Amenaza de bomba en un colegio: el adolescente que envió los mensajes intimidatorios “stalkeó” al fiscal que lo investigaba

Tras la extracción forense urgente de datos de todos los dispositivos electrónicos de la casa allanada, el equipo de “primeros respondedores en escena del crimen” digital” lograron determinar, de inmediato, que F, de 16 años, había sido el autor de las amenazas de bomba que recibieron las autoridades del prestigioso colegio Riverside, de Acassuso. El chico, alumno de la institución, había usado una plataforma de e-mails cifrados ubicada en Suiza llamada Protón mail para enviar los ocho correos electrónicos intimidatorios. Pero, además, una vez que el caso de las amenazas se hizo público a través de LA NACION, el adolescente se convirtió en un “observador fantasma”: la revisión de su notebook y de su celular reveló que el chico había “stalkeado” al fiscal Alejandro Musso y al secretario penal de la Fiscalía de Cibercrimen, sus perseguidores. Sabía quién lo estaba buscando y buscó datos sobre ellos en las redes sociales y en Internet varios días antes del operativo final.

El procedimiento, además, dejó otras singularidades. La primera, que de la revisión del contenido de los dispositivos de los miembros de la familia no surgen indicios de que alguien más que el menor de la casa haya participado de la maniobra criminal. Pero, además, en la vivienda situada a tres cuadras del Hipódromo de San Isidro encontraron un arsenal: “Había un revólver calibre 38, un Grant M1, rifle oficial del Ejército norteamericano en la Segunda Guerra Mundial, una carabina 22 y un fusil de tiro táctico calibre 22. Todas las armas estaban debidamente registradas a nombre del padre de familia”, explicaron a LA NACION fuentes de la investigación. Todo ese arsenal estaba al alcance de un adolescente que, durante varios días, sembró el pánico en su escuela al advertir, a través de mails supuestamente imposibles de rastrear, que iba a hacer volar por los aires el edificio del Riverside.

Según informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales, el allanamiento de la casa del sospechoso, en Martínez, requirió la participación de personal de la policía bonaerense especialista en explosivos y de uniformados de la Estación de Policía de Vicente López.

“Secuestramos dos computadoras; una de escritorio, una notebook (que era donde tenía lo más importante) una tablet y un celular del chico; también incautamos los dispositivos de toda la familia, para ver si alguien más estaba participando, pero eso dio resultado negativo”, explicó a este diario uno de los investigadores que participó del procedimiento.

Ese detective precisó que, dadas las características del hecho, en el allanamiento se montó un triage, que permite hacer un análisis en el lugar del hecho con la apertura de los dispositivos encontrados y una extracción forense de evidencia digital. “El equipo de primeros respondedores en escena del crimen digital, que son los que analizan las maquinas, realizan la extracción forense de urgencia de lo que es prueba relevante. Se trata de ‘prueba volátil’ porque si apagás la máquina puede desaparecer la información que se busca, sea porque está en la nube o porque está en la memoria RAM. Se obtuvo un montón de prueba contundente que determina que este chico era el autor. Incluso tenía hecho un análisis tipo ‘stalkeo’ de redes sociales del fiscal Musso y de uno de los secretarios. Sabía quién lo estaba buscando”, confió a LA NACION aquel investigador.

El caso

La investigación, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (Ufeic) de San Isidro, conducida por el fiscal Musso, había comenzado tras la primera amenaza de bomba que llegó por correo electrónico. En el texto se daba aviso que el establecimiento estaba “dinamitado” y se aconsejaba no comunicarse con autoridades municipales y provinciales porque, de caso contrario, se iba a proceder a detonar los explosivos.

En total hubo ocho mensajes intimidatorios, según pudo saber LA NACION de fuentes de la investigación. El domingo 8 de marzo llegó el primero de los correos en los que se advertía sobre la supuesta presencia de explosivos en el establecimiento educativo, que está situado en Eduardo Costa al 1100, en la localidad de Acassuso. Luego se repitieron las amenazas durante casi toda la semana, obligándose a la momentánea suspensión de clases y evacuación del edificio. En cada oportunidad, especialistas de la policía bonaerense rastrillaron la escuela sin que se encontrasen explosivos.

