La corrupción del Estado, campo fértil para el dinero del narcotráfico
La inesperada y urgente aprobación de la construcción de un crematorio en Villa Gobernador Gálvez encerraba el negocio de lavado de dinero del cartel colombiano de los Urabeños, que en Rosario embebía cocaína en cargamentos de arroz que pretendía enviar a Europa, vía África
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PARA LA NACIONGermán de los Santos
"Pidan lo que quieran, pero esto tiene que aprobarse hoy", urgió a los siete ediles Diego Garavano, el presidente del Concejo Deliberante de Villa Gobernador Gálvez, una ciudad de 80.000 habitantes separada de Rosario por una avenida. Aquel 7 de octubre de 2013, sobre la mesa del recinto había una carpeta verde con el rótulo: "Crematorio V.G.G.". La había enviado unos minutos antes el intendente Pedro González (Partido Justicialista), yerno de Garavano.
Carlos Dolce, del Partido Socialista, fue el único que se abstuvo y no aprobó el expediente Nº 4933/13. "Sospeché que detrás del crematorio había algún negociado del intendente, pero lo vinculé con el tema inmobiliario", dijo. Se equivocaba.
¿Quién podía pensar que detrás de la construcción de ese crematorio había un grupo narco transnacional? Esa "inversión" del cartel colombiano de los Urabeños formaba parte de los $ 15.712.068 que esta organización había lavado en la Argentina a través de 30 empresas que crearon en el país desde 2010.
Esta organización se asentó aquí con el liderazgo de los hermanos Erman y Williams Triana Peña a través de una red de empresas en la Capital, Santa Fe, Tucumán y Mendoza, y en otros países, fundamentalmente Colombia y Panamá. Con esas compañías lavaban el dinero narco. El cartel buscaba nuevas rutas para el tráfico de cocaína y África aparecía como un punto intermedio para llegar a Europa y a Asia.
Aquel trámite en el Concejo de Villa Gobernador Gálvez es una muestra de cómo el dinero del narcotráfico podía colarse por los puntos más débiles del Estado. En este caso, de un municipio donde las grietas y los escasos controles institucionales dejaban el resquicio para que los fondos sucios se blanquearan en obras que no eran necesarias y por las que nadie pediría demasiadas explicaciones. En esa ciudad asediada por la pobreza y la violencia -ese año hubo 38 crímenes-, el gobierno local alentaba la construcción de un sistema para incinerar cadáveres. Y nadie, según Dolce, iba a controlar qué cuerpos se cremarían.
Dos años después de que se aprobó la edificación del crematorio aparecieron algunas respuestas. El 17 de septiembre de 2015, la Gendarmería allanó el depósito fiscal de la empresa Binder SRL, en Rosario, y halló una carga de 46 toneladas de arroz que escondía 12 kilos de cocaína.
Esa carga, despachada por la empresa Euroexport SRL -con domicilio en Buenos Aires 440, San Miguel de Tucumán-, tenía como destino Guinea-Bissau, África, donde el cereal llegaría a través del programa Hambre Cero, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En el predio de tres hectáreas lindero al cementerio San Lorenzo, de Gálvez (298 kilómetros al noroeste de Buenos Aires), la mutual Provincias Unidas -pantalla que usaba el cartel- iba a desembolsar, según el convenio de concesión Nº 3369/2013, 19.500.000 pesos y 700.000 dólares para el crematorio.
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El 11 de noviembre de 2014, la mutual Provincias Unidas pagó al municipio, en concepto de canon, un adelanto de $ 2.000.000. Un mes después de que el dinero se acreditó en la cuenta Nº 0074002 del Nuevo Banco de Santa Fe, Guillermo Heisinger, el arquitecto financiero del cartel y funcionario del Ministerio del Interior durante la gestión de Carlos Menem, caminaba por San Martín al 800, en la city porteña, cuando sonó su teléfono.
El sol era implacable a las 14.26 de aquel 4 de diciembre de 2014. Estaba a sólo 20 metros del edificio del Consejo Federal de Inversiones, pero prefirió no entrar; decidió soportar el calor parado en la vereda del viejo edificio de Harrods para atender esa comunicación, que era importante por quien llamaba.
