Analizan el registro de visitas del complejo de departamentos donde vivía la exnuera de Carlos Corach

Aunque la autopsia certificó que Anahí Olivia Sánchez Lázzaro, exnuera de Carlos Corach, exministro del Interior de Carlos Menem, murió de un “infarto agudo de miocardio”, antes de cerrar el expediente, la Justicia analiza todas las hipótesis e investiga el hecho como si fuese un homicidio. Para reconstruir las últimas horas de la abogada y periodista de 49 años, los fiscales a cargo del caso solicitaron el registro de entradas y salidas del complejo de departamentos de Nordelta donde vivía la mujer.

“El informe preliminar de la autopsia determinó que se trató de una muerte natural como consecuencia de un infarto agudo de miocardio. A la espera de los resultados complementarios de la necropsia, y para descartar cualquier otra hipótesis e ir hasta el fondo, el caso se investiga con el mismo protocolo de los expedientes iniciados por un homicidio”, explicaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales.

La muerte de Sánchez Lázzaro fue descubierta el viernes pasado a la tarde por la hija de la mujer, Sofía Corach, quien, preocupada porque su madre no le respondía las llamadas y los mensajes desde el día anterior, fue hasta el departamento 252 del quinto piso de la torre The Kiri, en el barrio Puerto Escondido, en el complejo urbanístico de Tigre.

La joven de 19 años, encontró la puerta de entrada cerrada con llave, y lo mismo le ocurrió con la del cuarto de su madre. Cuando consiguió franquearla, la encontró desvanecida y, de inmediato, se comunicó con el número de emergencias 911.

Al personal de la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Norte I de la policía bonaerense, Sofía Corach le dijo que desde el día anterior no podía comunicarse con ella. Pocos minutos después, un médico constató el fallecimiento de Sánchez Lázzaro.

En ese momento comenzó una investigación para determinar las causas de la muerte. La pesquisa quedó a cargo de los fiscales Virginia Toso y Sebastián Fitipaldi, equipo de trabajo conformado por el fiscal general de San Isidro, John Broyad.

Tras preservar la escena de la muerte, los representantes del Ministerio Público tomaron las primeras medidas de prueba, entre ellas, la orden de realización de la autopsia, el secuestro del teléfono celular de Sánchez Lázzaro y la reconstrucción de las últimas horas de la mujer.

Una circunstancia llamó la atención de los fiscales Toso y Fitipaldi a poco del hallazgo del cuerpo: que la puerta de la habitación de la abogada y periodista estuviera cerrada con llave desde adentro.

¿Por qué alguien se encerraría con llave en su habitación? Ese interrogante, creen los detectives judiciales, se resolvió a las pocas horas con la declaración de una testigo.

“Sánchez Lázzaro estaba en plena refacción de su departamento. Como el inmueble estaba en obra, varios trabajadores de distintos rubros de servicio tenían acceso a la puerta principal. Por ese motivo, según la testigo, la mujer decidía cerrar con llave la puerta de su habitación”, dijo a LA NACION una fuente del caso.

Ahora, para poder reconstruir las últimas horas de Sánchez Lázzaro, los fiscales esperan que las autoridades del complejo urbanístico les entreguen el listado de las visitas que concurrieron al barrio Puerto Escondido de Nordelta.

“También se analizará el iPhone de la mujer para conocer sus últimas llamadas y sus mensajes, para saber si hubo algo fuera de lo habitual”, afirmaron las fuentes consultadas.

La autopsia determinó que Sánchez Lázzaro tenía el ‘cuerpo limpio’, es decir, que no había ingerido ninguna sustancia o medicamento.

La data de muerte fue estimada en 36 horas con anterioridad al comienzo de la autopsia, lo que coincide con lo que declaró una vecina, quien sería la última persona que vio a Sánchez Lázzaro, que vivía desde hacía seis meses en el departamento 252 del quinto piso de la torre The Kiri.

La mujer estaba divorciada de Natalio Corach, hijo del exministro menemista. Tras su separación legal, había iniciado dos demandas contra su exmarido: una por aumento de la cuota alimentaria y otra por “simulación” en los bienes gananciales, en la que reclamaba un porcentaje de participación en dos empresas.

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