Corrupción: jueces y fiscales quedaron bajo sospecha por vínculos con narcos

Fallos judiciales favorables a narcotraficantes y contrabandistas a cambio de dinero. La operatoria que le adjudican al magistrado federal de Mendoza con competencia electoral, Walter Bento, no es una excepción en los tribunales de la Argentina: otros magistrados y representantes del Ministerio Público Fiscal fueron condenados o están bajo investigación por actos de corrupción o por ser supuestos jefes de asociaciones ilícitas vinculadas con el negocio de los estupefacientes. En los próximos días, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado deberá definir la situación procesal del fiscal Claudio Scapolan. El suspendido funcionario judicial fue indagado en marzo pasado como acusado de ser el jefe de una asociación ilícita dedicada a robar cargamentos de estupefacientes y de extorsionar a familiares de narcotraficantes.

Al igual que los que sucedió con el juez Bento, Scapolan no fue detenido porque tiene inmunidad de arresto por sus fueros. En Mendoza también fue imputada la esposa del magistrado, María Isabel Boiza.

Hasta el 24 de julio del año pasado, Scapolan estuvo al frente del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro. Estaba a cargo de investigar al narcotráfico. Ese día se hizo pública la citación del representante del Ministerio Público a prestar declaración indagatoria, pero por una serie de recusaciones y de planteos de nulidad logró cuatro suspensiones de la audiencia. Solo se presentó en el quinto llamado y se defendió por medio de un escrito acusó a la jueza Sandra Arroyo Salgado y al fiscal federal Fernando Domínguez de haber desatado una “cacería” en su contra. Negó todos “los cargos”.

Según lo explicado por el fiscal Domínguez en el expediente judicial, la organización criminal era liderada por Scapolan e integrada por abogados y comisarios, oficiales y suboficiales bonaerenses. Uno de los letrados imputados, Gustavo Semorile, que desde hace años defendía a connotados narcos, está prófugo desde aquel 24 de julio.

Una de los hechos ilícitos que se le adjudica a “la banda del fiscal” es el robo de un cargamento de cocaína. Se habría quedado con una cantidad estimada entre 520 y 560 kilos de esa droga, con un valor cercano a los US$2.800.000.

Otro caso que apunta a las conexiones judiciales y políticos de traficantes entró en su etapa final en los tribunales de Comodoro Py. Ante el Tribunal Oral Federal (TOF) porteño N°3, el fiscal federal Diego Iglesias, funcionario a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), y el auxiliar fiscal de esa dependencia Martín Uriona, presentaron sus alegatos en el debate donde son juzgados 12 sospechosos en una megacausa de narcotráfico, conocida como Operativo Sapucay, en la cual se reveló el contrabando de marihuana desde Paraguay hacia la ciudad de Itatí, en Corrientes.

Otros 27 imputados, entre los que están el exintendente y el viceintendente de Itatí, Natividad “Roger” Terán y Fabio Aquino, respectivamente, y uno de los supuestos capos narco, Federico Marín, alias Morenita, acordaron penas de entre tres y 12 años de cárcel en un juicio abreviado, lo que implica el reconocimiento de los cargos. En un futuro juicio que estará a cargo del un tribunal correntino, serán juzgado el ahora exjuez federal con competencia electoral Carlos Soto Dávila y dos funcionarios que cumplían las funciones de secretarios penales. El magistrado renunció, pero sigue procesado por la acusación de favorecer a narcos detenidos.

Entre los sospechosos que son juzgados en el debate está en el banquillo de los acusados otro de los supuestos líderes de la organización criminal, Carlos Bareiro. El tercer capo de la banda narco es, según el expediente judicial, Luis Saucedo, conocido como El Gordo. Será juzgado en otro debate porque recién pudo ser detenido en septiembre de 2019 en la ciudad paraguaya de Pilar, en un operativo a cargo de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay.

En el juicio que entró en su etapa final también es juzgado el comisario Diego Ocampo Alvarenga, máxima autoridad de la Policía de Corrientes en Itatí cuando se desató el escándalo. No solo hubo vínculos de los narcos con la Policía de Corrientes, también son juzgados representantes de la Policía Federal Argentina.

“El tráfico de marihuana estaba naturalizado en Itatí. Era un negocio para ambas partes, para quienes desarrollaban las actividades de narcotráfico y también para las autoridades policiales, que obtenían un beneficio económico a cambio dejarlas actuar, de no ser un obstáculo para el funcionamiento de la empresa criminal y si la empresa criminal sufría un percance acudían en su ayuda en su rescate”, explicó Iglesias al fijar los argumentos del Operativo Sapucay.

Las investigaciones contra funcionarios judiciales alcanzaron también a Santa Fe. El mes pasado fue detenido el fiscal de Venado Tuerto Mauro Blanco en el marco de una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito, luego de que se detectara que el funcionario tenía estrechas relaciones con dos narcotraficantes del sur santafesino, que supuestamente le proveían de drogas y de información para investigar causas en el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. Además, según las escuchas telefónicas incorporadas en la causa, le daban dinero.

Blanco, de 41 años, quedó en la mira luego de que en una investigación que realizaba el fiscal federal de Venado Tuerto, Javier Arzubi Calvo, se detectara a través de escuchas telefónicas que el funcionario judicial tenía relación con Javier Roldán, un distribuidor de drogas de la zona sur de Santa Fe, quien supuestamente le proveía estupefacientes, pero además, según la pesquisa, le suministraba información que le servía al funcionario del MPA para nutrir sus propias causas, como las de tenencia ilegal de armas.

También la justicia federal acreditó que Blanco tenía relación con Nahuel Novelino, otro narco preso en la cárcel de Piñero. Blanco no es el único funcionario judicial investigado en Santa Fe. En agosto pasado fueron detenidos los fiscales rosarinos Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad en una investigación vinculada con el juego clandestino. No figura en ese expediente una acusación por relaciones con narcos, pero en Rosario todos los caminos ilegales conducen finalmente al poder territorial sostenido en la venta de drogas.

El mes pasado fue condenado a la pena de 15 años de cárcel José Miguel Farfán, un sindicado capo narco que había sido detenido en febrero de 2019 en Bolivia, donde vivía en una de las urbanizaciones residenciales más exclusivas de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Hacía años que estaba prófugo de la Justicia argentina, de donde se había escapado en 2014, luego de pagar sobornos para conseguir un fallo favorable del exjuez de Orán Raúl Reynoso. No era la primera vez que lo hacía: en 2007 había comprado al juez federal José Antonio Solá Torino, que por ese hecho fue echado y condenado. Ese magistrado se suicidó en noviembre del año pasado ante la inminencia de su arresto.

A fines de marzo de 2019, el exjuez Reynoso fue condenado a 13 años de prisión como jefe de una asociación ilícita que cobraba dinero y obtenía bienes a cambio de favorecer a los narcos imputados con resoluciones judiciales. “Reynoso, en su condición de juez federal, exigió dinero u otras dádivas para el dictado de las resoluciones. Para ello se valió de una estructura que él mismo montó y organizó en la órbita del juzgado federal que encabezaba”, habían sostenido los fiscales Iglesias y Eduardo Villalba cuando presentaron el requerimiento de elevación a juicio de la investigación contra el exmagistrado.

Reynoso estuvo casi 11 años a cargo del Juzgado Federal de San Román de la Nueva Orán, una zona caliente del contrabando y el tráfico de estupefacientes. Era considerado por los políticos nacionales como un verdadero zar antidrogas. El juicio expuso lo contrario.

Por Gabriel Di Nicola

• Narcotráfico
• Contrabando
• Justicia Federal

---

Conforme a