Ataques: en una ciudad rehén de la violencia, el péndulo oscila entre las extorsiones con disparos y los incendios con bombas molotov

ROSARIO.-De los ataques a balazos a las bombas molotov. Esa parece ser la tendencia de los ataques de los grupos criminales en Rosario, donde los atentados incendiarios buscan generar mayor impacto y daño, a un menor costo –como interpretan algunos investigadores-, debido a que las municiones que se utilizan en las llamadas balaceras, con gran cantidad disparos para generar terror, tienen un costo elevado en el mercado negro: una caja de 50 balas 9 mm tiene un precio superior a los $20.000, un 20 por ciento más del precio que en un negocio legal se pide, por ejemplo, por una marca económica de proyectiles de origen brasileño.

Esta nueva modalidad del alto impacto y de bajo costo se repitió en cuatro ataques contra dos sedes gremiales y una comisaría en las últimas dos semanas. En la madrugada del jueves pasado, la seccional Nº12, ubicada en el barrio de Ludueña, una de las zonas marcadas por una violencia intensa, fue blanco de un atentado con bombas incendiarias, que provocaron que cuatro automóviles, uno de ellos perteneciente a una agente que trabaja allí, quedaran totalmente destruidos por las llamas. Esa comisaría fue atacada a balazos en dos oportunidades, y desde hace tiempo se sospecha de la complicidad de agentes que trabajan en esa dependencia con los narcos que manejan búnkeres a solo unas cuadras.

Con el atentado a la comisaría 12 suman cuatro ataques con bombas incendiarias que se produjeron en enero. Los otros hechos se centraron en sedes gremiales, otra modalidad que parece naturalizada en Rosario pero que marca las relaciones espurias que muchas veces aparecen entre dirigentes sindicales y las bandas narco. En agosto de 2021 fue imputado el extitular del gremio de Peones de Taxis, Horacio Boix, por contratar a la banda de Los Monos para disparar y amenazar a dirigentes gremiales opositores.

La sombra de Los Monos apareció también en los ataques que sufrió desde que asumió Pablo Ghietti al frente del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) en febrero de 2018, después que ese sector de los trabajadores fuese conducido por el histórico Omar “Caballo” Suárez, expulsado del gremio en marzo de 2019. En diciembre de ese año una Ford Ranger del gremio quedó envuelta en llamas luego de que desde un automóvil arrojaran una bomba molotov.

Una semana después un grupo comando entró en la sede del gremio, en barrio Martín, en el centro de Rosario, y baleó a Mariano Ortiz, miembro de la comisión directiva de la entidad. “¿Vos sos Pablo?”, le gritaron varias veces a este hombre que estaba en una oficina cerca del mediodía. Como no respondió le dispararon un tiro en cada pierna y salieron del edificio sin robar un solo peso.

Dos ataques con bombas molotov se concretaron, en tanto, en la sede del gremio de Empleados de Comercio, en pleno centro de Rosario. Uno se produjo el 8 de enero pasado, que no fue denunciado por la entidad, y otro el lunes 16 de ese mes. Ese día los mismos atacantes también lanzaron una bomba incendiaria contra el edificio de la Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (Urgara).

Una sospecha sobre el ataque a la comisaría es que allí se encontraba secuestrado el auto, un Toyota Yaris, que se usó para los tres ataques anteriores a las dos sedes gremiales. Fuentes de la investigación señalaron que los peritajes en el vehículo ya se habían realizado por lo que si se buscó destruir evidencia los atacantes no tuvieron éxito, porque además el Toyota no sufrió daños.

Por esta seguidilla de atentados el fiscal de la Unidad de Criminalidad Organizada Luis Schiappa Pietra imputó a Ángel B., que está acusado de participar junto a otra personas en los ataques. Según la posición de la fiscalía, el ahora detenido llegó al lugar en un Toyota Yaris, que había sido robado el 4 de enero pasado en Dorrego al 3100, y de acuerdo a las cámaras que registraron el violento episodio arrojó un trapo encendido después de que su compañero vaciara una botella de dos litros de nafta en la sede de la obra social del gremio de Empleados de Comercio. La investigación apunta ahora a desentrañar si detrás de estos ataques terciaba algún tipo de extorsión previa contra los sindicatos.

Esta metodología de ataque con bombas incendiarias se repitió en la madrugada del jueves pasado en la comisaría 12, de barrio Ludueña, un lugar que en febrero de 2022 fue blanco de atentados a balazos. Se sospecha que varios integrantes de esa seccional daban protección a narcos de la zona oeste, y se llevaban parte de la recaudación de los búnkeres, según denunciaron los vecinos.

Tres jóvenes, entre ellos un menor de edad, fueron detenidos por el atentado con bombas molotov, que produjo conmoción en el barrio, luego de que cuatro automóviles quedaran totalmente destruidos por las llamas. Uno de los vehículos, un Gold Trend pertenecía a una policía que se desempeña en ese lugar. En el predio de la comisaría hay decenas de autos abandonados, que quedan allí después de que son secuestrados. El caso está siendo investigado por la División Judiciales de la Policía de Rosario.

La plata o las balas

En las últimas semanas se produjeron en Rosario una cantidad enorme de extorsiones contra comerciantes, cuyos organizadores están presos. La usina de esta fábrica de extorsiones estaba en las prisiones de Coronda y en la Unidad Nº6 de Rosario.

“Te paso un CBU (Clave Bancaria Uniforme) y haceme una transferencia”. La frase, que es usual hoy en día debido a una economía, remarcada por la inflación, que está floja de billetes, salió de la boca de un preso en Coronda. Tenía como destinatarios decenas de comerciantes que antes habían recibido por WhatsApp fuertes amenazas. Si no pagaban –las cifras oscilan entre $250.000 y $50.000 por semana- iban a ser baleados en nombre de “los Cantero” o “Los Monos”. El terror surtía efecto y varios depositaron en el CBU d e la cuenta bancaria que les enviaba el preso. “Ya están jugados en la cárcel y con el CBU acortan los tiempos y la logística que tienen que poner en marcha para buscar el dinero”, señaló un investigador a Aire de Santa Fe.

A la fiscalía especializada en Balaceras entraron decenas de denuncias desde la semana pasada, cuando comenzó a funcionar una especie de call center de extorsiones desde la cárcel de Coronda, con nexos con la Unidad Nº6 de Rosario. Los blancos elegidos por el grupo de presos que realizaba estas maniobras extorsivas eran comerciantes de todo tipo, desde ferreterías, supermercados, almacenes, entre otros, según apuntaron las fuentes judiciales.

La investigación que lleva adelante el fiscal Pablo Socca derivó en allanamientos en el penal de Coronda y en la Unidad Nº6 de Rosario, en busca de los extorsionadores, que realizó el martes la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

El objetivo era neutralizar lo que empezó a suceder desde el fin de semana, cuando las extorsiones en Rosario se multiplicaron de manera llamativa. Se produjeron más de 15 desde el domingo pasado. La policía sospecha que todas provienen del mismo lugar: la cárcel de Coronda, donde un preso, que estaría ligado a la banda narcocriminal Los Monos, o al menos dice estarlo, realizó entre el 22 y el 24 del actual las llamadas extorsivas. Una de ellas la recibieron los dueños del restaurante El Establo, que había sido baleado en 2021, y, además, negocios ubicados en distintas zonas de la ciudad. Se investiga si están relacionadas con el call center criminal que funciona en la Unidad Penal Nº1.