Tras la requisa del personal de la división antibombas de la policía bonaerense, especialistas forenses de la Ufeic se encargaron del secuestro del material digital y electrónico para buscar todo lo relacionado con los amenazantes correos electrónicos enviados a la dirección digital del colegio Riverside.

“Se convocó al personal especialista en explosivos porque se tomaron todos los recaudos y la investigación se tomó en serio hasta último momento”, dijo una fuente judicial.

El primer correo electrónico con el texto intimidatorio llegó al colegio el domingo 5 de este mes a las 8. “Desde ese momento se tomó en cuenta las amenazas como una realidad perfectamente posible que ponía en riesgo a la comunidad educativa. Ocho mails intimidatorios requirieron la aplicación estricta del protocolo de evacuación e inspección del colegio”, explicó un investigador.

En uno de los correos electrónicos, los autores de las amenazas exigían detener lo que denominaron “abusos de poder” y advirtieron que las líneas telefónicas del colegio y los teléfonos celulares de las autoridades habían sido intervenidos.

“Las consecuencias serán inmediatas”, se sostuvo en parte de la intimidante misiva al exigir el cumplimiento del pedido del “cese de los abusos de poder”.

En medio de la ola de amenazas que sufría ese establecimiento educativo, uno de los investigadores había adelantado que la investigación estaba encaminada y que se apuntaba a la presunta responsabilidad de uno de los estudiantes. “Se pudo determinar que se utilizó un mail cifrado y los correos electrónicos habrían sido enviados por integrantes de la comunidad estudiantil”, dijo entonces ese investigador.

Según las fuentes consultadas, la Ufeic dispuso una “batería de medidas de prueba para recopilar evidencia digital de servidores extranjeros”. A partir de esos datos se habría determinado el origen de los correos electrónicos con amenazas y, en consecuencia, se habilitó el allanamiento a la casa situada en Martínez.

“Se requirió ayuda de diferentes agencias y empresas a nivel nacional e internacional. El atacante empleó una plataforma de e-mails cifrados ubicada en Suiza llamada Protón mail. La Ufeic, con intervención de Interpol Argentina y su par Suiza, obtuvo información de dos de las cuentas utilizadas y logró identificar en la Argentina a su prestataria, la empresa Telecom, quien en forma inmediata aportó datos del usuario.

Se determinó, a partir del IP (el número que identifica en forma individual a cada conexión en Internet) , que los correos electrónicos habían sido enviados desde una casa de Martínez donde viven dos alumnos del colegio, uno de 17 años y su hermano de 16, quien sería el autor de las amenazas.

“Es destacar la responsable actitud asumida por las autoridades del colegio que resulta la víctima del hecho, ya que en todo momento priorizaron la seguridad de los alumnos y colaboraron estrechamente con la investigación”, aseguró uno de los investigadores que participaron en la pesquisa.

Las amenazas a establecimientos educativos se reiteran de tanto en tanto en colegios bonaerenses. En ese distrito se registró una masiva ola de intimidaciones con mensajes anónimos en 2017. El volumen de esas amenazas llamó la atención tanto de las autoridades como de la sociedad. Es que solo entre septiembre y octubre de ese año se notificaron 1991 intimidaciones en escuelas de Buenos Aires.

Decenas de alumnos fueron descubiertos entonces como responsables de esos mensajes y se abrieron expedientes judiciales por el delito de intimidación pública. En algunos casos fueron acusados los padres de esos estudiantes, ya que se habían usados teléfonos registrados a sus nombres.

En 2018, el fiscal de La Plata Juan Cruz Condomí Alcorta investigó una ola de amenazas en establecimientos educativos. Se hicieron más de diez allanamientos y se imputó a 100 sospechosos, todos estudiantes.