Hace cuatro años se supo que se producía cocaína en la ciudad

Después de 364 asesinatos y más de mil heridos de bala contabilizados oficialmente desde enero de 2013, la Casa Rosada y el gobierno de Santa Fe decidieron finalmente este mes coordinar esfuerzos para pacificar las zonas de Rosario conquistadas por grupos narcos .

Pero esta reacción gubernamental a lo que las autoridades provinciales definieron como una "epidemia de violencia" aparece cuatro años después de que se tuvieron pruebas concretas de la instalación de laboratorios de cocaína en Rosario. La justicia federal contaba entonces con elementos concretos para demostrar que la droga era fabricada en esa ciudad y que de esa manera se aumentaba el abastecimiento de los puestos de venta minorista que proliferaron allí desde 2009, conocidos como búnkeres.

En marzo pasado, el Tribunal Oral Federal N° 1 de Rosario sentenció a diez años de prisión a un acusado por elaborar cocaína en Villa Gobernador Gálvez. El caso empezó con allanamientos en 2010 que permitieron descubrir la fabricación local de la droga. No se trató de una cocina, como se denomina el lugar donde se trata la cocaína para aumentar su volumen y conseguir un mejor rendimiento económico, sino de un laboratorio de procesamiento para obtener clorhidrato de cocaína a partir de la pasta base.

Durante esos cuatro años la causa pasó por las instancias judiciales correspondientes, pero nada cambió en otras investigaciones ni llamó la atención a las autoridades en Rosario, a pesar de que la justicia federal determinó la existencia de, al menos, un laboratorio de cocaína.

En la justicia federal rosarina, mientras tanto, se sumaban evidencias del cambio de situación. Delincuentes de los llamados "comunes" se pasaban al negocio narco, una señal de peligro que no salió fuera de los expedientes, que pocos leen. El acusado de elaborar la cocaína en Rosario tenía condenas anteriores por otros delitos, incluso por homicidio. Aunque estaba detenido, en sus "salidas laborales" organizaba el laboratorio que abastecía a los búnkeres con producción local de droga.

La fabricación de cocaína en la zona -luego se descubrirían varios laboratorios en otras causas- es una de las explicaciones acerca de las diferencias entre lo que ocurre en Rosario y en otros lugares. Ese abastecimiento directo posibilitó que más grupos entraran en el comercio ilegal de drogas.

La peligrosidad de las bandas quedó al descubierto ya en 2010, cuando en aquel laboratorio fue hallado también explosivo del tipo trotyl. Pero en ese caso la justicia federal ni siquiera se interesó demasiado, ya que al ser detonado por la brigada de explosivos no se pudo probar la potencial afectación de la seguridad pública y, por lo tanto, no se avanzó en investigar cómo había llegado ese explosivo a manos de los narcos y para qué lo pensaban usar.

La causa se inició por una denuncia anónima y en los allanamientos se encontró "una importantísima cantidad de precursores químicos, necesarios para la última etapa de fabricación, de la transformación de la cocaína en clorhidrato de cocaína", según consta en el informe de los peritos que figura en el fallo.

El expediente dejaba expuesto el sistema de abastecimiento de los búnkeres rosarinos: producción local en manos de delincuentes con antecedentes en otros delitos que se pasaban al negocio narco.

Elección de delegados policiales

Entre hoy y pasado mañana unos 21.000 policías y agentes del Servicio Penitenciario (SP) santafecinos elegirán 13 delegados para integrar la Comisión de Salud y Seguridad en el Trabajo, creada en la órbita del Ministerio de Seguridad para discutir condiciones laborales en una mesa central. Aunque no se lo admita oficialmente, será el primer paso para el reconocimiento de una paritaria para el sector.

Fueron oficializados 124 postulantes (82 para la policía y 42 para el SP) y se habilitarán 71 mesas en toda la provincia.

"Este importante proceso, inédito en el país, posibilitará un marco de participación en el que los agentes podrán debatir y elaborar junto con el Ministerio de Seguridad políticas laborales orientadas a garantizar la prevención de los accidentes y enfermedades del trabajo", dijo el gobernador Antonio Bonfatti. La decisión formó parte del acuerdo de diciembre pasado, que puso fin a varias jornadas de revuelta policial y violentos saqueos.