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Un arresto en una de las zonas más exclusivas de Rosario expuso las conexiones criminales de la barra de Central
La captura de Ezequiel Riquelme, hijo de un condenado a perpetua, muestra la reconfiguración de alianzas de una nueva generación narco
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CORRESPONSAL EN ROSARIOGermán de los Santos
Ezequiel Riquelme tiene 19 años. Es hijo de Francisco “Fran” Riquelme, el narco que la Justicia santafesina condenó a prisión perpetua en mayo pasado como jefe de una asociación ilícita que operó, para la acusación, como célula de Esteban Lindor Alvarado. Ayer por la mañana la policía de Santa Fe lo detuvo en un departamento de alquiler temporario de Condominios del Alto, el complejo cerrado de Thedy al 100 bis, frente al Shopping Alto Rosario. En el mismo domicilio y en otros nueve allanamientos cayeron cinco personas más.
El operativo estuvo a cargo de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Cipoe) y la Tropa de Operaciones Especiales (TOE). Los procedimientos se hicieron desde la madrugada, la mayoría en la zona noroeste de la ciudad, el territorio donde funciona la estructura que Riquelme padre dirige desde la cárcel. La orden salió de los fiscales Patricio Saldutti y Marina Vigo, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, y Diego Giro y Mercedes Banchio, de la Unidad de Microtráfico. La causa investiga hechos violentos y microtráfico.
A Ezequiel Riquelme los investigadores lo ubican como presunto organizador dentro de esa asociación ilícita. Sería, según el criterio de la fiscalía, quien manejaba “la calle” para la banda. Es una hipótesis en desarrollo. La acusación formal contra el joven todavía no fue expuesta en audiencia.
La detención tiene dos lecturas que se cruzan. La primera es la continuidad familiar de una estructura que la Justicia dio por probada hace pocas semanas. La segunda es la conexión con nombres nuevos del mapa criminal rosarino y con la barra de Rosario Central.
Sobre esto último hay un rastro que se fue construyendo con el correr de los meses. A Ezequiel Riquelme se lo vio en el paraavalanchas del Gigante de Arroyito junto a Lautaro “Laucha” Ghiselli y Santino Alvarado, hijo de Esteban Alvarado. Ghiselli fue considerado líder de la barra canalla hasta que fue detenido e imputado como parte de la organización que encabeza el prófugo Matías Gazzani, señalado por controlar la tribuna desde principios de 2025, después del asesinato de Andrés “Pillín” Bracamonte en noviembre de 2024.
En marzo pasado apareció en las calles de Rosario una bandera que mencionaba a Gazzani y a Riquelme. Los acusaba de “matar inocentes”. En ese mismo escenario aparece Alan Insaurralde, vinculado a Los Menores y también buscado por la Justicia. Todo esto integra la línea de investigación, no una imputación cerrada.
“Estamos golpeando permanentemente a los que quedaron a cargo de estas organizaciones criminales para que no tengan ningún tipo de capacidad de reorganizarse y volver a hacernos daño”, afirmó el secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Federico Angelini, al notificar sobre el resultado del operativo.
Y agregó: “Cada allanamiento y todo el material electrónico que incautamos nos dan la posibilidad de abrir distintas líneas de investigación. Recordemos que la organización criminal de Fran Riquelme está vinculada a otros allanamientos en los que encontramos ametralladoras M4 y fue puesto tras las rejas Plin Acosta hace menos de dos meses. Seguimos por ese camino porque todo es material para continuar golpeando a estas organizaciones criminales”.
Para dimensionar quién es el padre del detenido hay que volver a Empalme Graneros. A Fran Riquelme la policía lo bautizó “el Pablo Escobar de Empalme Graneros”, un mote exagerado para un hombre que nunca salió del narcomenudeo ni de ese entorno atravesado por la marginalidad y la violencia. Su poder no estuvo nunca en el volumen del negocio, sino en la capacidad de generar terror desde una celda. Riquelme fue condenado como jefe de la banda e instigador de dos homicidios, y todos los delitos que le atribuyeron los cometió estando preso. El juicio, que empezó en marzo y terminó el 29 de mayo, dejó doce condenas a prisión perpetua y otras tres penas menores para integrantes de la organización que no fueron ligados a los hechos de sangre.
Esa banda, con base en Empalme Graneros, sostuvo entre 2021 y 2022 una guerra con una facción rival de Ludueña conducida por Mauro Gérez, alineado con Los Monos. Distintas investigaciones conectaron más de cincuenta homicidios con esa disputa entre 2022 y 2024. En el debate se abordaron siete crímenes, entre ellos el de Alejandro “Peladito” Ramírez y el de Juan Cruz Ferrari, por los que Riquelme respondió como instigador, y un femicidio, el de Ludmila Orellana.
De aquella estructura salió una de las postales más elocuentes de cómo funciona hoy la violencia narco en Rosario: la de los soldaditos que balearon escuelas, comisarías y una sede del Servicio Penitenciario para sembrar terror. Uno de esos tiradores, Eric Enrique, trabajaba de día en una fábrica de plásticos y de noche se subía a una moto a disparar contra los blancos que Riquelme marcaba desde el pabellón de Piñero. Los ataques se filmaban con el celular. Los colegios se elegían porque atraían a los medios y multiplicaban la conmoción. Cada control más estricto sobre las visitas en la cárcel se traducía afuera en una represalia. Enrique fue uno de los condenados en el juicio de mayo.
Ese es el molde en el que ahora se inscribe la detención del hijo. La zona oeste rosarina viene mostrando desde hace años un patrón de fragmentación creciente: bandas cada vez más atomizadas, que se disputan cuadras y bocas de venta antes que grandes territorios, y que por eso mismo resultan más sangrientas. La aparición de un Riquelme de 19 años en un rol de organización de la calle, con presuntos puentes hacia la barra de Central y hacia figuras emergentes como Gazzani e Insaurralde, marca la reproducción generacional de una lógica que ya lleva más de una década en los barrios del noroeste.
Riquelme padre continúa detenido, cumpliendo la pena de prisión perpetua. Fuentes judiciales lo ubicaron durante el juicio en la cárcel de Piñero, desde donde se probó que impartía las órdenes; en las últimas horas trascendió también su traslado al penal federal de Marcos Paz. El punto que queda abierto es el mismo que atravesó todo el juicio de mayo: hasta dónde el encierro alcanza para desarticular una organización que aprendió a operar, matar y, ahora, reclutar desde adentro de una celda.
