Exigen informes al Gobierno por el tráfico y los pasos ilegales en la caliente y trágica frontera norte

SALTA. Con las crecidas de verano del río Bermejo, dos tragedias se abatieron sobre el pequeño poblado salteño de Aguas Blancas, justo en el límite internacional con Bolivia. Allí murieron al menos tres personas, y dos bebés recién nacidos continúan desaparecidos, en sendos naufragios. Encontraron su destino mortal mientras intentaban cruzar el curso de agua -sumamente agitado y caudaloso por las lluvias de enero y febrero- a través de pasos clandestinos, en precarias embarcaciones o improvisados gomones para flotar. Lo hacen, a pesar de los peligros, para pasar a uno y otro lado del límite todo tipo de cargamentos, legales o ilegales. También, para buscar atención médica del lado argentino.

Según información a la que accedió LA NACION, luego de esas tragedias de la semana pasada, el senador nacional Pablo Blanco (Unión Cívica Radical-Tierra del Fuego) presentó en la Cámara alta un pedido de informes al Poder Ejecutivo, que será elevado a las comisiones próximamente. Busca que se den a conocer públicamente datos que, hasta el momento, son inciertos. Por ejemplo, la cantidad y ubicación de los pasos clandestinos que hay en las fronteras de Salta con los departamentos de Tarija y Potosí, en Bolivia.

El proyecto de Blanco señala: “El Senado de la Nación requiere al Poder Ejecutivo que informe acerca de la existencia de puertos clandestinos, canales de logística informal y organizaciones dedicadas al contrabando, tráfico de personas y narcotráfico en la frontera fluvial del río Bermejo”. En esa línea, también se solicitan estadísticas oficiales, información precisa sobre la posibilidad de que la Prefectura Naval actúe en la zona, datos acerca del despliegue de apoyo logístico del Ejército en la frontera norte y detalles sobre las gestiones diplomáticas “para enfrentar el tráfico transfronterizo ilegal”.

En esa línea, Blanco dijo a LA NACION: “No hay control entre la Argentina y Bolivia. Por eso ocurrieron estas tragedias. Me preocupan el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas. Por eso quiero saber qué tipo de trabajo se realiza para evitar este tipo de navegaciones ilegales. Es necesario desarrollar una política seria en torno a esta problemática, porque mueren personas y se facilitan los delitos”.

Tal como informó LA NACION en recientes publicaciones, toda la frontera norte de la provincia de Salta -en el límite con Bolivia y Paraguay- se encuentra severamente afectada por el recrudecimiento de la violencia de los clanes locales dedicados al crimen organizado.

Los ataques más graves registrados durante la pandemia van desde ejecuciones con sicarios hasta emboscadas a gendarmes que patrullan la zona fronteriza. En este esquema de gravedad, los pasos clandestinos configuran un mapa clave para los beneficios de narcos y contrabandistas. Así, la vigencia de la ilegalidad termina por afectar directamente a los vecinos de comunidades empobrecidas, donde las recientes tragedias y la expansión de los focos de microtráfico cristalizan la fragilidad social.

Comunidades originarias, en peligro por el aumento de las adicciones

Preocupa a los caciques de las comunidades originarias ubicadas en las fronteras con Bolivia y Paraguay -sobre rutas de alto tráfico de cocaína y marihuana- el aumento en el consumo de drogas por parte de los niños de la zona norte del país.

“Hay un peligro bastante definido. Los jóvenes consumen sustancias tóxicas. Hay que plantear un modelo educativo basado en el interés cultural por las comunidades, para vincularlas a la escuela moderna. Estamos perdiendo a los niños porque no tenemos la posibilidad -aunque sí la capacidad- de educarlos según nuestros conocimientos”, dijo a LA NACION el cacique Tichil Mendoza, referente de la comunidad Santa Victoria 2, al ser consultado sobre la expansión del microtráfico en las comunidades ubicadas sobre el límite internacional del norte de la Argentina, en Salta.

Gervasio Barbier, referente de la comunidad Emanuel, del municipio de Santa Victoria Este, analizó la multiplicación de focos de venta en una zona de alto tráfico de cargas de cocaína. Y afirmó: “La problemática de las adicciones afecta a los chicos de las comunidades. Nosotros no tenemos seguridad en la zona. Hay pocos controles, pasan por cualquier lado. No hemos sido escuchados. Tenemos chicos de siete años que ya son adictos”.

“En algunos casos -continuó Barbier- vemos que les venden setenta pesos de nafta para que aspiren y se inicien en el mundo del consumo. Todo es negocio. Un grave problema es que no podemos denunciar a quienes venden droga por las represalias. La policía discrimina”.

Y concluyó el referente comunitario: “Las familias que no son originarias venden drogas a la gente. Esto existe, la maldad llega”.

En la ruta del microtráfico

De esta forma, las declaraciones de los caciques quedan enmarcadas en la preocupante expansión de las redes de búnkeres de microtráfico en zonas de frontera advertida en recientes investigaciones por funcionarios judiciales, políticos y agentes de las fuerzas de seguridad federales apostados en la región.

Las comunidades originarias del norte de Salta se encuentran ubicadas en cercanías de los principales caminos utilizados por las organizaciones criminales para ingresar drogas a la Argentina desde los países productores. Residualmente, esa circulación de estupefacientes permanente genera mercados de microtráfico.

Por ejemplo, el 19 de febrero pasado dos mujeres fueron imputadas luego de que agentes federales del Escuadrón 45 de la Gendarmería Nacional las detuvieran en El Naranjo, al sur de la ciudad de Salta, cuando viajaban de noche con más de 20 kilos de cocaína escondidos en un automóvil.

Sobre la consolidación residual de los mercados de microtráfico en la zona norte de Salta, Nelson Campos, presidente de la comunidad wichi El Algarrobal, ubicada sobre la ruta nacional 34, en la localidad de Pichanal, dijo: “Hay problemáticas estructurales graves. Con changas conseguimos pocos alimentos para nuestros chicos, y los adultos nos pasamos el mate”. Y agregó el cacique Campos: “El alcoholismo está destruyendo a los jóvenes. Y en comunidades cercanas a las zonas urbanas ya entró la droga. Pero nadie se anima a hablar de este tema”.

Durante los últimos meses, en la localidad fronteriza de Salvador Mazza -tal como explicaron fuentes policiales y judiciales- la violencia de los grupos narco recrudeció notablemente en el límite internacional con Bolivia.

Desde este punto caliente en la ruta del narcotráfico, Valentín Alfredo Vargas, referente de las comunidades originarias de la zona de Madrejones, analizó la vida de los jóvenes y chicos de pueblos originarios. Explicó a la nacion: “El abandono es total, histórico, global; cruza a jóvenes y a adultos. Nunca nos escucharon. El principal problema es la falta de agua, se mueren los animales, no hay siembra; en los campos, hoy por hoy, no hay trabajo para las nuevas generaciones”.