Le rechazaron la probation: el Beto Márcico y su hijo deberán enfrentar un juicio, acusados de una estafa inmobiliaria

Los tiempos actuales para Alberto José Márcico son diametralmente opuestos a aquellos en los que disfrutaba las mieles de la gloria como futbolista, ídolo de Ferro, en el inicio de la década del 80, y luego estrella en Boca, tras su paso por el Toulouse francés, y cierre de una carrera fulgurante en Gimnasia y Esgrima La Plata.

El “Beto” y su hijo, Lucas, están acusados de una importante estafa inmobiliaria con la venta duplicada de departamentos y locales comerciales en emprendimientos de dos barrios porteños. Habían pedido la suspensión del juicio a prueba, incluyendo un resarcimiento a los damnificados. Pero la Justicia rechazó la solicitud de probation ante la enfática oposición de los querellantes y del fiscal, debido a que el monto ofrecido por los acusados fue “totalmente irrisorio”, según confiaron a LA NACION partícipes de la audiencia, que se realizó de forma remota, vía Zoom.

Con esto, la situación se dirimirá en un juicio oral en el que, tal como adelantaron, varias querellas pedirán que los Márcico terminen en la cárcel. Consideran que el concurso real de los delitos que les atribuyen –22 hechos de defraudación por desbaratamiento de derechos acordados y 15 hechos de estelionato (vender una cosa que no es propia)– podrían derivar en una eventual condena de prisión efectiva.

Además, en la Justicia penal todavía se instruye una parte de la causa en la que padre e hijo fueron imputados y llamados a indagatoria por el delito de asociación ilícita vinculado con aquellas eventuales defraudaciones.

La propuesta de padre e hijo

Los querellantes cuestionaron no solo el monto ofrecido por los Márcico para resarcir, al menor en parte, a los damnificados, y el plazo para saldar esa cuenta en el marco de la probation. Consideraron que el ofrecimiento era, incluso, peor que uno anterior que habían realizado. Como sostuvo el fiscal general Horacio Azzolin en la audiencia virtual: “Es la primera vez que me pasa que modifiquen para peor las condiciones”.

El abogado Gabriel Palmeiro, defensor de Lucas Márcico, informó a las partes que la propuesta integral era de 295.000 dólares: 180.000 para Marta Zulema Rondinella (que había comprado 16 departamentos y seis cocheras) pagaderas en 23 cuotas (22 de US$7800 y una de 8398), 100.000 para Martín Herrera (exarquero de Boca, donde fue compañero del Beto, comprador de cinco departamentos y un local comercial), en 22 cuotas de 4300 dólares y una de 5381) y 15.000 dólares a repartir en partes iguales entre cinco querellantes que compraron aquellos departamentos, de los que tienen boleto de compraventa y posesión, pero que no pueden escriturar por el actual estado de la causa.

La empresa constructora Edificio Migueletes 1268 SRL, de los Márcico, quebró, y la suerte de aquellos inmuebles y sus compradores aún se dirime en el fuero Comercial.

Sobre el ofrecimiento, Palmeiro sostuvo: “Esta división en cuotas entendemos que no genera merma alguna en cada uno de los interesados, razón por la cual puede tomarse ese monto global a los efectos de ese ofrecimiento en los términos de la suspensión del juicio a prueba como absolutamente valedero, lógico y con la mantención del valor para cada uno de ellos”.

Su colega Martín Ezequiel Villar, abogado del exvolante ofensivo que jugó en la selección argentina, adhirió a la propuesta y agregó que el ofrecimiento se ajusta a las posibilidades reales del señor Márcico".

“¿Quién le podría aceptar a un quebrado 23 cuotas?"

El abogado Claudio Caffarello, representante en la querella de Rondinella, fue el primero en manifestar su oposición a la propuesta. “Respecto de este nuevo ofrecimiento con el que nos sorprenden las defensas, recordemos que el primer ofrecimiento fue de 180.000 dólares, pero en 18 cuotas, y no en 23, como ahora. Recordemos también que al comienzo del proyecto Rondinella adquirió unidades por 750.000 dólares”, sostuvo.

