prueba fundó la acusación contra el carpintero Altamirano, quien era el cuidador de la casa pintada de rosa. Además, los vecinos que declararon en el sumario describieron los movimientos registrados entre el 22 y 29 de agosto en esa vivienda, durante los días que Candela estuvo desaparecida hasta que fue asesinada.

De los cuatro acusados que serán sometidos a juicio oral el año próximo, Mameluco Villalba es el único que está preso. Cumple una condena de 22 años de cárcel por narcotráfico y, además, fue procesado por la Justicia Federal de San Martín, acusado de liderar la banda que, en febrero de 2022, vendió cocaína envenenada que causó las muertes de 24 consumidores.

Mientras que los otros tres acusados por el homicidio de la niña de 11 años, Moreyra, Chazarreta y Altamirano llegarán al juicio, en libertad.