El “comandante Wolf”, un enigmático personaje que sería enlace entre mercenarios argentinos y el ejército ucraniano

Soldados de fortuna, contratistas militares, básicamente, mercenarios. Profesionales de la guerra que reemplazan la bandera por la bolsa de monedas. Un oficio compartido con el homérico Aquiles. Pelear batallas de una nación ajena no es delito, pero si figura en en el Código Penal la sanción por reclutar a argentinos para llevarlos al combate en el exterior bajo otro estandarte. Y eso es lo que se investiga luego de que el pasado 11 de marzo fuesen interceptados en el control de Migraciones del aeropuerto internacional de Ezeiza cuatro hombres que estaban a punto de tomar un vuelo que los llevaría a incorporarse al ejército de Ucrania. Fue procesada y a la vez excarcelada una expolicía bonaerense que aparece como nexo entre los aspirantes y los militares del país que intercambian diarios disparos con las tropas rusas. Su pareja, otro expolicía, está prófugo. Y aparece otro personaje para darle oscuridad a la trama: el comandante Wolf. Supuesto alias de un exmilitar colombiano convertido en oficial de unidades ucranianas formadas por extranjeros y cuya real existencia y, en caso que el relato que lo pone en el centro de la escena sea cierto, su identidad es motivo de investigación por parte de la Justicia Federal.

La pesquisa iniciada por el bloqueo de la salida del país de los cuatro argentinos que habían acordado incorporarse al ejército ucraniano incorporó esa mención al “comandante Wolf” en el expediente. Estaría ubicado como enlace directo de la pareja de expolicías argentinos que aparecían como la cara del reclutamiento. Así quedó expuesto en el procesamiento de Griselda Inés Ortiz dictado por Juan Tomás Rodríguez Ponte, que hace apenas dos semanas asumió en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 de Lomas de Zamora.

Al consignar la indagatoria en la que Ortiz hizo una declaración, el magistrado señaló que la imputada había afirmado “haber mantenido comunicaciones con un comandante del ejército ucraniano, quien le habría indicado que debía asegurarse de que los cuatro ciudadanos efectivamente viajaran (condición necesaria para adquirir los pasajes) y a través del cual recibió las cartas de invitación y los pasajes correspondientes”.

Y mencionó a “un comandante colombiano de nombre Wolf” como ese oficial que le entregó las cartas de invitación y los pasajes destinados a los cuatro hombres que fueron interceptados en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Mientras se avanza sobre esa pista, los investigadores tienen una certeza: la pareja de expolicías no tiene los recursos necesarios para montar por su cuenta una estructura, aunque sea artesanal, para reclutar y enviar a un frente de combate a argentinos que, según figura en la causa, fueron víctimas de la vulnerabilidad económica que los llevó a aceptar una propuesta que no solo implica un riesgo de vida, sino que ni siquiera estaba clara cuando los hombres ya estaban por abordar el avión. Por eso buscan quienes están a cargo del caso definir la red que opera con un reclutamiento que en la Argentina es ilegal.

Si quedó estableció en el expediente que la propuesta de combatir en Ucrania era real. Eso lo determinaron los documentos encontrados en el allanamiento en la casa de Ortiz, la expolicía que lleva el apodo Grichu como nombre de guerra. Allí aparecieron contratos que ella y su pareja, el prófugo Jorge Alberto Otero, firmaron con el ejército ucraniano, por el que recibieron pagos mensuales en 2025 por estar en el frente de combate.

“Reconoció (Ortiz) su vinculación con el ejército ucraniano. Declaró que en junio de 2025 pidió la baja de la Policía de la Provincia de Buenos Aires para viajar a Ucrania como voluntaria, ya que su pareja, Jorge Alberto Otero, había viajado previamente y, al no aceptarse mujeres en su unidad, ella debió gestionar por cuenta propia el ingreso a otra: ‘yo busqué por las páginas de internet [...] esta gente me mandaba números, me contactaba con gente de allá de Ucrania para que yo pueda contactarme y poder viajar’. Refirió que costeó el viaje mediante un préstamo y la venta de un vehículo a su hija, y que, una vez en el país, firmó junto con Otero un contrato por tres años con opción de retiro a los seis meses”, se indicó en el procesamiento de la mujer conocida como Grichu.

