El lavado de dinero con el juego ilegal, un modelo cada vez más utilizado por bandas locales

ROSARIO.- El dinero ya no es real, o al menos en la forma en que se lo conoció por siglos. La plata no está en el bolsillo o en una billetera, sino en un teléfono. Ese cambio drástico que se dio con la expansión de la economía virtual también afecta a sectores que se mueven por la oscuridad. Por eso, la imagen del narco que entra con un bolso lleno de fajos a una cueva financiera para cambiarlos por dólares empieza a quedar vieja. El dinero dejó de ser físico. Ahora es un crédito en un casino online, una transferencia a un alias de billetera virtual, un dominio que se da de baja el lunes y reaparece el martes con otra terminación. Y la Justicia argentina lo persigue de a pedazos, sin ver el conjunto. En México y Brasil la expansión del lavado de dinero con estas plataformas es un negocio millonario, y ahora en nuestro país empiezan a verse estos mecanismos que el Estado aún no visualiza ni persigue en profundidad.

El expediente que la fiscal Georgina Pairola acordó con Ornella Dipietri, la expareja de Lisandro “Limón” Contreras, describe con precisión una máquina que ya funciona a escala continental. La banda de Los Menores —responsable de balaceras y homicidios para sostener el control territorial de la venta de drogas— incorporó los casinos virtuales como línea de financiamiento orgánica. No como negocio lateral. Como caja.

El sistema puede dividirse en escalones según la complejidad para su seguimiento. El primero es una restricción técnica que parece un defecto y es el rasgo esencial: las plataformas que usaba la red —Casino Zeus, Bet32, Jugalodos, Pulpo— no permiten que un apostador se registre solo. Fernando Cappelletti, alias Colo, hoy prófugo con captura internacional, era el único que podía crear usuarios y cargar créditos. Un casino legal quiere clientes. Uno diseñado para lavar quiere intermediarios. La imposibilidad de registro autónomo obliga a que exista una cadena humana de cajeros, y esa cadena es el mecanismo.

El segundo peldaño es la venta piramidal de fichas. Cappelletti ofrecía “al 15%”, decía tener “fichas ilimitadas” a cambio de una franquicia mensual, proponía armar cajeros nuevos. “Podés llegar a vender 4 veces más”, prometía en los chats peritados. Dipietri le compraba y les revendía a cajeras como Jezabel D., quedándose con un margen. El dinero sube por la cadena mientras la trazabilidad baja.

El tercero es la billetera virtual, y es el corazón del asunto. Dipietri pagaba mediante transferencias a un alias de Mercado Pago. Ese instrumento cumple tres funciones a la vez. Fracciona: mil transferencias de 50.000 pesos en lugar de una de 50 millones, un movimiento sin fila en un banco ni cámara de seguridad. Despersonaliza: el alias no exhibe titular en la transacción, y los cajeros operan con cuentas de familiares, de empleados o de personas que vendieron su identidad. Y operan fuera del perímetro bancario: los proveedores de servicios de pago tienen obligación de reportar operaciones sospechosas, pero miles de movimientos de bajo monto individual no disparan ninguna alerta.

El cuarto escalón es la supervivencia. Zeus operaba con dominio .io en Rosario y .club en Buenos Aires. La misma marca, distinta terminación. Los bloqueos judiciales caen sobre dominios, no sobre operadores: cambiar tres letras después del punto alcanza para volver a estar en línea al día siguiente. En 2024 la Caja de Asistencia Social-Lotería de Santa Fe presentó dos denuncias que sumaban 385 sitios de juego ilegal. La cifra misma es la prueba de la inutilidad del método.

Por encima de todo eso hay un piso más. Los peritajes registraron paneles de administración de cajeros —admin.agentesbet.com, admin.pulpobet.com— y un soporte técnico centralizado. Casinozeus.io y Bet32.club derivan a sus usuarios al mismo WhatsApp. Esa línea, según fuentes judiciales, correspondía a Compu Tools SRL, con domicilio en Florida al 500, en el microcentro porteño, y el mismo abonado ya había aparecido en investigaciones porteñas por ganaencasa.io y celuapuestas.net. Cuatro marcas, un teléfono. Abajo, las redes minoristas con sus cajeros y su dinero por lavar. Arriba, un proveedor que les vende a todos el mismo servicio llave en mano. Bet32 exhibe licencia de Curaçao, la jurisdicción que ampara buena parte del juego gris sudamericano.

