Las convencía de filmar videos eróticos exclusivos para el mercado extranjero, pero los comercializaba en una red de acceso libre y global

Una investigación del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Rosario, que contó con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), derivó en la detención y prisión preventiva de un hombre de 30 años acusado de haber desarrollado un sistema de explotación sexual de mujeres a través de plataformas digitales: captaba chicas por Instagram, las convencía de participar de encuentros sexuales y filmarlos para distribuirlos y monetizarlos exclusivamente en el exterior, pero, finalmente, los comercializaba en plataformas de acceso libre sin el consentimiento de las mujeres.

Había una línea de captación: la mayoría de las damnificadas tienen 18 o 19 años, provienen de distintas provincias y no tienen experiencia laboral, lo que se interpretó como “un patrón de selección orientado a mujeres en transición a la adultez, con mayor vulnerabilidad económica y simbólica”.

Según la fiscalía, el imputado −G. G. N., oriundo de Rosario− habría desplegado este “esquema sostenido de captación de mujeres jóvenes” al menos desde 2022 para “concretar encuentros sexuales, filmarlos y luego comercializar el material en plataformas de alcance global” para lo cual “se habría aprovechado de su vulnerabilidad y de la falsa promesa que hacía respecto de que el contenido sería difundido únicamente en el exterior del país”, informó la Procuración General de la Nación en su sitio web fiscales.gob.ar.

El acusado ya estaba imputado por tres casos desde julio de 2025. Pero aprovechó que estaba en libertad para seguir con su actividad y acumular nuevas víctimas. Por eso se dispuso su arresto el 25 de marzo pasado.

El fiscal general de la Unidad Rosario, Javier Arzubi Calvo, solicitó “la ampliación del objeto de la investigación preparatoria y la prisión preventiva” de G. G. N. y el juez de Garantías de Rosario Carlos Vera Barros aprobó ambas solicitudes por un plazo de 90 días.

Así, G.G.N. quedó detenido y formalmente imputado por ocho hechos de de trata de personas con fines de explotación, en la modalidad de captación y acogimiento, agravado por la cantidad de víctimas, el abuso de situación de vulnerabilidad, el engaño y la consumación de la explotación, para los cuales se prevé una pena de entre 8 y 12 años de prisión. Además, la fiscalía le imputó un hecho de promoción y facilitación de la prostitución ajena.

Según en el sitio institucional de la Procuración, “la investigación se inició el 5 de marzo de 2025 a partir de un llamado anónimo recibido en la Línea 145 de denuncias de casos de trata de personas del Ministerio de Justicia de la Nación, en el que se advertía que el imputado ofrecía dinero a mujeres jóvenes para grabar videos de contenido sexual con la promesa de que el material sería difundido únicamente en el exterior”. Se detectó que hacía la captación desde el perfil de Instagram denominado “Argentina Casting” o “AC” y que promocionaba los videos a través de una larga lista de difusión en Telegram.

La Protex constató que la supuesta “exclusividad en el extranjero” resultó ser falsa, ya que el contenido era comercializado en una plataforma sin restricción territorial, lo que posibilitaba su visualización también en la Argentina.

El Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario corroboró que G. G. N. “reclutaba jóvenes a través de la red social Instagram, viajaba a través de distintas provincias del país −entre ellas, Buenos Aires, Jujuy, Córdoba, Misiones− para concretar los encuentros, realizar con ellas videos de contenido sexual a cambio de dinero y luego gestionar la edición y comercialización del material en plataformas digitales“.

El 29 de julio del año pasado G. G. N. quedó imputado por trata sexual con respecto a tres víctimas. El juez le otorgó la libertad con una caución real de 20 millones de pesos.

Pero eso no frenó a G. G. N.: según un informe del Departamento de Trata de Personas de la Policía Federal Argentina (PFA), “el acusado había cambiado de perfiles de Instagram y de plataforma para captar la voluntad de mujeres a los fines de producir material de contenido sexual y comercializarlo”. Se identificó a cinco nuevas víctimas, algunas de las cuales declararon en Cámara Gesell que “habían sido engañadas para acceder a grabar los videos, que no solo se veían en el extranjero, sino que también se viralizaron en diversas plataformas y aplicaciones, con alcance incluso en sus entornos familiares y afectivos, lo que les generó situaciones de angustia y afectaciones en su salud psicológica”.

A la hora de formalizar la investigación, “la fiscalía sostuvo que no se trata de hechos aislados, sino de un dispositivo organizado, sostenido en el tiempo y con alcance geográfico extendido, en el que el imputado captaba a las víctimas, producía el contenido y lo monetizaba de manera continua”, se explicó en el sitio web del Ministerio Público.

“El modelo implicaba un pago único a las jóvenes frente a una explotación económica prolongada mediante la difusión indefinida de los videos, lo que configura −de acuerdo con la acusación− una modalidad de trata de personas adaptada a entornos digitales“.

Los representantes del Ministerio Público explicaron que “la explotación no se agota en el encuentro sexual filmado, sino que se proyecta en el tiempo de manera potencialmente ilimitada, afectando de forma continua la dignidad, la intimidad, la identidad digital y la integridad sexual de las víctimas”.

A su vez, afirmaron que el acusado asumía personalmente todas las etapas del proceso: captaba a las jóvenes a través de redes sociales, coordinaba los encuentros en hoteles o departamentos temporarios, realizaba las filmaciones con equipamiento propio, editaba el material, lo subía a la plataforma de comercialización y lo promocionaba activamente para maximizar sus ventas.

La fiscalía también destacó que la promesa de una difusión limitada y la ocultación del alcance global y permanente del material constituían en este caso un elemento de engaño relevante que incidía directamente en la decisión de participar de las jóvenes.

Según la fiscalía, la situación de engaño perpetrada por el imputado también se vio reflejada en que en algunas ocasiones ocultaba su verdadera identidad —decía llamarse “Liam” o “Elion”— y en que, al menos a tres víctimas, les hizo firmar un contrato que no tuvieron posibilidad de leer con detenimiento, ni obtener una copia o sacarle una foto, para saber de qué se trataba lo que estaban firmando.

Mujeres jóvenes y con mayor vulnerabilidad

La Unidad Fiscal evaluó el caso con perspectiva de género: advirtió que la mayoría de las víctimas tienen 18 o 19 años −aunque legalmente mayores de edad, aún en su transición hacia la adultez−, llegaban a encontrarse con el acusado desde localidades lejanas (lo que implicaba un desarraigo) y no tenían experiencia laboral, lo que suponía un patrón de captación de mujeres “con mayor vulnerabilidad económica y simbólica”.

Los fiscales señalaron que “al apropiarse de su imagen y de su identidad digital en una versión sexualizada construida y comercializada por él, el imputado ejerció una forma particularmente grave de cosificación en la que las víctimas dejan de ser sujetos de derechos para convertirse en un producto monetizable y disponible para el consumo anónimo y masivo“.

Por ahora hay ocho casos judicializados, pero la Unidad Fiscal Rosario informó que “la investigación continúa en curso, en un proceso de recolección de nuevos testimonios, ante la posibilidad de que existan más víctimas en cualquier otra ciudad y/o provincia”. Por eso esperan comunicaciones al teléfono del Área de Atención y Acompañamiento a las Víctimas de la Unidad Fiscal Rosario (+54 9341 2859127) o al correo electrónico atencionvictimas-ros@mpf.gov.ar.

LA NACION

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