Golpe para Elías Piccirillo. Procesan al marido de Jesica Cirio por plantarle cocaína y una 9 milímetros a un acreedor
El juez federal Sebastián Casanello le dictó la prisión preventiva por secuestro coactivo, transporte de drogas, encubrimiento y portación ilegal de arma; le trabó un embargo de $100 millones
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LA NACIONGabriel Di Nicola
Elías Piccirillo, el marido de la modelo y conductora de TV Jesica Cirio, fue procesado con prisión preventiva por los delitos de secuestro coactivo, transporte de estupefacientes agravado, encubrimiento agravado y portación ilegal de arma.
Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. La resolución fue firmada en las últimas horas por el juez federal Sebastián Casanello. El magistrado hizo lugar a lo solicitado por el fiscal Franco Picardi.
El magistrado, además, fijo un embargo sobre los bienes de Piccirillo hasta cubrir la suma de 100 millones de pesos.
También fueron procesados con prisión preventiva el comisario de la Policía de la Ciudad Iván Helguero, quien hasta su detención era el jefe de la División Robos y Hurtos Zona Norte de la fuerza de seguridad porteña, y Carlos Smith, conocido por los apodos de El Lobo y Charly y que había sido parte de la Policía Federal Argentina (PFA) hasta su exoneración.
Según la resolución, a la que tuvo acceso, LA NACION Piccirillo, Smith y Helguero estuvieron a cargo de la organización del procedimiento ilegal donde se le “plantó” cocaína y una pistola a un empresario con el que tendría una millonaria deuda que superaría los 6.500.000 de dólares.
En el denominado “operativo ilegal”, del que participaron oficiales que cumplían funciones en la División Robos y Hurtos Norte de la Policía de la Ciudad, ocurrido en las primeras horas del 18 de enero pasado, fueron detenidos Francisco Hauque y su pareja, Anahí Aquino Laprida, después de haber cenado en el Palacio Duhau, en Recoleta, con Piccirillo.
El personal de la fuerza de seguridad porteña secuestró 1,200 kilos de cocaína y una pistola nueve milímetros en el Audi A8 de Hauque.
En ese momento, los policías se comunicaron con el juzgado federal de turno para solicitar instrucciones. La jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó la detención de la pareja.
Según el expediente judicial, Hauque y su pareja dijeron en sus indagatorias que Piccirillo podría haberle “plantado” el arma y la cocaína para evadir la millonaria deuda.
La pareja estuvo presa tres semanas. El 10 de febrero pasado, la jueza Capuchetti, luego de una investigación del fiscal Gerardo Pollicita, dictó el sobreseimiento de ambos y ordenó extraer testimonios para que se investiguen las circunstancias detrás del “operativo ilegal”.
El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal N°11, subrogado en ese momento por el juez federal Ramos, quien delegó la investigación en el fiscal federal Picardi.
“Se encuentra probado que Piccirillo, Smith y Helguero, estuvieron a cargo de la organización del procedimiento ilegal objeto de la presente [investigación], tanto en la gestación como en su desarrollo y culminación. En lo que respecta a la preparación del operativo, Piccirrillo contactó a Smith, con quien tenía una relación previa, para que utilizara sus “contactos” con policías con miras a materializar el procedimiento ilegal. Smith se contactó con Helguero, quien había sido compañero de promoción en la Policía Federal Argentina y se encontraba a cargo de la División Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Helguero, aceptó la propuesta y puso a disposición del plan ilegal a distintos agentes policiales de la división a su cargo", sostuvo el juez Casanello en la citada resolución.
Tras conocer la decisión del juez Casanello, el abogado Fernando Sicilia, a cargo de la defensa de Piccirrillo, sostuvo a LA NACION: “Vamos a apelar el procesamiento, totalmente a ciegas, ya que la causa sigue en secreto de sumario. No me pasó nunca en 20 años de carrera. Esto violenta el derecho de defensa en juicio y atenta contra una defensa eficaz. Nos dan tres días para atacar un procesamiento en el que pudimos ver el expediente solo por diez días y que desde la semana pasada está restringido. No hay igualdad de armas. La fiscalía trabajó un mes y medio con la causa, mientras nosotros solo tuvimos diez días para acceder. Desconocemos la prueba incorporada desde la declaración de Smith. Más allá de la imposición del sistema inquisitivo en todo su esplendor, nos reduce los motivos de agravio para ser presentados en el recurso de apelación. Por ello, además de todo lo que impugnaremos, vamos a pedir que se nos permita ampliar los motivos de agravio”.
Además de Piccirillo, Smith y Helguero fueron procesados por los delitos de privación ilegal de la libertad, incumplimiento de deberes y abuso funcional seis oficiales de la Policía de la Ciudad que estaban bajo las órdenes de Helguero.
En el dictamen donde había solicitado los procesamientos de los sospechosos, el fiscal Picardi había sostenido que “el operativo ilegal desplegado por los funcionarios públicos de la citada división [Robos y Hurtos Norte] abarcó una organización y coordinación previa, así como la realización de tareas de inteligencia sin sustento legal”, según informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar.
Según el representante del Ministerio Público “todo ello, tuvo como objetivo la privación ilegal de la libertad de Hauque y Aquino Laprida, quienes fueron retenidos y encarcelados bajo supuestos falsos con el fin de que Hauque no pueda exigirle el pago de una deuda de aproximadamente 6.000.000 de dólares que Piccirillo mantenía con él y tolerar de esta forma dicha situación”.
Para Picardi “existen suficientes indicios para sostener que Piccirillo fue quien encargó la realización de ese operativo ilegal, participó de la colocación de narcóticos y una pistola 9 milímetros robada en el vehículo y aportó toda la información necesaria -previamente e in situ- para que se materialice el procedimiento en cuestión”.
El representante del Ministerio Público sostuvo que el objetivo era privar de la libertad a los damnificados para que Hauque no pudiera “perjudicar o dañar su imagen pública y/o sus negocios así como, tampoco, exigirle el pago de una deuda que mantenía con él”.
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