Lo que ocurre en Rosario no es una excepción argentina. Es una versión temprana de algo que en México y Brasil ya llegó más lejos.

En México, la procuradora fiscal Grisel Galeano García describió en noviembre un esquema de seis pasos. Se engancha a una persona con engaños o robo de identidad —preferentemente estudiantes jóvenes, jubilados o amas de casa— y se le sustraen los datos bancarios. Se le envían por medios electrónicos tarjetas prepagadas o códigos premiados cargados con dinero de origen desconocido para usar en los casinos. Con esos recursos la persona, a veces sin saberlo, apuesta de forma física o en línea. El sistema del casino registra que ganó millones, pero nunca recibe las ganancias ni se entera.

El paralelo con la causa rosarina es cercano. En los dos casos el apostador no es un cliente sino un vehículo. La diferencia es de conciencia: en Rosario el vehículo se llama cajero y sabe lo que hace; en México se llama titular robado y no lo sabe. La función contable es idéntica: fabricar un ganador nominal cuyo retiro tenga apariencia lícita.

La escala mexicana es otra. En noviembre de 2025 el Ministerio de Hacienda detectó una red de lavado en trece casinos de ocho estados. La Secretaría de Gobernación canceló esos trece establecimientos y la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó sus cuentas, tras analizar salas físicas y virtuales, un sector considerado de riesgo relevante por su uso intensivo de efectivo y de transacciones digitales.

El 14 de abril de este año, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos puso nombre propio a esa arquitectura. La OFAC designó al Casino Centenario, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, operado por Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA), al que describió como depósito de pastillas de fentanilo y cocaína del Cártel del Noreste, y como vehículo para lavar ganancias ilícitas e integrarlas al sistema financiero legítimo a través de sus operaciones de juego. CAMSA opera además el Diamante Casino, con sede en Tampico y con un sitio de apuestas homónimo, diamantecasino.com.mx. Los tres fueron incorporados a la lista de Nacionales Especialmente Designados, junto con tres personas ligadas al cártel.

Hay un detalle en ese expediente que conviene retener. La OFAC sostiene que las trastiendas del Casino Centenario eran usadas para torturar e intimidar a presuntos enemigos del cártel.

Y hay otro que conecta las dos orillas. La Dirección General de Juegos y Sorteos mantiene suspendidos en México diez sitios de apuestas en línea: bet365.mx, betano.mx, 1xbet.mx, luckia.mx, netabet.mx, kingsbet.com.mx, kasino.mx y diamantecasino.com.mx, entre otros. Los dos últimos operaban bajo permiso de Atracciones y Emociones Vallarta. Es decir: el mismo dominio que el Tesoro estadounidense designó por sus vínculos con el Cártel del Noreste funcionaba en México con licencia vigente de una permisionaria autorizada. No en la clandestinidad. Adentro del sistema.

La medida forma parte de una actualización del registro oficial: de los 136 sitios autorizados en el país, solo unos dos tercios siguen activos. Y en los primeros cinco meses de 2026 el sector financiero mexicano presentó 202.045 reportes vinculados con juegos con apuestas, concursos y sorteos, por al menos 825 millones de dólares; el aviso solo es obligatorio cuando la operación supera las 645 unidades de medida y actualización.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum resumió el problema en una frase que podría firmar cualquier fiscal argentino: todo lo digital, todo lo que son las plataformas, no está realmente regulado. México llegó tarde a lo mismo. La ley cubre el casino con puerta y no la plataforma con dominio.

Brasil muestra el paso siguiente, el que en la Argentina todavía no se dio: qué pasa con el dinero después. En abril de 2024 la Policía Federal brasileña apuntó en Ceará a al menos seis bets que lavaban para Primer Comando da Capital (PCC) y detuvo a parientes cercanos de Marcola, el líder de esta organización. Se señaló, además, que el Comando Vermelho y otros grupos también usan esos mecanismos para mover recursos del narcotráfico y del tráfico de armas.

