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Histórico: pidieron 50 años de cárcel para la banda que intentó copar una comisaría para liberar a un preso
Es la pena máxima prevista en el Código Penal; según los fiscales, el hecho ocurrido en La Matanza, en abril de 2018, fue un atentado contra el orden institucional de la provincia; el viernes se conocerá la sentencia
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LA NACIONGabriel Di Nicola
En un durísimo alegato en el que se afirmó que el hecho juzgado había constituido un ataque contra el orden institucional de la provincia de Buenos Aires, el Ministerio Público Fiscal de La Matanza pidió la histórica pena de 50 años de prisión para siete integrantes de una banda criminal que, a los tiros, intentó copar una comisaría para liberar a un preso y que, en el cruento ataque, dejó parapléjica a una mujer policía.
Según informaron a LA NACION fuentes judiciales, el pedido de pena fue solicitado por los fiscales Ariel Speranza Rossi y Alejandra Núñez en su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº4 de La Matanza, que está integrado por los jueces Gerardo Gayol, Franco Fiumara y Nicolás Grappasonno.
La pena solicitada por la fiscalía es la mayor contemplada en el Código Penal y surge de la sumatoria de las graduaciones correspondientes a los distintos delitos concurrentes. Hasta 2004, la máxima pena era la prisión perpetua, con un tope de 25 años de prisión. Pero tras la aprobación de las denominadas leyes Blumberg –que agravaba los montos para los delitos graves y modificaba la regla del concurso de penas– se fijó el tope de 50 años de prisión o reclusión para los responsables de distintos delitos en concurso real.
Los acusados del copamiento de la comisaría de San Justo llegaron al debate imputados por homicidio agravado por haber sido cometido por el concurso premeditado de dos o más personas, criminis causae, contra un miembro de la seguridad pública, y por haber sido cometido por el uso de arma de fuego reiterado en cuatro oportunidades, y en grado de tentativa; portación ilegítima de arma de guerra y evasión en grado de tentativa.
En su alegato, el fiscal Speranza Rossi sostuvo que se había tratado de un ataque a una institución democrática, como lo es una comisaría.
El hecho ocurrió el 30 de abril de 2018 en la Comisaría Distrital Noroeste 1ª de La Matanza. Durante el ataque por asalto fue herida a balazos la sargento Rocío Villarreal. La uniformada salvó su vida de milagro, pero quedó parapléjica.
En el banquillo de los acusados están, entre otros, Leandro Aranda, el preso al que intentaron liberar a los tiros; su mujer, Ludmila Zahira Bustamante, y su abogada, Leticia Tortosa.
Para Tortosa, el Ministerio Público Fiscal, también pidió una pena de 50 años de cárcel e inhabilitación perpetua para el ejercicio de su profesión. Según la acusación, la letrada le habría entregado un teléfono celular a Aranda para que él pudiese organizar el plan de fuga desde la celda de la comisaría.
“La abogada Tortosa procuró la permanencia de Aranda en la seccional policial y no su traslado a una unidad carcelaria para poder concretar la fuga”, explicaron a LA NACION fuentes judiciales.
Sobre el papel que cumplió la abogada de Aranda, el Ministerio Público hizo dos planteos: además de solicitar 50 años de cárcel, subsidiariamente, como partícipe secundaria, pidió 20 años de prisión con inhabilitación perpetua.
Solo para uno de los ocho acusados la fiscalía pidió una pena distinta: por el delito de encubrimiento agravado por hacer falsa denuncia.
Doloroso testimonio
La policía gravemente herida declaró como testigo la semana pasada en el juicio. “Ese día mi vida cambió por completo. Ya no tengo una vida normal”, dijo Villarreal, que pidió que se haga justicia.
El año pasado, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, instituyó el 30 de abril como el Día del Personal Policial Herido en Acto de Servicio. Villarreal fue ascendida y pasó a retiro por incapacidad.
