Instituciones marplatenses critican “el silencio político” ante la creciente violencia y el impacto que puede tener en el turismo

MAR DEL PLATA.- “¡Está el nene, está el nene, por favor!”. El ruego a los gritos de Celeste, que se escuchó con claridad solo cuando uno de los cinco delincuentes que había irrumpido en su casa dejó de taparle la boca por un segundo, se sumaba a los quejidos de su marido, que había sucumbido a fuerza de trompadas, patadas y hasta un golpe con un palo de hockey. El video de la escena, viralizado en redes sociales y de mensajería instantánea, retumbó durante horas por la ciudad y se irradió al resto del país: el registro de cómo una banda se metió en la vivienda de esta familia, a media mañana y a 150 metros del Golf Club de Playa Grande, la mantuvo como rehén y le robó su camioneta y otras valiosas pertenencias.

El impacto de este caso, ocurrido 48 horas después de una convocatoria que sumó unas 20 manifestaciones simultáneas en distintos puntos del distrito para reclamar seguridad, se sumó a la conmoción que hace casi cuatro semanas generó una seguidilla de crímenes: en apenas 24 horas se confirmaron dos asesinatos en ocasión de robo —de un chofer de aplicación y de un comerciante— y un femicidio.

La acumulación de esos y otros episodios de menor magnitud, pero igualmente preocupantes, llevó a que unas 30 instituciones –cámaras empresarias y comerciales, gremios y colegios profesionales– se unieran en un comunicado conjunto dirigido a gobernantes y responsables políticos de distintos estamentos del Estado para que dejen de lado las diferencias ideológicas y trabajen de forma urgente y conjunta en una estrategia para prevenir y combatir el delito.

“Preocupa el silencio de la política”, acusaron y advirtieron que la seguridad “no pertenece a un partido”. Este conjunto de representantes de las fuerzas vivas marplatenses les pidió así a funcionarios y legisladores que coloquen el tema “entre las prioridades de la gestión” y que recuerden que “no puede quedar subordinada a disputas electorales, diferencias ideológicas o intereses sectoriales”.

En el comunicado manifestaron su “extrema preocupación” por la problemática; no mencionaron ningún hecho en particular, pero sí apelaron a estadísticas oficiales que muestran que en el primer semestre de este año se computaron 25 homicidios contra 17 del mismo periodo de 2025. “Un 47% más”, aclararon, para graficar la magnitud del incremento.

El último crimen también tuvo trascendencia nacional: un comerciante local mató a un menor de 16 años cuando quisieron robarle la camioneta en la que se había apostado para vigilar su local, que horas antes había sido objeto de un atraco. Después de pasar una semana preso, le otorgaron el arresto domiciliario. Casi un centenar de personas manifestaron frente a tribunales y celebraron la medida, aunque reclamaron, también, que se le otorgue la libertad y no solo la morigeración de la condición de detención: para los vecinos está claro que Ulises Cristiano actuó en defensa propia.

¿Qué advierten los directivos de las fuerzas vivas de la ciudad que coinciden en el reclamo?: episodios de violencia urbana muy frecuentes (la mayoría de los homicidios fueron por disputas callejeras o enfrentamientos personales), delitos contra la propiedad que se multiplican en cantidad e incrementan el riesgo para las víctimas, robo de autos y motos en alza y también a comercios, sea a mano armada o en la modalidad de hurto, también muy frecuente.

“La sociedad necesita ver a sus representantes comprometidos, actuando, coordinando y construyendo soluciones, no observando desde la distancia”, dice el comunicado, en el que también se reconoce que, días después de aquellos tres crímenes mencionados, aparecieron nuevos patrulleros y bajaron autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires para encabezar operativos de saturación, con resultados diversos.

Las figuras centrales de la política, tanto local como provincial, no se han referido a esta problemática que mantiene en vilo a los marplatenses.

Empresarios, comerciantes, dirigentes sindicales y profesionales, desde las instituciones que los agrupan y representan, ponen la mira, además, en uno de los efectos colaterales de la inseguridad. Más allá de lo que sufre en carne propia cada vecino que es víctima de un hecho delictivo, el impacto de la violencia se transmite a la actividad económica y genera sombras sobre uno de los motores de la ciudad: el turismo.

Citan, en tono de advertencia, la mala experiencia de Acapulco, balneario que alguna vez fue la joya de México en el Pacífico y que se degradó dramáticamente de la mano de la inseguridad y de la acción del crimen organizado. Por eso, requieren de las autoridades locales y provinciales un esfuerzo que permita alcanzar resultados más optimistas, como los que se lograron en Nueva York y Medellín, que pudieron recuperarse de olas de delito y violencia graves. Más cerca en la distancia, las instituciones que representan a las fuerzas vivas marplatenses valoran, en su alegato, la recuperación de la ciudad de Rosario, que poco a poco ha encontrado una senda de morigeración de lo peor del narcotráfico y de las redes del delito complejo.

“La seguridad debe convertirse en política de Estado”, reclamaron las instituciones firmantes del comunicado, que reclaman a mandatarios del municipio, la provincia y la Nación, legisladores, concejales y fuerzas políticas que trabajen para dar “respuestas concretas, coordinación institucional, planificación y resultados medibles”.

“Sin seguridad no hay libertad, no hay trabajo, no hay inversión, no hay desarrollo y no hay futuro”, concluyeron.

Por Darío Palavecino

• Seguridad

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