Investigan una red de tráfico aéreo de drogas que opera en la frontera norte

El decomiso de una avioneta y la captura de dos ciudadanos bolivianos abrió una investigación sobre una red de tráfico aéreo de cocaína que opera en la frontera norte. La Gendarmería inició la pesquisa luego de recibir una alerta sobre los sospechosos movimientos de la tripulación de una aeronave Cessna 210 que el pasado 9 de julio había aterrizado en el aeródromo Vespucio, en la localidad salteña de General Mosconi. La inquietud que despertaron los sospechosos en el personal de la pista quedó confirmada cuando se estableció que uno de ellos tenía antecedentes de narcotráfico en Paraguay.

Fuentes vinculadas con la investigación detallaron que llamó la atención el plan de vuelo que habían entregados los tripulantes del Cessna, ya que el relato oral sobre el aeropuerto de salida no coincidía con la planilla oficial. Por un lado dijeron que el despegue se realizó en Paraná, pero al dejar constancia del plan de vuelo se anotó a Santiago del Estero como punto de partida. Además, cuando se hizo un chequeo del remise con el que estaban por salir del aeródromo se visualizó que, además de equipaje, portaba varios bidones para cargar combustible. Esa es una potencial señal de que en algún momento podían operar en una pista clandestina. Esos indicios llevaron a profundizar la investigación.

Se estableció que dos de las personas que llegaron en ese vuelo se habían alojado en un hotel de General Mosconi, a unos 70 kilómetros de la frontera con Bolivia y a la vera de la ruta nacional 34, uno de los ejes del movimiento de tráfico de cocaína. La Sección de Investigaciones Antidrogas Aguaray de la Gendarmería, estableció que las sospechas iniciales tenían un peso suficiente como para advertir que se estaba frente a alguna maniobra ilegal, por lo que detallaron sus descubrimientos a la fiscal Lucía Orsetti, que subroga la unidad del Ministerio Público en Tartagal, y al juez federal de Orán, Gustavo Montoya, quienes avalaron que la investigación subiese a un nivel superior con allanamientos y detenciones.

Los dos sospechosos fueron arrestados en el hotel donde se alojaban y los investigadores obtuvieron allí elementos que permitirían no solo consolidar indicios para fundamentar los procesamientos de ambos ciudadanos bolivianos, sino también avanzar en la pesquisa. En ese operativo también participó como apoyo una unidad del destacamento de Tartagal, ciudad que se ubica a unos treinta kilómetros de General Mosconi. Los investigadores esperan hallar nuevas pistas sobre la red delictiva a partir de los dos celulares que fueron secuestrados en ese procedimiento.

Esas personas tenía en su poder una gran cantidad de efectivo, un monto superior a los 300 millones de pesos, según contaron fuentes que conocen las alternativas de este caso.

Los detenidos habrían sido identificados por fuentes de la investigación como Diego Moreno Ayala y Carmelo Medina Parada. Ese último detenido tiene antecedentes que resultaron de mucho interés en esta pesquisa y que terminaron por orientar el caso de una caratula de averiguación de delito a una calificación de investigación preliminar por infracción a la ley 23.737, que establece los delitos y las penas en casos vinculados con drogas.

El mencionado Medina Parada tiene calificación de piloto de avionetas. Y había estado detenido en Paraguay por el tráfico de drogas. El 19 de septiembre de 2010 realizó un aterrizaje de emergencia en una estancia situada en la localidad paraguaya de Iruña, en el distrito de Alto Paraná. No se trató de un simple percance aéreo, sino que la aeronave capotó con una importante carga: 440 kilos de cocaína. Ese piloto fue atrapado a ocho kilómetros del lugar del siniestro, mientras buscaba alejarse del embarque ilegal.

“Se acreditaron los ilícitos penales de tenencia y tráfico de 440 kilos de cocaína. Además, hubo resistencia de los ciudadanos bolivianos porque ante las claras advertencia de detenerse en la pista, arremetieron con fuerza la aeronave e inclusive hirieron a un agente antidrogas. Luego, fueron detenidos a 8 kilómetros del lugar donde la aeronave hizo un aterrizaje de emergencia (llegó a capotar) y el jefe de ese grupo policial, el comisario Zacarías Centurión, declaró en juicio oral que inclusive hubo un intento de soborno de estos ciudadanos bolivianos para lograr su libertad, lo que no fue aceptado”, señaló en el juicio el fiscal encargado de llevar adelante esa acusación en 2013, según consignó en su momento el periódico ABC.

El fiscal que acusó al piloto boliviano fue Marcelo Pecci, un hombre que se transformó en un emblema de la lucha contra el crimen organizado no solo en su país, sino en toda la región, y que fue asesinado en mayo de 2022, en una de las islas cercanas a la turística ciudad colombiana de Cartagena de Indias. Los sicarios fueron detenidos y condenados en Colombia, pero la sospecha principal apuntó como responsable intelectual a Sebastián Marset, el narco uruguayo que fue detenido este año en Bolivia y extraditado de inmediato a los Estados Unidos.

En ese juicio celebrado en 2013 que tuvo como acusado central al piloto boliviano ahora detenido en Mosconi se había firmado una condena de 20 años de prisión. La avioneta utilizada para el transporte de drogas descubierto en Paraguay fue una Cessna 210. El mismo modelo que resultó secuestrado en los últimos días en el aeródromo Vespucio, en General Mosconi. A 16 años de ser atrapado con una aeronave cargada con drogas, la reaparición de Medina Parada activó una protocolo de urgencia para evitar una fuga. No tenía pedido de captura vigente, pero ese antecedente resultó un indicio de peso para dar un mayor impulso a la investigación en Salta.

Los sospechosos detenidos tenían previsto alojarse ocho noches en el hotel de General Mosconi, un tiempo prolongado que también despertó dudas. Una de las hipótesis de los uniformados que avanzan en esa causa es que la aeronave Cessna habría sido adquirida de manera legal -su costo estimado es de US$ 150.000- con el objetivo de sumar la avioneta al tráfico de drogas. La presencia de los bidones para cargar combustible adicional alerta sobre la posibilidad de que hubiesen tenido la intención de despegar del aeródromo de General Mosconi para bajar en algún camino alternativo cercano y allí cargar cocaína para llegar a zonas de “bombardeo” en Santa Fe, sur de Córdoba o norte de Buenos Aires. Es la teoría que se maneja en la investigación que tiene a los dos ciudadanos bolivianos detenidos.

De todas maneras, el procesamiento dictado en los últimos días fue por los delitos de ejercicio ilegal de la actividad aeronáutica y tentativa de contrabando de exportación agravado. En ese caso, el contrabando sería la propia avioneta que si bien podría haber sido adquirida en forma legal, no contaba con los permisos necesarios para que opere con base en Bolivia con matrícula argentina.

El secuestro de una avioneta como el registrado en General Mosconi es considerado importante por los investigadores, ya que existen antecedentes cercanos que marcan el valor de una captura de esas características para avanzar sobre estructuras delictivas. En 2022, por ejemplo, se inició una pesquisa tras el hallazgo en Pergamino de una aeronave que había aterrizado en emergencia y que fue abandonada por la tripulación. Cuatro años después, la causa ya tiene 39 personas procesadas como parte de una organización criminal que aportaba logística al movimiento de cocaína.

Por Daniel Gallo

• Narcotráfico

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