Durante el debate también declararon Aranda y Bustamante. En su indagatoria, el supuesto ideólogo del plan afirmó que solo quería fugarse y que la intención no era lastimar a nadie. “Reconoció casi todo y pidió perdón”, explicó una calificada fuente judicial consultada.
Aranda, según ese vocero, quiso desligar de los hechos a su mujer, Zahira Bustamante, que está detenida por su presunta participación en el plan criminal.
Últimas palabras
Después de los alegatos de las defensas, que plantearon nulidades y pidieron absoluciones por falta de prueba o condenas por montos menores, el tribunal les dio a los imputados la oportunidad de decir sus últimas palabras antes de pasar a un cuarto intermedio para deliberar y, después, dar su veredicto.
La abogada Tortosa, emocionada, afirmó que jamás hubiese participado de un hecho criminal de tamaña magnitud y repercusión pública. Sostuvo que se sacrificó mucho para estudiar y tener una carrera universitaria. Recordó que fue la primera de su humilde familia que terminó la escuela secundaria y la Universidad.
“Nunca hubiese mancillado el orgullo de mi familia”, dijo Tortosa, según reconstruir LA NACION de fuentes judiciales. Este viernes, a las 11, el tribunal dará a conocer el veredicto del histórico caso.
El ataque
Cuando se produjo el copamiento de la seccional de San Justo para “rescatarlo”, Aranda estaba detenido desde el 25 de agosto de 2017, acusado de haber asesinado a balazos a Nicolás Ojeda, en lo que, según se presume, fue un crimen relacionado con el tráfico de drogas.
La sospecha de los investigadores de la Fiscalía Temática de Homicidios de La Matanza, según publicó oportunamente la agencia de noticias Télam, era que Aranda y Ojeda formaban parte de una misma organización delictiva que a mediados de 2017 le habría robado un cargamento de 70 kilos de cocaína a un narco que operaba en la ciudad de Buenos Aires.
Una vez que tuvo el cargamento en su poder, se sospecha que Ojeda traicionó a Aranda y que este, entonces, juró venganza y asesinó a su excómplice tras una discusión en una villa de La Matanza.
Cuando ya estaba preso por ese homicidio, Aranda organizó el plan criminal de su evasión a través del teléfono celular que le había entregado durante una visita su abogada, que terminaría sentada en el banquillo de los acusados por eso.
“Determinó a sus cómplices para llevar adelante su evasión, la que debería indefectiblemente terminar con la vida de los efectivos policiales que custodiaban el lugar”, según se desprende del expediente judicial.
El grupo que llegó aquella madrugada a la dependencia tenía, según la Justicia, una clara división de roles y funciones. Parte de la banda vestía ropas similares a las que usan las fuerzas de seguridad.
“Algunos de los sospechosos se quedaron afuera para resguardar la zona. Otros ingresaron en la seccional y efectuaron disparos contra el personal policial que se encontraba en la guardia”, consta en el expediente judicial.
Para la Justicia no hay dudas de que el objetivo era matar a los uniformados de guardia. En el ataque fue herida de gravedad la sargento Villarreal, que “recibió al menos dos disparos, provocándole una herida toracoabdominal derecha con lesión de pulmón derecho, riñón derecho, hígado, diafragma y lesión medular en vértebra número 12, sin lograr [Aranda] su cometido por razones ajenas a su voluntad, dado que el personal policial actuó a los fines de repeler la agresión de los sujetos, los que debieron, en virtud de dicha defensa, abandonar la seccional policial, fugándose”.
Pocas horas después, la fiscal Núñez y la policía bonaerense identificaron y detuvieron a los sospechosos. Zahira Ludmila Bustamante, la novia de Aranda, fue arrestada en la puerta de la comisaría atacada cuando decenas de familiares de los presos y curiosos se agolpaban frente a la dependencia para interiorizarse sobre la situación de los detenidos, que eran trasladados a distintos penales bonaerenses.
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