El doble rostro del “policía ejemplar” que expuso el fiscal al consolidar la acusación contra un poderoso comisario

MAR DEL PLATA.– Sobre el filo del plazo establecido, se presentó ayer el pedido de prisión preventiva para el extitular de la Jefatura Departamental de Mar del Plata de la policía bonaerense, comisario mayor José Segovia, y otros seis acusados de integrar una asociación ilícita cuyo liderazgo se atribuye al mencionado jefe policial y cuyas actividades ilícitas abarcarían desde extorsiones y desvío de investigaciones hasta hechos vinculados al mercado ilegal de cambio de moneda y juego clandestino.

La presentación que hizo el fiscal general adjunto del Departamento Judicial Mar del Plata, Marcos Pagella, a cargo de esta investigación, destaca el rol de liderazgo de Segovia en esta organización y un perfil con doble rostro como autoridad policial: “Se mostraba como un policía ejemplar”, describe por un lado y, en las 223 carillas en las que resume y fundamenta la participación de Segovia en los hechos que se le imputan, detalla un estilo de conducción de la fuerza a su cargo “impregnada de manejos autoritarios, con un férreo sesgo piramidal” e involucrado siempre en investigaciones “que pudieran perseguir un rédito económico”.

“Con miras a una apariencia de eficiente jefe policial, por un lado, y un manejo ilegal de los procedimientos policíacos, fue que diagramó, armó y ejecutó como jefe una acción policial dual”, afirma el fiscal sobre el desempeño de quien fue jefe departamental marplatense desde el 2 de marzo de 2021. Y puntualiza: “Con funcionarios policiales honestos y eficientes, por un lado, y con otros que cumplieran sus órdenes y formaran parte de los eslabones ilícitos, por el otro”.

La documentación incorporada a la carga probatoria que tiene la causa destaca movimientos económicos del jefe policial, condiciones de vida que estarían por encima de su límite de ingresos y patrimonio de más de$11.000.000, además de consignarse los US$7700 que fueron secuestrados en su domicilio.

Segovia lleva un mes detenido. Estuvo en principio en la sede de la Prefectura Naval, fuerza a la que se le encomendó la detención ordenada por el juez de garantías Daniel De Marco, el mismo que ahora debe evaluar y resolver este pedido de prisión preventiva. Luego se lo trasladó a una unidad policial provincial de Balcarce, donde el fiscal Pagella advirtió beneficios para con el encausado, con violación de la incomunicación que por entonces había sido dispuesta.

El fiscal pidió que las detenciones también continúen para el policía bonaerense Gastón Moraña; el exoficial de esa fuerza Javier González; el miembro de la Policía Federal Argentina Nicolás Rivademar; el oficial de policía provincial retirado Adalberto Olltkamp, y el abogado Lautaro Resúa.

Martín Bernat, abogado de Segovia, presentó la semana pasada un pedido de recusación del fiscal Pagella a partir de su desempeño durante las indagatorias. Las defensas de los otros acusados han solicitado excarcelaciones, prisiones domiciliarias o excarcelaciones, según el caso. Se estima que este planteo y los pedidos de preventiva tendrán resolución conjunta durante la semana próxima, en el plazo de cinco días hábiles que tiene el juez de garantías para expedirse.

La acusación apunta a que los policías tenían confirmada la inminente ejecución de un robo y que, lejos de evitarlo, luego presionaron al autor para exigirle parte del botín. También que desviaban investigaciones para favorecer a delincuentes a cambio de pagos, que se instalaron pruebas falsas, se mencionaron presiones a personal policial subalterno y se señaló la participación de los acusados en la compraventa ilegal de moneda extranjera y juego clandestino.

Segovia aceptó declarar al día siguiente de ser detenido, sin haber accedido todavía al expediente judicial y las pruebas que lo involucraban en la causa. Expuso durante más de cuatro horas y su defensa, encabezada por el abogado Bernat, aseguró que “respondió todo” lo que le preguntaron.

“Estamos en presencia de un caso de corrupción que engloba funcionarios públicos-policías en este caso- en actividad, otros exonerados y condenados también pertenecientes a esa fuerza de seguridad, civiles y abogados”.

Pagella marca en particular algunos olvidos o negaciones que Segovia exhibió en su indagatoria, donde negó recordar hechos e incluso autores que son muy conocidos en el ambiente delictivo y que aparecen en distintos roles dentro de los hechos que se le imputan.

Le apuntan en particular la creación del denominado Grupo de Respuesta Inmediata (GRI), que, según el fiscal, “le era funcional para tener el control de lo que sucedía en las comisarías bajo la pantalla de colaborar con causas graves que estuvieran en las distintas comisarías, y a requerimiento de los fiscales”.

“Tan paralela era esa policía de Segovia que el grupo fue ‘armado’ por fuera de los nomencladores policiales y/o de cualquier estructura funcional en el ámbito del Ministerio de Seguridad, tal como lo ha hecho saber mediante oficio el superintendente (Miguel) Ojeda, actual jefe policial que ha quedado a cargo de la Jefatura Departamental”.

Ojeda es el jefe regional en esta zona de la provincia de Buenos Aires y es quien, por el momento, se mantiene al frente de la estructura que hasta hace poco más de un mes estuvo al comando de Segovia. A pesar del plazo transcurrido, llamativamente, no se ha nombrado reemplazante en ese cargo.

Trabajo en células

Los pedidos de prisión preventiva intentan desentrañar y exponer hechos delictivos en los que el exjefe departamental tuvo participación directa o indirecta. Describe Pagella un “amañado entramado delictivo” de esta organización con una actuación que puntualiza como “modalidad de células”, lo que significa que no necesariamente todos tuvieran relación o conocimiento entre sí”.

Si bien se ha advertido desde los peritajes tecnológicos que en los teléfonos de los acusados había información eliminada, también fueron rescatadas otras comunicaciones entre los ahora detenidos. En particular desde el celular de González, que guardaba -según los investigadores- un largo registro de conversaciones y archivos de interés para esta causa.

El escrito hace además una particular referencia al allanamiento realizado en el domicilio de Segovia, donde se encontró dinero en efectivo. El jefe policial reconoció ingresos de $1.900.000 por su función y otros $1.600.000 de su esposa, también empleada de la fuerza policial. Y alquileres de tres propiedades, dos herencia de su esposa.

Los US$7700 que le incautaron en la casa que habitaba fueron encontrados en un segundo allanamiento. “Se condice con el previo vaciamiento de la caja de seguridad”, cita Pagella sobre la requisa que se hizo en una empresa de seguridad que funciona en subsuelo de un shopping. Al respecto reconoce que esa caja de seguridad se abrió en febrero de 2023. “Concurrían -él, su esposa o su hijo mayor- con gran asiduidad”, dice, y lanza hipótesis: “Demostrativo de las importantes sumas de dinero ilegítimas de las que Segovia se hacía”.

Cita además otros indicios de solvencia económica del jefe policial. Por ejemplo, ayudas a colegas “caídos en desgracia” a los que les dio dinero. Y un dato de color que hace a su estándar de vida: en una de las habitaciones de la casa donde fue detenido tenía un sillón masajeador valuado en US$6000.

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