Casación Penal pidió la aplicación de penas alternativas al encierro en prisión

El crecimiento sostenido de la población carcelaria, incluso en los calabozos de las comisarías, es hoy un importante problema en la provincia de Buenos Aires. El 20 por ciento de los detenidos en prisiones bonaerenses inició esta semana una masiva huelga de hambre para visibilizar sus reclamos ante el nuevo de gobierno provincial y exigir reformas para enfrentar la "crisis humanitaria" que crece en las cárceles, tal como definió la situación la Suprema Corte bonaerense en una acordada firmada anteayer.

El máximo tribunal instó a los jueces del distrito a hacer un "uso racional" de las prisiones preventivas, mientras que el ahora ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, aceptó la propuesta de la Suprema Corte y convocará en los próximos días a una "mesa de diálogo" con organismos estatales y organizaciones no gubernamentales.

Poco antes de esa resolución de los principales jueces bonaerenses, el Tribunal de Casación Penal había publicado un informe que sugiere posibles vías de solución para aliviar la crisis de prisiones y comisarías, e insta a jueces, fiscales y funcionarios públicos para que tomen medidas urgentes.

"Las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad en comisarías, alcaidías y unidades del Servicio Penitenciario (SPB) han evidenciado una grave crisis humanitaria que se encuentra en escalado aumento", se consignó en ese informe.

Los datos expuestos por el gobernador Axel Kicillof ante la asamblea legislativa bonaerense señalaron que 49.567 personas están detenidas en edificios dependientes de los ministerios de Justicia y de Seguridad; esta cifra representa, aproximadamente, la mitad de los detenidos en todo el país.

El informe del Tribunal de Casación Penal señaló claramente como motivos de la agudización de la actual crisis carcelaria "la sobredimensión de aprehensiones; la aplicación excesiva de la prisión preventiva; el alto rechazo de medidas alternativas y morigeradoras de las medidas de coerción; la inadecuada administración de dispositivos de monitoreo electrónico; el escaso uso de mecanismos alternativos para la solución del conflicto y la creciente tasa de rechazos a pedidos liberatorios en la etapa de ejecución", entre otros factores.

La capacidad de las 58 unidades carcelarias y alcaidías del SPB es de 29.856, controlados por 24.000 efectivos. Algo más de 3000 imputados están alojados en calabozos de comisarías, que tienen disponibles menos de la mitad de esas plazas requeridas para albergar a procesados por diferentes delitos.

Por este motivo, el Tribunal de Casación Penal bonaerense presentó una extensa serie de propuestas para aliviar la crisis estructural, entre las que se contemplan -por ejemplo- el traslado de presos a cárceles del interior del país, el fortalecimiento del Patronato de Liberados, la sanción de una ley de cupos en las prisiones, el desalojo inmediato de personas detenidas en calabozos clausurados de comisarías y la prohibición de rehabilitación de estas dependencias.

Con el objetivo de evitar el hacinamiento en las comisarías policiales, explicaron los jueces, será necesario crear un protocolo interministerial que señale detalladamente cuándo una persona deberá quedar detenida en comisarías "propiciándose de esa forma la eliminación de márgenes de discrecionalidad que impacten en los niveles que se verifican en la situación actual".

Por otro lado, se propuso la "externación seleccionada de presos" procesados que estén detenidos en unidades del SPB, lo cual aliviaría a su vez la sobrepoblación de las comisarías. Esta propuesta consiste en formar equipos con psicólogos, abogados y asistentes sociales -además de convenios entre distintos ministerios-para realizar un censo carcelario y audiencias con los detenidos. Y, luego, evaluar que detenidos están en condiciones de recibir morigeraciones o alternativas al encierro.

El Tribunal también sugirió "implementar procesos de conmutación de pena y alternativas a la pena del encierro" bajo las facultades del Poder Ejecutivo provincial. Al respecto, explicaron que se trataría de "una segmentación de personas privadas de libertad que pueden ingresar en un régimen de conmutación parcial de penas, o integrar un grupo de casos para ser revisado y evaluar la posibilidad de un egreso del sistema penitenciario de encierro".

La "conmutación de penas y las alternativas al encierro", alcanzarían a personas que recibieron condenas firmes no superiores a seis años y cuentan con el beneficio de las salidas transitorias; madres de niños menores de 5 años -y también presos que mayores de 60 años- que hayan cumplido la mitad de su condena y puedan acceder a la libertad condicional; por último, esta medida podría incluir a los detenidos que, con una sentencia que no exceda los tres años de prisión, hayan cumplido un tercio de su condena.

Un caso concreto

Durante el mes de octubre de este año, en el comienzo un debate por un homicidio culposo que había sido cometido en 2015 y ante la conmoción de todos los implicados, el juez Mario Juliano facilitó la realización de un encuentro entre el imputado, Gonzalo Márquez, y Sergio y Daniel Díaz, hijos de la mujer atropellada, Elvira Antonia Kruzich.

Pese a que los hermanos Díaz habían llegado enardecidos esa mañana, exigiendo una pena de cumplimiento efectivo, tras la audiencia terminaron llorando, abrazados con el motociclista que atropelló a su madre y aceptaron sus disculpas. El caso se cerró sin penas de prisión, con un juicio abreviado en el cual se impuso una condena de tres años de cumplimiento condicional e inhabilitación para conducir durante ese tiempo.

Al recordar esta reunión, el juez Juliano dijo a LA NACION: "Me conmovieron la capacidad del acusado para pedir perdón, y también el gesto de grandeza de la familia de la víctima, que lo perdonó. Cuando se generan espacios de diálogo, se genera el milagro de la comprensión. Mi experiencia es que -en la mayoría de los casos- las víctimas se contentan con soluciones que no son las más drásticas que podemos dar desde el Poder Judicial".

Y concluyó: "En la medida en que la persona acusada se hace cargo del daño que generó, se abren nuevas posibilidades. Hay víctimas para las cuales la única respuesta es la cárcel, pero también hay víctimas que esperan un sincero arrepentimiento, o esperan que el conflicto no se repita".

Más allá de los casos individuales, las máximas instancias judiciales en Buenos Aires buscan alternativas de cumplimientos de penas, ya que la superpoblación carcelaria se transformó en uno de los primeros desafíos para las nuevas autoridades provinciales.

Para Berni, se trata de "un problema grave"

El ministro de Justicia bonaerense, Sergio Berni, encabezó ayer el acto por el 139° aniversario de la Policía de Buenos Aires y se refirió a la situación carcelaria: "Está trabajando fuertemente en eso el ministro [Julio] Alak junto con el gobernador para resolver un problema que no es menor, es un problema muy grave. Y no es solamente un problema grave la superpoblación; el problema es que además hoy el Servicio Penitenciario no da las respuestas que debe dar, que es resocializar a todos aquellos que han caído en el delito".