Lo primero que le preguntó a su socio Aldo Corizzo fue: "¿Vio la luz lo del crematorio?". Corizzo, un jubilado que vivía en el barrio Martín, de Rosario, y tenía como domicilio legal el departamento de Heisinger en Alvear 1502, en el barrio porteño de Recoleta, fue quien tejió el "negocio" en Villa Gobernador Gálvez.
"Ya firmé con el «Gordo» González", le contó Corizzo. Preguntó si Carlos Yorelmy Duarte Díaz, uno de los capos colombianos de la banda, había vuelto de Uruguay. Tenía que reunirse con él en Rosario para pasarle las novedades. "Primero firmo lo del crematorio y después lo del puerto", resumió Corizzo en esa breve comunicación, de dos minutos.
Faltaba cerrar otros eslabones de la cadena de "inversiones" que delineaba el cartel liderado por los hermanos Triana Peña para lavar dinero del narcotráfico y, además, exportar cocaína vía África.
Querían manejar un puerto en Fray Luis Beltrán, al norte de Rosario, para exportar los cargamentos de arroz con cocaína de máxima pureza que "el Especialista" Wilmar Yuriano Valencia Estrada (detenido por la policía en el aeropuerto de Cali, Colombia) preparaba en la casa en Arroyito (Víctor Mercante al 1100), junto con el oncólogo argentino Gabriel Zilli, reconocido especialista en tratamientos contra el dolor en enfermos terminales.
La otra pata estaba relacionada con el fútbol: pretendían desembolsar dinero en Rosario Central para la compra de jugadores. Era un recorrido similar al que habían trazado en el club El Porvenir, de Gerli, en el sur del conurbano. "El Porve" atravesaba uno de los momentos más duros desde su fundación, en 1915: jugaba en la D y no tenía muchas chances de ascender.
El 25 de febrero de 2015, la comisión directiva firmó un acuerdo con la empresa International Trade and Commerce (ITC), cuyos titulares eran el colombiano Carlos Yorelmy Duarte Díaz y Heisinger. La firma, creada en 2011, según la causa Nº 7650/2014, había administrado 24.708.935 pesos durante cuatro años y aportó al club 2.160.000 pesos en cuotas mensuales de 80.000. A cambio obtenían el 70% de los derechos económicos de todos los jugadores del club. El veterano dirigente de El Porvenir Enrique Merelas, entonces presidente de la institución de Gerli, había firmado el acuerdo ante la desesperación por obtener fondos frescos.
"El Porve" estaba en bancarrota y el cartel de los Urabeños se aprovechaba de las debilidades. Además, la conducción del club ayudaba a que las grietas se ensancharan: era muy poco transparente. El 15 de mayo pasado, Merelas fue llamado a declarar por la Fiscalía Nº 8 de Lomas de Zamora por los delitos de "administración fraudulenta, estafa y confección de balances apócrifos". Habían desaparecido los balances de los últimos años.
Duarte Díaz y Heisinger querían volver a aplicar el "manual" para lavar dinero en Central, un club mucho más grande que El Porvenir, pero al que se asemejaba en la crisis que atravesaba tras el descenso de 2010, en la presidencia del histórico dirigente radical Horacio Usandizaga.
El acuerdo con Rosario Central no se pudo sellar. El juez federal porteño Sergio Torres decidió, el 17 de septiembre de 2014, cinco días después de otra conversación entre Heisinger y Corizzo, que la Gendarmería debía allanar el depósito fiscal Binder, donde estaba el cargamento de arroz embebido en cocaína que iría a Guinea-Bissau.
Durante los días en que ambos conversaban sobre la posibilidad de meterse por las grietas de Rosario Central para manejar la compraventa de jugadores, a cuatro cuadras del Gigante de Arroyito, el oncólogo Gabriel Zilli "cocinaba" arroz en una gigantesca olla con "el Especialista" Valencia Estrada. En esa casa también participaba del "experimento" Jorge Eliécer Ramírez Cuartas.
"El Especialista" era uno de los expertos más hábiles del mundo en camuflar cocaína para no ser descubierta por los escáneres. A los peritos les llevó medio año determinar cómo hacía para cubrir con una fina película de cocaína cada grano de arroz. Nunca habían visto algo igual.
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