Crimen de Villa Gesell: el juez definió que los ocho acusados sigan en prisión

VILLA GESELL.- Los acusados por el asesinato de Fernando Báez Sosa vieron ayer complicarse la acusación en su contra, al aceptar el juez David Mancinelli la calificación de homicidio por alevosía, propuesta por los abogados de la familia de la víctima.

Ese agravante se suma al que prevé una pena mayor por la participación premeditada de dos o más personas, tal como había sostenido la fiscal Verónica Zamboni. La posible condena en un juicio es de prisión perpetua, pese a haberse descartado la figura de matar por placer.

El magistrado entendió, además, que los ocho sospechosos habían conocido enseguida el mortal desenlace del ataque contra Báez Sosa. Y que, así como tuvieron un plan para matarlo, pronto urdieron otro para eludir a la policía. Incluso tramaron el ardid de culpar a alguien ajeno al grupo, el remero Pablo Ventura. "Todo ello entonces me hace presumir la existencia de riesgos procesales vigentes en forma de fuga y entorpecimiento probatorio", fundamentó el titular del Juzgado de Garantías Nº 6 de Villa Gesell al disponer la prisión preventiva para Máximo Thomsen, Ciro, Lucas y Luciano Pertossi, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Matías Benicelli y Blas Cinalli.

Los ocho principales acusados del asesinato de Fernando Báez Sosa continuarán el proceso privados de la libertad. Por ahora seguirán en la Unidad Penal Nº 6 de Dolores, donde están alojados desde hace más de dos semanas. Y una vez que las prisiones preventivas queden firmes -se estima que la defensa apelará la medida del juez David Mancinelli- deberán abandonar el aislamiento en esa alcaidía para incorporarse al conjunto de la población carcelaria.

En su resolución el juez fue más allá de la acusación original de homicidio agravado por concurso premeditado de dos o más personas que planteó la fiscal Zamboni. Consideró que los acusados también actuaron con alevosía. Explicó en su escrito que "aprovechando la inadvertencia de la víctima" los autores atacaron por la espalda para desestabilizarla y, ya en el suelo, "en un total estado de indefensión, actuando sobre seguro" se sumaron otros atacantes, unos para golpear y otros para impedir auxilio por parte de terceros.

En función de la nueva calificación, con un homicidio ahora doblemente agravado, la fiscal deberá citarlos la próxima semana para indagarlos nuevamente. Hasta el momento la única respuesta de los diez acusados -incluidos Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino, imputados, pero liberados al no poder hasta el momento sostener una acusación en su contra- ha sido el silencio. A los ocho jóvenes que siguen detenidos el juez los tuvo anteayer cara a cara, por primera vez, durante la audiencia preliminar a esta resolución de prisiones preventivas. Solo Cinalli se atrevió a hablar: "Ninguno quiso que pase lo que pasó", dijo. En ese contexto se mostraron desolados. Thomsen, considerado líder del grupo y uno de los autores materiales del crimen, lloró, con la mirada clavada en el piso.

Más allá de la imagen que se llevó de ellos en esa audiencia, el juez tiene otra opinión formada a partir de las pruebas, que plasmó en su resolución. "Cabe atender como dato peculiarmente disvalioso la extrema violencia desplegada y el desprecio por la vida humana demostrado a partir de la conducta de los imputados", argumentó. Citó los mensajes intercambiados en los momentos inmediatamente posteriores al ataque en la madrugada del 18 de enero. En ese instante se transmitió la palabra "caducó" para dar a entender que Báez Sosa había muerto. Y un pacto de silencio posterior resumido en la frase: "Chicos no se cuenta nada de esto a nadie".

La intervención de ayer del juez Mancinelli representó además un pleno respaldo a la investigación en curso. Se apoyó en la evidencia acumulada y también refutó objeciones planteadas por el abogado defensor, Hugo Tomei, anticipadas anteayer durante la audiencia preliminar y formalizadas poco más tarde, incluyéndose una denuncia penal contra la fiscal. "Estamos ante planteos de nulidad por la nulidad misma", concluyó el magistrado al rechazar la totalidad de esos reclamos.

Tomei había solicitado que se anule una ronda de reconocimiento, una declaración testimonial más que relevante -un testigo presencial que describió con extrema claridad la ubicación y rol de cada uno de los acusados- y las indagatorias a sus defendidos, que se negaron a declarar. Por esas supuestas irregularidades presentó una denuncia penal contra la fiscal, a la que acusa de privación ilegítima de la liberad, falsificación de documento público y falsedad ideológica. También había pedido en esa misma audiencia preliminar, celebrada en el Juzgado de Garantías Nº 6 de Dolores, que a los detenidos se les otorgase un régimen de prisión domiciliaria. Lo consideró necesario porque dice que sienten "miedo" debido a lo que llamó "un circo mediático" por la cobertura periodística y amplia difusión que tiene el caso.

El juez dijo en su resolución que la pena en expectativa -prisión perpetua- "no posibilita operativizar ninguno de los supuestos de procedencia de la excarcelación ordinaria". Está convencido que con ellos hay un real riesgo de fuga.

Los diez imputados continúan con un único defensor. La estrategia original fue que sus clientes no hablaran en la causa. Así llegó a las libertades de Milanesi y Guarino, a quienes no se pudo ubicar en el escenario de agresión directa a la víctima. Esta semana había apuntado a atacar algunas pruebas y el desempeño de la fiscal. Las preventivas dictadas son un duro golpe para las familias de los detenidos. El plan B que algunos acusados tienen en mano es recurrir a nuevos abogados que los defiendan de manera individual. Para el particular damnificado, cuya representación ejerce Fernando Burlando y sus colaboradores, la resolución del juez cubrió a medias sus pretensiones.

Por Darío Palavecino

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