Y sumó un relato de las acciones de la pareja en combate con soldados rusos. El magistrado consignó en el procesamiento que Ortiz contó su experiencia bajo fuego y que dijo que su unidad “fue atacada, que su pareja fue herido en el pie, que ella misma quedó internada por la onda expansiva, y que ambos contrajeron matrimonio en el hospital ucraniano. Explicó que, ante esa situación, solicitaron la baja del contrato y regresaron a la Argentina en noviembre de 2025″.

A partir de ese regreso a la Argentina, abrió canales de comunicación para tentar a otros mercenarios o aspirantes, al menos. Nada muy secreto, sino páginas abiertas en redes sociales. Los investigadores establecieron que más de 25 argentinos dieron un paso más y se sumaron a un grupo de mensajería instantánea Signal, coordinado por la pareja. Una decena dio testimonio a policías federales que fueron comisionados a identificarlos. La mayoría contó que luego de preguntar en esas publicaciones de redes sociales sobre la propuesta de sumarse al ejército ucraniano fue contactado por Ortiz o, al menos, por una mujer que se presentaba como ella y los invitaba a sumarse al grupo de Signal para tener diálogos fuera del alcance de “la inteligencia rusa”. Así figura en el expediente. Otros fueron contactados por dejar un “me gusta” en la publicación de TikTok.

Se indicó en el expediente que en el grupo privado de Signal administrado por Ortiz había, además de los cuatro hombres interceptados en Ezeiza (a los que se considera víctimas y no participantes de la red de reclutamiento ilegal), quince personas que estaban a pasos de viajar para sumarse al ejército ucraniano. En el procesamiento figura, además, que uno de esas personas hizo referencia a la muerte en combate de un argentino que había viajado meses antes. Los hombres entrevistados por agentes de la PFA “se encontraban en situación de vulnerabilidad socioeconómica previa, con trayectorias laborales precarias y escasas oportunidades”, según fue explicado al fundamentar la decisión de considerarlos víctimas.

“Reconoció (Ortiz en la indagatoria) que, ya en el país, comenzó a recibir mensajes de personas interesadas en viajar a Ucrania (entre ellos, conocidos de la fuerza policial en la que se había desempeñado), para lo cual creó una página de Instagram y una cuenta de TikTok bajo el nombre de la ‘Legión Internacional de Ucrania’, a través de las cuales asesoraba a los interesados. Declaró textualmente: ‘Yo sí, me hice una página de Instagram y una de TikTok con el nombre de la Legión Internacional de Ucrania [...] respondía los mensajes de la gente que me mandaba, preguntándome cómo hacían para ir’. Admitió haberse contactado con los candidatos mediante la aplicación Signal, según explicó ‘por el tema de la inteligencia rusa’”, consignó el juez al dictar el procesamiento.

Fue excarcelada al considerarse que no puede obstaculizar en este momento la investigación, ya que la evasión de su pareja vuelve inútil la prisión preventiva como forma de evitar que alerte a supuestos cómplices o que destruya pruebas.

El Ministerio Público Fiscal consideró que, a partir de los elementos reunidos, la conducta encuentra una adecuación típica más precisa en el artículo 145 del Código Penal, en tanto dicha norma reprime a quien condujere a una persona fuera de las fronteras de la República con el propósito de alistarla en un ejército extranjero.

Fue procesada por “formar parte de una estructura organizada de captación y traslado coordinado de personas, mediante engaño y aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad, con el propósito de conducirlas fuera del territorio nacional e incorporarlas al ejército ucraniano con la finalidad de desarrollar allí diversas actividades en representación y beneficio de dicho ejército; ello a través de la convocatoria, a través de redes sociales, a personas interesadas en incorporarse al ejército ucraniano, ofreciéndoles una retribución económica a cambio de su alistamiento y de su posterior participación en el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia”. Ese delito tiene una expectativa de pena de dos a seis años de prisión.

Las pistas sobre el supuesto “comandante Wolf” podrían encontrarse en un cuaderno con anotaciones relativas a la captación de personas interesadas en sumarse al ejército ucraniano. En esa lista figuraban 40 nombres. Ese material forma parte de la investigación de los detectives de la Policía Federal Argentina.

“Nosotros nunca cobramos ningún dinero para que los chicos viajen”, dijo Ortiz en la indagatoria. La ruta del dinero es otra pista que seguirán los investigadores.

Por Daniel Gallo

• Guerra en Ucrania

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