Drogas y corrupción policial, el escándalo que sacude a Santa Fe

ROSARIO.– Extraña situación la que se vive en Santa Fe. El altísimo nivel de corrupción policial, asociado al narcotráfico, es para el común de la gente una verdad comprobada, pero para la policía sólo es una sospecha sin pruebas y para la Justicia, denuncias que recién van camino a ser investigadas.

Lo único cierto, hasta el momento, es que el escándalo desatado tras la detención del ex jefe de la policía Hugo Tognoli dejó a toda la fuerza de seguridad provincial bajo sospecha y la sensación generalizada de que el narcotráfico sentó aquí sus reales, su dominio, su dinero y también la muerte, en connivencia con quienes tendrían que combatirlos.

En Santa Fe, repiten todos, la policía cobra cifras millonarias provenientes del narcotráfico y amenaza a jueces, fiscales y testigos que los denuncian.

En el bajo mundo rosarino afirman que las cinco bandas importantes que controlan la comercialización de drogas en la ciudad les pagan un millón de pesos mensuales a jefes policiales para tener una cobertura integral. Y sostienen que si detienen a un dealer, él sabe a quién llamar inmediatamente para resolver su situación.

Pero el escándalo que hoy sacude a la provincia no es nuevo. Comenzó cuando policías cansados de tanta corrupción hicieron llegar anónimos a la Justicia. Anónimos que nadie investigó. Hasta ahora.

La versión de cinco millones de pesos en concepto de protección, que, según una fuente, le pagan a la policía las cinco bandas más importantes de Rosario, coincide con los informes que tienen los funcionarios de la justicia federal y provincial y también los políticos, pero que por falta de pruebas nunca llegaron a convertirse en investigaciones penales.

Tan grande parece ser el poder de la estructura ilegal de la policía que en agosto pasado el fiscal de Venado Tuerto, Eduardo Lago, que tiene jurisdicción entre otras ciudades en Villa Cañás, denunció amenazas y vinculó esas intimidaciones con la investigación que realizaba por la supuesta connivencia de policías de la brigada de Drogas Peligrosas con un narcotraficante de la zona.

Mientras siguen las repercusiones por la detención del ex comisario general Hugo Tognoli, la fiscal federal Liliana Bettiolo se dedicó a buscar más pruebas contra el ex jefe de la policía santafecina. En ese contexto, ayer se conocieron nuevas denuncias contra el ex comisario general.

"El 2 de enero de este año, el comisario general Hugo Damián Tognoli firmó un acuerdo con un importante narcotraficante de la zona sur de Santa Fe en su despacho de la jefatura de policía por 150.000 dólares mensuales", dice uno de los dos anónimos que llegó a los tribunales de Rosario a principios de este año.

Según fuentes judiciales, a partir de esa misiva, se abrieron tres causas: una, en los tribunales de Santa Fe, por el supuesto pago de la coima al jefe de policía en su despacho; otra, en Rosario, por la mención de la supuesta complicidad de los policías con los dueños de los desarmaderos que funcionan en el sur de la ciudad y por la protección que le habrían brindado los uniformados a la barra brava de Newell’s. El tercer expediente se inició en un juzgado federal de esta ciudad por la presunta connivencia de oficiales con vendedores de droga.

A pesar de la existencia de varias causas penales contra Tognoli, que se sumaron a la que investiga la fiscal Bettiolo, hasta el momento, los investigadores no encontraron ninguna prueba contundente. Por tal motivo, en el ámbito judicial y político, se espera la resolución que el juez federal Carlos Vera Barros tomará el 5 de noviembre próximo, cuando resuelva la situación procesal del detenido ex comisario general.

Algunos funcionarios judiciales consultados por LA NACION coincidieron también en la existencia de una recaudación "anárquica" dentro de la policía. "Algunos no se conformaban con lo que les llegaba y comenzaron a cobrar por su cuenta. Así fue que cada quiosco de droga instalado en los barrios La Tablada, Villa Moreno o Las Flores, por ejemplo, tuvo que aportarle $ 30.000 mensuales a la policía", dijo un informante.

Otra de las sospechas es que la policía también tiene tarifado el valor de las fugas de las comisarías. El 22 de abril pasado un preso identificado como Juan Carlos Domínguez le habría pagado $ 50.000 a un comisario y a un subcomisario para evadirse de la seccional 3a. Hace dos semanas un juez de Instrucción local indagó al jefe y al subjefe de esa dependencia porque los consideró sospechosos de haber facilitado la fuga.

"En las 362 localidades de Santa Fe existen cajas negras", expresó Héctor Franza, un vecino de la ciudad de Funes que impulsó la creación de los "Buzones de la vida" para que la gente denuncie en forma anónima los puestos de venta de droga.

Franza se quejó porque, en el espíritu de la creación del sistema de recolección de denuncias, quienes debían recibir los datos que aportaban los vecinos eran los fiscales federales, pero, desde principios de este año, esos informes fueron derivados a la Dirección de Asuntos Internos de la policía.

"Al que vendía droga, los policías en lugar de detenerlo lo ponían a trabajar para ellos. Eché a un comisario de Chabás por ese motivo, pero en lugar de separarlo de la fuerza, desde el gobierno lo cambiaron de destino y siguió trabajando. Por eso la denuncia contra el ex jefe de la policía de Santa Fe no puede sorprender a nadie. Resultaba evidente que la policía estaba manejada por el narcotráfico", cuenta, finalmente, Osvaldo Salomón, ex intendente de la ciudad de Chabás, ex candidato a vicegobernador en las últimas elecciones y dirigente del peronismo Federal.