El exjefe de la Policía Federal, acusado de convertir la delegación de Santa Fe en una “empresa criminal”

ROSARIO. Marcelo Lepwalts, exjefe de la Policía Federal en Santa Fe, sumó dos condenas en solo siete meses: acumula ocho años y nueve meses de prisión por haber formado, junto con otros efectivos de esa fuerza, una “empresa criminal” que llevó adelante delitos que van desde “tenencia de estupefacientes” a “cohecho” y “abuso de autoridad”.

En las investigaciones que llevó adelante el fiscal federal Walter Rodríguez se detectó que Lepwalts y sus hombres tenían montada una organización criminal en Santa Fe que se dedicaba a varios rubros, como incautar teléfonos celulares de narcotraficantes que ocultaban a las autoridades y por los cuales luego pedían rescate, o secuestrar estupefacientes, fraguar su peso  en las actas de procedimiento y guardar la droga en la delegación para “plantársela” a distintos dealers una vez que dejaban de serles útiles.

Los hechos enumerados en el juicio por el fiscal Martín Suárez Faisal ocurrieron entre marzo de 2018 y mayo de 2019, cuando Lepwalts se encontraba al frente de la delegación Santa Fe de la Policía Federal.

Lo llamativo es que el oficial designado para reemplazar a Lepwalts cuando fue desplazado y detenido por orden del entonces jefe de la PFA, Néstor Roncaglia, fue el comisario Mariano Valdés, que en enero de 2020 también fue procesado por tráfico de estupefacientes; fue tras un allanamiento en el que se encontraron en un bolso rastros de LSD y metanfetaminas. Ese bolso fue clave en el tiroteo que protagonizó Valdés el 9 de setiembre de 2019, cuando iba en un auto con una suboficial.

Los procesamientos de los últimos dos jefes de la Federal en Santa Fe dejan al descubierto las complicidades que tejían con eslabones clave del mundo de la venta de drogas.

“Sociedad anónima”

En el juicio, el fiscal describió la empresa criminal que respondía a Lepwalts como “Delegación Santa Fe SA”. “Era un lindo grupo, muy unido”, dijo Suárez Faisal. “Sí, unidos en la delincuencia más abyecta para un funcionario público”.

Suárez Faisal remarcó que la asociación ilícita desarrollaba otras actividades asociadas a la venta de dólares y a los puestos callejeros, donde la brigada policial también extorsionaba para conseguir un “cánon mensual”.

Una muestra de la cohesión para recaudar de forma ilegal es palpable en las escuchas de la investigación. “Acá es todos por igual; sin importar jerarquía. Eso es lo bueno de este grupo”. Los que hablan son dos efectivos de la Policía Federal de Santa Fe y no se refieren a la distribución del trabajo, sino de la droga que secuestraban, que luego vendían y transformaban en dinero.

La cocaína y los teléfonos eran un botín preciado para el grupo de policías encabezado por “Lechuga” Lepwalts, que, según el fiscal instructor, había “configurado un sistema de recaudación ilegal nutrido por utilidades provenientes del narcotráfico”.

Los investigadores sospechan que el negocio ilegal del narcotráfico que manejaba Lepwalts cambió de manos cuando lo reemplazó Valdés, designado por la cúpula de la PFA para “sanear” ese foco de corrupción. Los agentes capitaneados por Lepwalts traían estos “vicios” de otros destinos, como Villa María, Córdoba, donde ya habían sido detectados por la Justicia.

Entre los contactos que tejió Lepwalts con los narcos figura una pareja que está prófuga por estar involucrada en un caso reciente: la llegada de 200 kilos de cocaína en una avioneta proveniente de Paraguay que se accidentó en un camino rural de San Justo, en Santa Fe.

La investigación que inició Roncaglia contra Lepwalts se disparó con una denuncia en la que se mencionaba a Claudio Casco o su esposa Lorena Melgarejo, narcos de un eslabón superior al de los vendedores de droga que “apretaban y sobornaban” los policías.

“Sin querer pude enterarme de que funcionarios policiales de la Delegación de Policía Federal están cobrando a personas conocidas como narcos para brindarles protección y a veces los investigan, engañando a la autoridad judicial con falsos informes”, señalaba la denuncia anónima que el fiscal recibió el 24 de septiembre de 2019. Decía que se habían contactado con un hombre al que le faltaba una pierna “para que organice una reunión con otro narco más importante llamado Casco o su mujer, Melgarejo, para cobrarle y no molestar”.

En mayo de 2018, Roncaglia viajó a Santa Fe para anunciar el desplazamiento de Lepwalts y sus policías, luego de que el fiscal Rodríguez iniciara la investigación que determinó que en la PFA de la capital provincial existía un “sistema de recaudación ilegal nutrido por utilidades que provenían del narcotráfico”.

Según señala el procesamiento dictado por el juez Francisco Miño, los policías “obtenían dinero y estupefacientes” de parte narcos que “eran involucrados en procedimientos que eran ocultados” a la Justicia federal. “El dinero era repartido en partes iguales entre los policías” y se retroalimentaba con el “cobro de coimas a cambio de la cobertura policial”.

La inquietud del fiscal de profundizar el sistema de recaudación ilegal de la PFA se disparó luego de que el 24 de setiembre de 2019 recibiera una carta anónima, que fue enviada por un sistema de cadetería a la fiscalía.

El autor de las siete carillas de esa denuncia anónima es Walter Gómez, padre del policía federal Carlos Gómez Navarro, que está preso y formaba parte de la organización que comandaba el comisario Lepwalts, que fue desplazado de su puesto por el jefe de la fuerza, que en su reemplazo designó a Valdés, que también terminó tras las rejas.

Gómez describió cómo funcionaba este sistema de corrupción que tenía a los efectivos de la PFA como protagonistas. “En la Delegación Santa Fe cada jefe tiene que cumplir con un mandato de sus superiores. Se les hace llegar mensualmente un sobre. Cada sobre tiene dinero que va quedando en cada jefe”, sostuvo.

En la causa 12400/17 ya había elementos que describían los métodos de recaudación, como sucedió el 4 de abril pasado durante un operativo antidrogas en la ruta N°70, en Esperanza, Santa Fe, donde Guillermo Kern fue detenido con 81 gramos de cocaína y dos teléfonos celulares Samsung.

Según consta en escuchas telefónicas registradas el 5 y el 8 de abril —días después del operativo—, el supuesto narco le advirtió a su madre: “Me robaron todo y me llevaron los celulares”.

La pareja de Kern señaló luego, y quedó registrado en otra escucha: “Quiero recuperar el teléfono chiquito, pero me van a cobrar una plata”.