Construirán una cárcel con máximo nivel de aislamiento de presos para contener la violencia narco

El gobierno de Santa Fe anunció una importante inversión de 107 millones de dólares para la construcción de un complejo penitenciario en el que se alojaría a los presos denominados de “alto perfil”, mención con la que se agrupa a importantes eslabones de las bandas narco que mantienen tras las rejas sus capacidades de ser parte de la violencia que golpea a Rosario. Al igual que el proyecto de edificación de cárceles que lleva adelante la ministra Patricia Bullrich a nivel nacional, el gobernador Maximiliano Pullaro impulsa la ampliación provincial de las plazas de alojamiento de presos como forma de cortar la operatividad de los grupos criminales.

Ahora se mira más la lucha contra las maras que lleva adelante el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, uno de cuyos ejes es su política carcelaria, pero durante muchos años la construcción de cárceles fue un tema tabú para la política argentina. Esa mirada derivó en la sobrepoblación penitenciaria y el uso de comisarías como alojamiento semipermanente de detenidos, incluso de presos con condenas. Fugas y policías aferrados en seccionales para la custodia de calabozos colapsados es una imagen que se repite en varios distritos.

En Santa Fe hay unas 1700 personas privadas de la libertad que se mantienen en comisarías ante la ausencia de plazas penitenciarias. Las autoridades provinciales estiman que esa situación podría revertirse en dos años, plazo en el que está prevista la entrada en servicio de ese nuevo complejo penitenciario, que se edificará en Piñero, en forma lindera con la actual Unidad Penal N° 11.

Esa construcción permitirá, según el proyecto del gobierno santafesino, el alojamiento de 1152 reclusos en celdas individuales. El concepto será tomar esa cárcel como cuatro minipenales, que tendrán sus propios módulos y centro de comando y control. El doble muro exterior que contendrá todo el complejo será vigilado desde 24 torres. El refuerzo de la seguridad perimetral no es menor, ya que es cercano el antecedente de la fuga ocurrida en la actual cárcel de Piñero en 2021. Hace pocos días se definieron las condenas de hasta nueve años para los evadidos y el grupo de apoyo externo.

“Va a ser uno de los establecimientos penitenciarios de mayor seguridad en América Latina”, aseguró el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, al presentar el plan del Centro de Reclusión para Internos de Alto Perfil.

Ese funcionario participó el pasado lunes en Mendoza, junto a sus pares de todas las provincias, de la reunión del Consejo de Seguridad Interior, donde el Gobierno estuvo representado por la ministra Bullrich, y los ministro de Defensa, Luis Petri, y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. En ese encuentro, la funcionaria nacional planteó que el Servicio Penitenciario Federal está a disposición de las provincias que necesiten derivar presos especialmente conflictivos, cuya salida del distrito donde están sus bandas podrían colaborar en la reducción de niveles de violencia.

“Cualquier provincia que tenga ese tipo de detenidos que generan un problema de dominio en la cárcel provincial, el Servicio Penitenciario Federal y nuestra Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios –a cargo de Julián Curi– están dispuestos a llevarse a esos presos a los sistemas de alto riesgo para sacarles el poder, no permitirles el uso del dinero, ni que sigan utilizando teléfonos y las familias o a los amigos que los van a visitar. Aislarlos significa realmente avanzar en el delito que queremos combatir”, dijo Bullrich a los ministros provinciales de Seguridad.

Más allá de ese ofrecimiento de asistencia federal, el caso de Santa Fe es particularmente complejo, especialmente en Rosario. La secretaria de Asuntos Penales de Santa Fe, Lucía Masneri, precisó que en esa provincia “hay casi 600 internos de alto perfil, pero el número viene creciendo de manera exponencial”.

Si bien los principales jefes de las organizaciones criminales, como Ariel “Guille” Cantero y su archienemigo Esteban Alvarado, están bajo el sistema de aislamiento en las cárceles federales de Marcos Paz y Ezeiza, la mayoría de la segunda línea de esos clanes, quienes manejan efectivamente territorios de venta de drogas, se encuentra en penales provinciales porque fueron condenados –o se encuentran procesados– en causas de homicidios, balaceras, lesiones o extorsiones en las que interviene la Justicia santafesina. La magnitud del problema rosarino llevó a Pullaro a optar por la construcción de cárceles.

En ese nuevo centro de reclusión ingresarán “aquellos reclusos que forman parte, principalmente, de organizaciones narcocriminales o quienes generan extorsiones, que tengan que ver con bandas que se encuentran activas y aún dan órdenes hacia afuera, y que tienen recursos económicos y humanos para continuar su gesta delictiva”, explicó la subsecretaria Masneri.

El gobierno provincial, por lo pronto, intensificó este año el control interno del actual penal de Piñero. En esa cárcel preparada para alojar a 1452 internos hay una sobrepoblación de alrededor del 40 por ciento, situación que transformó en una medida estratégica la construcción de un nuevo complejo penitenciario.

A esa medida de presión con requisas más intensivas en los pabellones se sumó la presencia de fuerzas federales en operativos de vigilancia focalizados en los barrios con mayores índices de violencia. Esa presión conjunta parece haber dado buenos resultados iniciales, con disminución en esos sectores de 68 por ciento de los homicidios en relación con el año pasado y una caída de 57 por ciento del total de asesinatos en la ciudad, según las cifras oficiales.

El proyecto federal

La sobrepoblación carcelaria es un grave problema en Santa Fe, al igual que en los penales federales, un problema representado no solo por las condiciones de alojamiento de las personas privadas de la libertad, sino, fundamentalmente, por su implicancia en el delito cotidiano: a menos plazas en las unidades penitenciarias, más excarcelaciones para mantener compensado el sistema. Se abre así la llamada “puerta giratoria” y llegan sus efectos a las calles por la reiterancia de hechos cometidos por aquellos que, pese a estar imputados en varios expedientes, seguían en libertad.

Para empezar a dar respuesta frente a la “emergencia penitenciaria”, el Ministerio de Seguridad tomó la decisión de construir dos grandes cárceles de gestión privada. El sector privado se hará cargo de la construcción de las instalaciones, la reparación que estas demanden durante la vigencia del contrato, el alojamiento de reclusos, los servicios de atención médica, alimentación, higiene y limpieza, además del tratamiento de residuos y la administración de esas cárceles. La vigilancia del perímetro y de los presos seguirá en manos del Estado.

Está proyectado que un penal contará con 1800 plazas y será edificado en terrenos federales en el interior del país, mientras que el otro estará ubicado en el predio penitenciario de Ezeiza y sus proyectadas 3200 camas lo convertirán en la cárcel más grande la Argentina.ß

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