Corrupción policial: en un allanamiento secuestraron $700.000 y mercadería que habría sido robada en operativos

La causa en la que se investigan supuestos hechos de corrupción que habrían sido protagonizados por oficiales de alto rango de la Policía Federal Argentina (PFA) encendió las alarmas en los tribunales del fuero penal económico. A partir de las revelaciones, los representantes del Ministerio Público Fiscal tomaron la decisión de apartar de expedientes en trámite a uniformados del Departamento Delitos Federales de la fuerza de seguridad por las sospechas que se abatieron sobre sus jefes.

Según adelantó ayer LA NACION, el juez en lo penal económico Pablo Yadarola allanó, a través de la Gendarmería Nacional, las oficinas del Departamento Delitos Federales, situadas a tan solo 100 metros del Departamento Central de la PFA, y domicilios en Ituzaingó y Castelar vinculados a los comisarios Lionel Selva y Diego De la Fuente.

"En uno de los inmuebles allanados, de un familiar directo del comisario de la Fuente, se secuestraron cerca de $700.000, cajas de cigarrillos y zapatillas", dijo una calificada fuente con acceso al expediente.

La sospecha de los investigadores del caso es que las zapatillas y las cajas de cigarrillos secuestradas en los allanamientos eran parte de lotes de mercadería decomisados por Delitos Federales en allanamientos ordenados por la Justicia, según explicaron las fuentes consultadas.

Según informaron calificadas fuentes de la PFA, los comisarios Selva y de la Fuente fueron pasados a disponibilidad y se les abrió un sumario administrativo ante la Superintendencia de Asuntos Internos de la fuerza.

Hasta el lunes pasado, los comisarios Selva y de la Fuente estaban a cargo del Departamento Delitos Federales. Ese día fueron transferidos. El primero pasó a la órbita de la Superintendencia de Investigaciones Federales y el segundo a la denominada Área IX Morón.

La causa que investiga el juez Yadarola comenzó con una denuncia anónima presentada entre fines de febrero y principio de marzo pasados, supuestamente por un policía. En ella se sostenía que en una causa donde se investigaba un caso de contrabando de teléfonos celulares detectives del Departamento Delitos Federales habían robado 10.000 dólares.

La causa a la que hacía referencia el anónimo era un expediente, a cargo del propio Yadarola, que se había iniciado con una denuncia presentada el 5 de febrero pasado por la empresa Samsung, basada en indicios sobre la venta de teléfonos celulares que habrían ingresado en el país de forma ilegal. La comercialización de esos móviles se hacía por intermedio de plataformas digitales.

El contrabando de teléfonos celulares es una preocupación importante para las empresas del rubro. Según información que cita la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte) en su página Web, en 2017 ingresaron en el país 2.810.311 aparatos móviles de forma ilegal, lo que representó un 30% del mercado. El año pasado, entre enero y septiembre, hubo un contrabando de al menos 750.000 unidades.

Allanamientos

Ayer, personal de la Unidad de Investigaciones Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales (Uesprojud) de la Gendarmería Nacional allanó las oficinas del Departamento Delitos Federales de la PFA, situadas en Moreno al 1400, en Monserrat, e inmuebles vinculados a los policías en Ituzaingó y en Castelar.

Según las fuentes judiciales, el objetivo del allanamiento era secuestrar documentación de vehículos y teléfonos asignados al personal policial, computadoras, soportes magnéticos y de papel.

"Los gendarmes también tenían como objetivo secuestrar legajos personales, teléfonos celulares y computadoras de los comisarios Selva y de la Fuente. Ahora el próximo paso es analizar la información que se pueda obtener de los aparatos móviles", dijo a LA NACION una fuente del caso.

Ayer, en uno de los procedimientos, en Ituzaingó, se hizo presente el comisario de la PFA Luis Hernández, hermano del jefe de la fuerza de seguridad, comisario general Juan Carlos Hernández. No ingresó en el inmueble allanado y se retiró muy rápido de la escena.

"Al poco tiempo de que Hernández fuera elegido jefe de la PFA, Selva, que fue designado como jefe de Delitos Federales, se presentó en distintas fiscalías como hombre de su máxima confianza y solicitó que le dieran intervención en las causas dado que quería trabajar a fondo y 'cambiar la cara' del área a su cargo", dijeron fuentes del Ministerio Público Fiscal.

Es más, según fuentes judiciales, en el Departamento Central de la PFA Selva tenía un despacho cerca de la oficina del jefe de la PFA, a pesar de que la sede de Delitos Federales está en otro edificio.

"La noticia de la sospecha de corrupción sobre el Departamento Delitos Federales cayó como una bomba en distintas oficinas judiciales que les habían asignado tareas específicas en distintas investigaciones. Ya hay decisión de apartarlos de las investigaciones en curso", dijeron fuentes del Ministerio Público Fiscal.

Según pudo saber LA NACION, la preocupación hizo que se precipitaran reuniones entre jueces y fiscales. El caso de la supuesta corrupción en el Departamento Delitos Federales de la PFA fue materia de conversación en el edificio de avenida de los Inmigrantes 1950, en Retiro, donde funcionan los juzgados y fiscalías del fuero en lo penal económico.

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