Allanaron la sede de Asuntos Internos de la policía bonaerense en La Plata

El procedimiento se origino en una denuncia de un excomisario exonerado
El procedimiento se origino en una denuncia de un excomisario exonerado Crédito: archivo
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22 de octubre de 2019  • 21:00

La sede de la Auditoría General de Asuntos Internos de la policía bonaerense, situada en la ciudad de La Plata, fue allanada a raíz de una investigación judicial por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Según fuentes oficiales, el allanamiento se realizó en el edificio situado en 51, entre 10 y 11, de la capital provincial, a partir de una investigación iniciada por la fiscal Cecilia Corfield titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 15 y por orden del juez de Garantías, Guillermo Atencio.

La denuncia que motivó el procedimiento fue radicada por Néstor Omar Martín, exjefe de la Superintendencia de Coordinación Operativa de la policía bonaerense. El exintegrante de la plana mayor de la fuerza de seguridad provincial fue imputado por la Justicia por "enriquecimiento ilícito, asociación ilícita y lavado de dinero" y había sido exonerado.

Durante el allanamiento, las autoridades judiciales secuestraron documentación relacionada a la causa del efectivo separado de la fuerza de seguridad.

Martín dejó su cargo en septiembre de 2016, luego de ser denunciado por la Auditoría de Asuntos Internos por supuestas irregularidades en su declaración jurada, en la que constaba que poseía siete propiedades, dos millones de pesos y un helicóptero experimental valuado en $ 400.000, bienes que no podría haber adquirido con su sueldo mensual de $ 48.000.

La dependencia que comandaba el excomisario general Martín tenía a su cargo el manejo de fondos destinados a los diversos operativos. Después del desplazamiento del jefe policial, el ministro Cristian Ritondo decidió que esos fondos sean controlados y distribuidos por civiles.

En su denuncia, Martín acusó a los responsables de Asuntos Internos de "poner en marcha un plan sistemático de persecución y hostigamiento respecto de diversos funcionarios policiales que ejercieron altos cargos durante la administración del gobierno anterior".

Según fuentes judiciales, el excomisario sostuvo también que "esas maniobras fueron acompañadas de la divulgación a través de medios de comunicación masiva de información falsa, en la que a partir de la investigación administrativa se lo sindicó" como el "comisario más rico de la Bonaerense".

Además consignó que la Auditoría de Asuntos Internos "continuó investigándolo pese a que no reviste calidad de funcionario policial a partir del 1° de noviembre de 2016 cuando se le aceptó la baja".

Fuentes oficiales indicaron que la Auditoría General de Asuntos Internos, "tiene la facultad de solicitar información a diferentes organismos públicos con el fin de obtener datos fidedignos y concretos vinculados a cualquier policía que sea denunciado y de esa manera chequear los cargos por los que fueron acusados".

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