La operación Primma Migratio detectó que el PCC movió más de 55 millones de dólares a través del juego —jogo do bicho y bets— y usó parte para corromper agentes públicos. La operación Contenção estableció que la fintech 4TBank lavó 1100 millones de dólares para el Comando Vermelho y el PCC en un solo año, con empresas de fachada y contabilidad clandestina fuera de la supervisión del Banco Central. La operación Spare, continuación de Carbono Oculto, que llevan adelante el Ministerio Público y la Policía Militar de San Pablo, investiga la participación del PCC en apuestas ilegales, adulteración de combustibles y creación de fondos financieros para lavado.

El punto de llegada de esa cadena quedó descripto en el Senado brasileño. El documento final de la Comisión Parlamentaria de Investigación del Crimen Organizado, unas 220 páginas presentadas el 14 de abril por el senador Alessandro Vieira, conecta a facciones y milicias con operaciones del mercado financiero destinadas al lavado. “El caso Master evidenció que el crimen organizado brasileño alcanzó un nivel de sofisticación en que facciones de base territorial, como el PCC, operan en simbiosis con operadores del mercado financiero formal, valiéndose de fondos de inversión, gestoras de activos e instituciones bancarias para lavar miles de millones de reales, corromper agentes públicos y capturar porciones del aparato estatal y regulatorio”, escribió el relator de ese informe.

El informe mapeó 90 organizaciones criminales, dos de alcance nacional y transnacional, presentes en 24 estados y el Distrito Federal; sostuvo que al menos el 26% del territorio brasileño está bajo algún tipo de control del crimen organizado y que 28,5 millones de personas viven en áreas con presencia criminal. Señaló al lavado como “el mecanismo central de sustentación del crimen organizado”, presente en la venta de cigarrillos, oro, mercado inmobiliario, bebidas, fintechs, criptomonedas y fondos de inversión.

El texto, sin embargo, no llegó a ser conclusión del Senado. Fue rechazado por seis votos contra cuatro y la comisión terminó sin el documento aprobado. Varios senadores criticaron la ausencia de indicios sobre responsables de organizaciones criminales y mencionaron, entre los nombres que debieron figurar, a Daniel Vorcaro, dueño del Banco Master. El mismo banquero que, según el Ministerio Público paulista, compró con fondos bajo sospecha una porción de la sociedad anónima del Atlético Mineiro.

En Brasil el dinero no se queda en la plataforma: sube a fintechs, a fondos de inversión, a bancos, a clubes de fútbol. En la Argentina todavía se detiene antes. A Roberto Zuco, detenido en octubre en el country Terralagos de Canning y procesado con prisión preventiva por la mayor causa federal de juego ilegal del país, le encontraron en una caja de seguridad 2,5 millones de dólares y un lingote de oro. Su red operaba una familia de dominios —celuapuestas.com, .net, .io, .space— con 31 sociedades pantalla, más de 200 vehículos, testaferros familiares y depósitos fraccionados. La fiscalía estima que blanqueó más de 7 millones de dólares y 17.000 millones de pesos. Es mucho dinero, pero es dinero guardado en una caja fuerte y en autos. La distancia entre eso y un fondo de inversión que compra un club de primera división es la distancia entre una economía criminal en tránsito y otra ya madura.

Ese es el pronóstico. En México el Estado reaccionó cuando el Tesoro de Estados Unidos empujó. En Brasil, cuando el dinero ya estaba adentro del sistema financiero. En la Argentina la única respuesta hasta ahora es el bloqueo de dominios.

En 2020 Los Monos se quedaron con las salas clandestinas de Leonardo Peiti a fuerza de balazos y extorsión, en una trama que terminó con dos fiscales presos y un senador acusado de garantizar protección judicial. Aquello era juego físico: tragamonedas, garitos, sobres con efectivo. Cinco años después, la célula de Contreras muestra la versión sin local, sin máquinas, con cajeras reclutadas por WhatsApp y la recaudación circulando por billeteras virtuales.

Pairola dejó escrita en el acuerdo con Dipietri la frase que explica la conveniencia del negocio: la actividad de apuestas “no pone en peligro la integridad física de terceros, al menos de forma directa”. Rinde como el narcomenudeo, lava mejor que una financiera y casi no genera expedientes.

Por Germán de los Santos

• Narcotráfico

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