Cuatro policías desviaron una investigación para culpar de varios atentados a Los Monos

ROSARIO.- El objetivo de Esteban Alvarado, presunto ideólogo del homicidio de un prestamista y jefe de una asociación ilícita junto a cuatro policías de Santa Fe, era plantar pistas falsas, con la ayuda de los oficiales, para desviar la investigación de un crimen y tres atentados contra funcionarios y edificios judiciales hacia miembros de la banda de Los Monos. La estrategia de este hombre de 42 años se valía de que a los Cantero les habían atribuido 13 ataques anteriores.

La clave para develar esta trama fue el iPhone 8 que Alvarado tiró al lago del embalse Río Tercero, en Córdoba, cuando el 1º de febrero pasado se vio cercado por la policía, tras haber estado casi dos meses prófugo. Los efectivos pudieron recuperar el aparato del agua, pero en los peritajes no consiguieron obtener información porque tenía archivos encriptados.

Un oficial de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) de la Policía de Santa Fe viajó a Nueva York con ese iPhone 8, tras ser autorizado por la Justicia. En la empresa Celebrity, explicaron los fiscales Matías Edery y Luis Schiappapietra en una audiencia, lograron desbloquear y recuperar chats y audios del sistema de mensajería Telegram. Era el que usaba Alvarado, de quien se sospecha que es hoy uno de los principales jugadores del narcotráfico local, pese a que no tiene ninguna causa abierta por tráfico de estupefacientes en la Justicia Federal, aunque sí las tienen familiares suyos.

Alvarado no hablaba por teléfono ni usaba WhatsApp, sino Telegram, configurado para que los mensajes se borraran pocos segundos después de ser enviados. Se jactaba de usar ese sistema de mensajería y desafiaba: "Yo no hablo por teléfono; en la puta vida me van a agarrar". Pero esos mensajes y audios comprometedores, finalmente, se pudieron recuperar el 29 de abril pasado.

La información fue clave para que los fiscales Schiappapietra y Edery ordenaran el jueves pasado la detención de cuatro policías, entre ellos, dos jefes de la Policía de Investigaciones (PdI) -los hermanos Martín y Marcelo Rey-, la comisaria Jorgelina Chávez y Pablo Báncora, que estaba infiltrado en el nuevo Organismo de Investigaciones del Poder Judicial y trabaja para la fiscalía que investigaba a Alvarado por el crimen del prestamista Luciano Maldonado.

El cadáver de este hombre apareció el 11 de diciembre pasado en la colectora de la autopista Buenos Aires-Rosario con dos tiros en la espalda y uno en la cabeza; junto al cuerpo se encontró un cartel que decía: "Con la mafia no se jode".

Ese mensaje había aparecido en otros hechos, en los 13 atentados contra edificios judiciales y viviendas de jueces que llevaron adelante, a partir del 29 de mayo de 2018, miembros de la banda de Los Monos, según consignaron las imputaciones en la Justicia.

Un plan maquiavélico

Lo que se develó el viernes pasado es el entramado montado por Alvarado, con ayuda de los policías, para desviar hacia Los Monos las investigaciones del crimen de Maldonado y de tres ataques que sus hombres realizaron contra edificios y la casa de una funcionaria de la fiscalía que encabezaba una pesquisa sobre los bienes del supuesto narco. A esta contadora le habían dejado en la puerta de su casa, días antes del ataque, la cabeza de un perro dentro de una caja.

Primero, Alvarado plantó en la escena del crimen de Maldonado aquel cartel mafioso. En las primeras horas, así, la causa se orientó hacia Los Monos, aunque luego se enfocó en Alvarado, que hacía poco más de un año había salido en libertad condicional de una cárcel de la provincia de Buenos Aires, tras haber estado cinco años preso.

Luego planeó el atentado contra la especialista en análisis económico de la fiscalía, que vive en pleno centro de Rosario. Los policías le enviaron fotos del frente de la casa. El 31 de enero, dos sicarios en moto realizaron ocho disparos contra esa vivienda, situada a la vuelta del Monumento a la Bandera. Seis balas entraron por la ventana y un proyectil pasó a 60 centímetros de una familiar de la funcionaria.

Los atacantes abandonaron a dos cuadras de allí la moto que habían usado en el atentado y corrieron unos 200 metros hasta subirse a un VW Up! color gris en la calle Mendoza.

La maniobra parecía extraña. Pero tenía un sentido: Alvarado, según consta en los audios de Telegram de su teléfono, quería inculpar de ese atentado a Leandro Olivera, sicario de Ariel "Guille" Cantero, líder de Los Monos, y a Rodrigo Ortigala, que había formado parte de la banda de Alvarado y a principios de año se había presentado a declarar en la fiscalía como testigo de identidad reservada.

Ortigala, propietario de un VW Up! color gris similar al que se usó en aquel atentado, fue quien reveló parte del funcionamiento de esta organización narcocriminal.

La misión de Alvarado y de los policías era que el Chulo Olivera y Ortigala fueran acusados de ser los autores de aquel ataque. Así, Alvarado quedaría fuera de foco.

Además se montó otra maniobra, con escuchas telefónicas que incriminaban a Olivera y a Ortigala, a través de teléfonos espejo. Los mensajes eran falsos. Pablo Báncora, uno de los policías aliados a Alvarado, formaba parte del nuevo Organismo de Investigación del Poder Judicial y se desempeñaba, precisamente, en el área de las interceptaciones telefónicas y el procesamiento de las escuchas.