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Cayó otra banda que conseguía planes sociales y se quedaba con la mitad del dinero de los beneficiarios
Se sospecha que los integrantes de la asociación ilícita habrían obtenido 3.000.000 de pesos; los sospechosos serían punteros políticos del conurbano
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LA NACIONGabriel Di Nicola
Todo comenzó de una situación similar al inicio del expediente que descubrió una millonaria defraudación en la Legislatura bonaerense, donde una organización delictiva cobraba el sueldo de supuestos “ñoquis”: dos personas que extraían dinero de cajeros automáticos con varias tarjetas de débito. El horario de las extracciones y la cantidad de operaciones llamó la atención de un policía que recorría la zona para prevenir delitos y derivó en una pesquisa que puso al descubierto una asociación ilícita que conseguía planes sociales y se quedaba con la mitad del dinero que recibían los beneficiarios.
Así surge de un expediente judicial donde en las últimas horas la jueza en lo criminal y correccional porteña Alejandra Provítola procesó a tres sospechosos de integrar la organización ilícita que con la operatoria se habría beneficiado con 3.000.000 de pesos.
“Los sospechosos realizaban las acciones necesarias para captar a los posibles beneficiarios del programa bajo las condiciones exigidas por la organización, gestionar su ingreso y luego, obtenido el ingreso, ir con cada uno de ellos a retirar la tarjeta de débito y los tickets de la primera extracción, a fin de poder rendir cuentas a los organizadores y/o jefes que les daban las indicaciones, para luego, continuar percibiendo de forma mensual e ilegítima, la mitad de cada uno de esos haberes, y lograr que la cantidad de víctimas y de asistentes a las manifestaciones sociales creciera”, sostuvo la jueza Provítola en su reciente resolución, a la que tuvo acceso LA NACION.
La investigación, en la que intervino la fiscal Marcela Sánchez, se inició los primeros días de diciembre de 2019, pocas horas después de la situación advertida por el policía Diego Barone en el sector de cajeros automáticos de la sucursal del Banco Nación situada en Callao al 100, en el barrio porteño de San Nicolás.
“Barone, quien se encontraba cumpliendo tareas de prevención de ilícitos en esa zona, observó que dos hombres habían ingresado a dicha entidad bancaria y habían comenzado a operar en los cajeros automáticos que allí se encontraban emplazados con diferentes tarjetas de forma consecutiva, retirando dinero. Barone, al declarar como testigo, dijo que luego de ello, los imputados se habían retirado del lugar y, tras dos o tres minutos, habían ingresado nuevamente y se dirigieron a los cajeros automáticos y habían continuado operando con diferentes tarjetas, extrayendo dinero de cada una de las operaciones. Que frente a ello, en el entendimiento de que las operaciones realizadas podían encontrarse relacionadas con tarjetas robadas, hurtadas y/o clonadas, había procedido a la identificación de los imputados, a fin de constatar su identidad y determinar si las tarjetas que se encontraban operando eran de su propiedad”, según el expediente judicial.
Al acercarse a los sospechosos, el uniformado advirtió que en el cajero automático se podía leer: “bienvenida Alejandra Claudia A.” y en poder de uno de los hombres secuestró seis tarjetas “las cuales poseían inscripto con marcador indeleble un número de cuatro cifras”.
Pocas horas después, la jueza Provítola ordenó allanar los domicilios de los sospechosos donde se secuestraron elementos de importancia para la causa, como “una nota manuscrita que decía ‘MAXI TOTAL 156.000′, una tarjeta no identificada del Banco Nación y documentación”. Una de las anotaciones estaba encabezada con la leyenda “para compartir” y tenía varios nombres de supuestos beneficiarios de planes sociales.
Fuentes judiciales informaron a LA NACION que los tres sospechosos procesados serían “punteros políticos” o “referentes sociales” en barrios del conurbano.
Según informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar, la jueza Provítola procesó a dos de los imputados como coautores del delito de “defraudación mediante la utilización de tarjeta de débito obtenida del legítimo emisor mediante ardid o engaño reiterado en seis oportunidades”.
“Con el fin de profundizar la pesquisa ante la eventual comisión de otros delitos, la fiscalía logró determinar que las y los titulares de las tarjetas de débito incautadas pertenecían a personas que integraban una misma cooperativa. Por ello, la representante del Ministerio Público Fiscal requirió una serie de medidas que evidenciaron que los dos hombres procesados junto a un tercero integraban -en calidad de miembros- una asociación ilícita que habría operado entre octubre de 2017 y el 5 de diciembre de 2019, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las localidades bonaerenses de Berazategui, Florencio Varela y Quilmes”, según la citada publicación.
Y se agregó: “Los tres imputados habrían defraudado y/o extorsionado a unas 25 personas, que percibían planes sociales de los programas Argentina Trabaja, después llamado Potenciar Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Para ello, se habrían aprovechado de la situación de vulnerabilidad de las víctimas y habrían obtenido unos 3.000.000 pesos”.
En la reciente resolución, la jueza Provítola dictó los procesamientos con prisión preventiva de tres sospechosos como coautores del delito de asociación ilícita, en calidad de miembros; y coautores de los delitos de “defraudación mediante el uso de tarjeta de débito obtenida mediante ardid o engaño -reiterado respecto de al menos 20 víctimas-, defraudación mediante el uso de tarjeta de débito obtenida mediante ardid o engaño reiterado en grado de tentativa -respecto de al menos 2 víctimas-, estafa reiterada -en tres oportunidades- y extorsión”.
Además, determinó la privación de la libertad de los tres procesados bajo la modalidad de arresto domiciliario y que fueran incorporados al régimen del Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica.
La magistrada también trabó un embargo sobre los tres hombres procesados hasta cubrir la suma de $1.613.265 cada uno y mantuvo las prohibiciones de salida del país y acercamiento y contacto con las víctimas de los hechos investigados.
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