Hubo alertas tempranas: el problema es que nadie las atendió
Denuncias de vecinos no fueron atendidas eficazmente; la Justicia se limitó a seguir los procedimientos al resolver la tenencia y el sistema de Salud no cruzó información sobre recurrentes traumatismos y fracturas sufridas por Lucio
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LA NACIONFernando Rodríguez
El flagelo de los femicidios puso sobre la mesa de la discusión pública la necesidad urgente de que se establezcan mecanismos de alerta temprana que permitan una acción rápida y efectiva para impedir la escalada de violencia y salvar a las potenciales víctimas.
Eso que sigue siendo una deuda del Estado en el caso de la violencia de género quedó ahora en evidencia en La Pampa con el crimen de Lucio Dupuy. Las agencias estatales, los poderes del Estado, siguen sin escuchar ni ver los signos de peligro que acechan a quienes no pueden alzar la voz por sí mismos: las mujeres víctimas de violencia machista y los niños. Los más desvalidos.
En el caso de Lucio, la policía no estuvo a la altura de los acontecimientos. Ayer se supo que tuvieron en sus manos una oportunidad quizás única para ayudarlo: una vecina escuchó que –una vez más– le estaban dando una paliza; un patrullero fue hasta el lugar y los oficiales apenas se limitaron a gritarle desde afuera a la mamá del chico que en la casa de al lado habían escuchado que al nene le estaban pegando.
No hicieron nada más. No pidieron orden para entrar. Ni siquiera constataron si allí adentro había un chico, y mucho menos, si estaba en peligro. Hoy se sabe que era así.
Ayer, el mismísimo jefe de la policía de La Pampa intentó justificar la inacción. Le echó la culpa a los que hicieron la denuncia. Dijo que habían pasado mal la dirección y que por eso el caso quedó “en la nada”.
Si eso fuera cierto, mal estuvo la policía en no averiguar un poco más, sobre todo porque quien estaba en peligro era un niño indefenso. Pero no, el propio denunciante lo desmintió. Y la descripción de lo que hizo la policía (gritar en la puerta, como si fueran vendedores ambulantes), no hizo más que confirmarlo. No hicieron nada.
Los distintos organismos estatales buscaron, desde el sábado, la forma de eludir los cuestionamientos. La familia paterna de Lucio afirmaba que, en el contexto del litigio por la tenencia del chico, habían aparecido indicios serios de que el menor podía estar en peligro. La Justicia, en esa instancia, se limitó a atribuir la tenencia a la madre, que durante más de un año había dejado al niño al cuidado del hermano del padre. Los hechos consumados desnudan hoy que la intervención judicial meramente procedimental no bastó para velar por el bienestar de Lucio.
Otra usina de alertas debió haber sido la historia clínica del niño. Ayer, también, se supo que entre fines del año pasado y marzo de este año Lucio debió recibir atención médica varias veces por traumatismos e, incluso, fracturas. ¿Que un chico de 5 años se golpea y está expuesto a lastimarse más o menos seriamente? Claro, pero ¿tantas veces en tan poco tiempo?
Otra vez, si existieran mecanismos serios de alerta temprana y protocolos efectivos de intervención, las señales podrían ser el punto de partida de acciones proactivas capaces de proteger la vida y la salud de quienes podrían estar en peligro cierto e inminente.
No se trata de falta de medios tecnológicos o personales. Es, solo, querer hacer las cosas bien a favor de la sociedad a la que, por definición, los servidores públicos deben “servir”.
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