Confirmaron la prisión preventiva para al exjefe de la bonaerense en Mar del Plata acusado de liderar una asociación ilícita

MAR DEL PLATA.- EL ex titular de la Jefatura Departamental Mar de Plata de Policía de la Provincia de Buenos Aires, comisario mayor José Segovia, continuará detenido según lo resuelto por la justicia de Garantías que hizo lugar al dictado de prisión preventiva que pidió la fiscalía. El representante del Ministerio Público Fiscal bonaerense lo acusa de comandar una asociación ilícita desde la que habría incurrido en acciones ilegales, abuso de autoridad y encubrimiento, entre otros delitos.

Otros cuatro de los seis cómplices que también estaban involucrados en esta causa, como parte de esta organización delictiva, tuvieron similar destino. En tanto, se dictó falta de mérito y excarcelación para un exagente de Policía Federal y un abogado.

La resolución lleva la firma del juez Daniel De Marco y atiende en gran medida el requerimiento que había hecho el fiscal adjunto del Departamento Judicial Mar del Plata, Marcos Pagella, que en esta investigación aportó pruebas y testimonios para corroborar al menos siete hechos ilícitos que — con distintos roles de participación- se atribuyen a Segovia y demás imputados.

“Del análisis preliminar efectuado surgen claros e importantes indicios de que el nombrado tenía acceso a importantes sumas de dinero en efectivo de las que no pudo justificar su origen, y a un ejercicio de la economía cotidiana informal, no bancarizada”, fundamenta el magistrado al referirse a la particular situación patrimonial de Segovia, al que se le atribuyen recaudaciones a través de terceros a partir de falsas acusaciones, desvío de investigaciones y protección a compra y venta ilegal de divisas y juego clandestino.

El juez ordenó mantener detenidos a Javier Martín González, Christian Adalberto Holtkamp, Gastón Daniel Moraña y Jorge Javier Toletti. Y entendió que la investigación, bajo los cargos planteados por el fiscal, no tiene elementos probatorios suficientes como para sostener encausados al abogado Lautaro Hernán Resúa y el expolicía federal Nicolás Rivademar.

Segovia lleva más de un mes detenido. Estuvo en principio alojado en la sede marplatense de Prefectura Naval Argentina y luego fue trasladado a una comisaría de la vecina localidad de Balcarce. Allí incumplió restricciones de incomunicación, según denunció Pagella y el juez dio por probado. Tomó esa irregularidad entre los posibles entorpecimientos a la causa que podría representar en caso de continuar en libertad. Le acotó el vaciamiento del contenido de teléfono celulares — todos lo hicieron salvo González, aclaró De Marco- y la extracción mediante terceros de dinero que el ahora ex jefe policial tenía en una caja de seguridad que contrató en un servicio privado.

“El Ministerio Público Fiscal ha podido sustentar sus hipótesis debidamente”, reconoce el juez al considerar suficientes los elementos de prueba aportados por la acusación y sobre los cuales se fundamenta esta decisión de hacer lugar a la prisión preventiva requerida para Segovia y sus cómplices.

En el hecho principal reconoce al entonces jefe Departamental al frente de una asociación ilícita en la que el juez ve participantes a González, Holtkamp y Moraña, el único de los policías en actividad. Todos supieron estar en servicio bajo órdenes de Segovia. Al primero, aún exonerado, se lo veía desempeñarse “informalmente” y “a exclusiva disposición” del superior. Y cita que los otros dos “entraban como pancho por su casa”, al despacho de jefatura. También involucra en esa organización a Collova, aunque le reconoce mejor participación.

Los peritos que trabajaron sobre los teléfonos celulares advierten que los acusados manipularon y eliminaron contenidos en coincidencia con filtración de datos del avance de esta investigación. Cita el caso de Segovia, que no tenía mensajes desde el 13 de abril. Y el de Moraña, con igual comportamiento dos días después. El de González es el único que estaba con toda la información es y parte de la prueba fuerte que considera la fiscalía para demostrar la existencia y dinámica de esta organización criminal. Incluso el juez considera que existió un “pacto de silencio” entre los involucrados, en vísperas de las imputaciones.

A Segovia se le acusa de exigir parte del botín a un delincuente que robó a una pareja en el edificio Cabo Corrientes. A cambio, orientaba la investigación, con pruebas falsas, hacia otro sospechoso, lo que llevó a tomar rumbo equivocado al fiscal del caso y el juez interviniente. También de delitos que afectaron a subordinados que podían exponer irregularidades y, con mayor magnitud, una organización que se movía entre la compra y venta de dólares y el juego clandestino en la céntrica zona de Avenida Luro e Independencia, a tres cuadras de la sede de gobierno municipal.

El juez consideró al definir las prisiones preventivas que existe real peligro de fuga de los cinco procesados, dado que cuentan todos con recursos económicos como para el intento. Citan el caso de Holtkamp, al que en su teléfono celular y al momento de ser detenido le encontraron distintos contenidos de búsqueda sobre alternativas para salir del país.

Resúa, en prisión, y Rivademar, con monitoreo de pulsera electrónica, lograron la excarcelación, ya que mantienen acusaciones por delitos menores. Las defensas de los otros cinco acusados anticiparon que apelarán lo resuelto por el juez o, en su defecto, apuntarían a alguna morigeración del sistema o modelo de detención. El fiscal evalúa y debe resolver en un plazo de 48 horas si recurre a tribunal de alzada para insistir con que los dos primeros sigan el proceso privados de libertad.

Por Darío Palavecino

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