Buscan frenar el contrabando con un permiso a bagayeros

El Gobierno impedirá desde el 1º de abril el tránsito de bagayeros que mueven toneladas de mercadería de contrabando por pasos fronterizos no autorizados en el norte salteño. El primer bloqueo de esa actividad ilegal se dará en las cercanías de la fronteriza localidad de Aguas Blancas, donde un porcentaje importante de sus casi 2500 habitantes viven del negocio generado alrededor de la irregular circulación de bienes desde Bolivia. Las investigaciones oficiales determinaron que gran parte de ese tráfico abastece los puestos de venta en ferias como La Salada y similares. La decisión final se tomó esta semana en una reunión en el Ministerio de Seguridad de la Nación. La Gendarmería deberá orientar hacia el sector aduanero ese flujo incesante de personas que atraviesan el río Bermejo.

La compleja realidad social de ese lugar generó la tolerancia a un sistema anormal de circulación de materiales, con lanchas que tras un viaje de dos minutos desde la ciudad boliviana de Bermejo (35.000 habitantes) atraviesan el río homónimo y dejan la mercadería en manos de cientos de bagayeros, a solo 300 metros del puesto aduanero. La intención oficial es cambiar ahora esa situación. Se reforzará la presencia de gendarmes en ese lugar, pero también se respaldará un mecanismo para transformar a los bagayeros en microemprendedores. Esa gente que vive de transportar mercaderías sobre su cuerpo tendrá un cupo diario de US$500 para ingresar legalmente en nuestro país, con la posibilidad de realizar hasta 24 viajes cada mes.

Ese acuerdo se alcanzó en una reunión realizada el jueves pasado en el Ministerio de Seguridad de la Nación, donde Patricia Bullrich se reunió con el gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey . También participaron de ese encuentro el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica ; el titular de la AFIP, Leandro Cuccioli ; el secretario de Seguridad Interior, Eugenio Burzaco ; el jefe del gabinete del ministerio de Seguridad, Gerardo Millman; el director general de Aduanas, Diego Dávila, y el director nacional de Migraciones, Horacio García.

En el documento firmado en el despacho de Bullrich se decidió que los bagayeros que adopten el rol de microemprendedores podrán ingresar "textiles y calzados, nuevos, sin uso y sin reacondicionar, procedentes de país limítrofe y sin fraude marcario, conforme la nómina que establezcan las áreas competentes del Ministerio de Producción y Trabajo y de la Administración Federal de Ingresos Públicos". Se abonará derecho de importación.

También se estableció que "el Ministerio de Seguridad se compromete a direccionar el flujo migratorio y de mercaderías hacia el paso habilitado Puerto Chalanas e impedir el cruce por pasos no habilitados".

"Esta medida es un cambio de paradigma a la hora del trabajo y los controles sobre las mercaderías y el tránsito en la zona de frontera. Esto es fruto de una coordinación entre el Ministerio de Seguridad, el de Producción y Trabajo, AFIP, Aduana, Migraciones y el gobierno de Salta. Es el primer paso y con el nuevo régimen que propuso el gobierno nacional los bagayeros podrán pasar a ser microimportadores y trabajar de manera legal y segura", explicó la ministra Bullrich.

El volumen del contrabando de mercaderías que circula en esa zona del norte salteño puede dimensionarse con el hallazgo concretado la semana pasada por la Policía Federal, cuyos detectives allanaron un galpón en el departamento de Orán (zona incluida en el acuerdo), donde se almacenaban productos por valor superior a los $15.000.000.

La ministra Bullrich conoció directamente la problemática en Aguas Blancas cuando visitó ese cruce fronterizo en marzo de 2016. En ese momento, la funcionaria conversó con los bagayeros y se interiorizó sobre las particulares condiciones de vida en esa zona.

La alternativa elegida fue movimiento de paso a paso, con el fortalecimiento de la infraestructura de la zona de control aduanero en Puerto Chalanas antes de llevar adelante esta medida de alto impacto en Aguas Blancas.

Los permisos de traslado mediante cupos para los bagayeros tienen que ver con la necesidad de no cortar totalmente el circuito económico local.

La intención es ir contra las redes de contrabando que utilizan a los pobladores del área de frontera. Esa directiva de mayor vigilancia se replicará luego en otras zonas con fronteras permeables al tráfico de mercaderías.

El empadronamiento de los bagayeros para su transformación en microimportadores puede, de todas maneras, tener un nivel elevado de riesgo. Es que esas rutas son usadas también por los narcotraficantes y estos pueden incitar a reacciones contra la medida oficial en un intento de sostener una zona franca para sus propios movimientos.

Pocos años atrás, los contrabandistas y narcotraficantes habían diseñado allí una táctica de fuerza para evitar los chequeos de la Gendarmería: armaban caravanas de más de 30 vehículos -en los que circulaban familias con niños- y no se detenían en los controles. Los intentos de frenar a esos convoyes derivaron en incidentes.

Por lo pronto, la iniciativa del Gobierno apunta a ordenar una actividad comercial que coquetea hace muchos años con la ilegalidad.

Decomisaron mercadería de origen ilegal

La Policía Federal secuestró gran cantidad de mercadería de origen ilegal vinculada a la banda que explotaba a senegaleses y que fue desarticulada el 12 de febrero pasado, luego de una investigación supervisada por el Ministerio de Seguridad. "Reforzamos la investigación criminal y seguimos con el caso para detectar a todos los participantes de este delito. Estas mafias deben ser identificadas y estamos trabajando día a día para que los ciudadanos puedan sentirse más seguros", dijo ayer la ministra Patricia Bullrich, tras el seguimiento del caso realizado por la Secretaría de Seguridad, dirigida por Eugenio Burzaco.

La incautación se concretó en cinco allanamientos realizados en inmuebles y locales comerciales de la ciudad de Buenos Aires. Fueron decomisados más de 9 mil productos, entre anteojos de sol y de lectura, gorras, cinturones, relojes, carteras, bolsos, billeteras, medias, perfumes, remeras, tarjetas de memoria, pantalones, zapatillas, sombreros, accesorios para celulares y cosméticos.

El mes pasado, los agentes de la Policía Federal habían desbaratado una organización criminal que hacía ingresar ilegalmente al país a ciudadanos senegaleses mediante la falsificación de pasaportes.