“No discutimos el monto, que queda lejos del perjuicio ocasionado. Bajo ningún punto de vista, y menos ahora, a los 80 años, la señora Rondinella le puede aceptar a Márcico el pago a dos años. ¿Quién le podría aceptar a un quebrado 23 cuotas? Aceptar esto es admitir o permitir que los Márcico hicieran con el dinero recibido lo que quisieron", afirmó Caffarello, que consideró “irrazonable” la propuesta de reparación del daño producido.

Luego, en cuanto a la viabilidad de la probation, el representante de Rondinella ponderó que “en caso de que en este proceso recaiga una condena difícilmente sea de cumplimiento en suspenso”.

Yael Jaifetz, abogada del exarquero xeneize Herrera, también se opuso al pago del resarcimiento a plazos. “Es darles un beneficio de pagar un 10% en cuotas, lo que no consentimos bajo ningún punto de vista, por lo que rechazamos el ofrecimiento”, sentenció.

Julián Subías, abogado de una pareja integrante del tercer grupo de querellantes, fue enfático en el rechazo: “El ofrecimiento de 3000 dólares en una cuota no satisface en lo más mínimo el daño causado a mis mandantes. Por más que tengamos la posesión, ellos no compraron la posesión, compraron un departamento y no lo tienen, lo tienen que seguir peleando, hace 25 años que vienen peleándolo. La última hipoteca tuvieron que ir a levantarla ellos mismos; debieron pagar más de 50.000 dólares para que no los saquen de la casa. Lo que gastaron supera ampliamente los montos que ofrecen ahora para tratar de solucionar este conflicto".

El truco de saber francés

Subías mencionó un episodio ocurrido en una audiencia en una escribanía para intentar avanzar en la escrituración, luego de que el juez del concurso (posteriormente, quiebra) de la empresa constructora de los Márcico les otorgara la posesión del inmueble.

“Tenían que hacerse ellos cargos de la modificación del reglamento de copropiedad del edificio de Migueletes 1268; obviamente que no querían hacerse cargos y tenían que hacerse cargo de cualquier costo adicional, turbando el derecho que les había reconocido el juez comercial. En un momento de la audiencia padre e hijo se ponen a hablar en francés, con la mala suerte que mi cliente entiende perfectamente el idioma. Se estaban burlando de ella".

Por eso, Subías enfatizó: “Va más allá de que me vengan a ofrecer 3000 dólares, que es una miseria: no hicieron nunca nada para solucionar el conflicto. Estoy esperando que se haga el juicio para que tengan una prisión de efectivo cumplimiento, que es lo que se merecen después de sufrimiento de tantas víctimas, aunque tengan la posesión. Quizás el juez de la quiebra les dé el derecho que no les da Márcico. Como ya no depende nada de él, lo que está ofreciendo es una burla, y lo rechazamos”.

Otro de los querellantes, Mariano Ricci, representante de la compradora Beatriz Marana, sostuvo: “Respecto del perjuicio sufrido, los damnificados tienen la posesión, pero en función de todos los gastos y los que tienen que afrontar, el monto que ofrecen es totalmente exiguo. Y como se tiene que seguir con la quiebra, esta propuesta es totalmente rechazada. La solución a esto es que la causa se eleve a juicio”.

El abogado Jorge Rubinska, representante de tres querellantes, enfatizó que “se debe rechazar la probation porque pese a que cada delito individualmente considerado permitiría la probation, el concurso real de los delitos supera los tres años de prisión, límite para otorgarla”. Además, aseveró que “por otro lado, los efectos de los hechos delictivos siguen causando efectos, ya que los damnificados todavía no pudieron escriturar”.

“Falta de voluntad superadora del conflicto”

Atento a que el acuerdo de resarcimiento propuesto en el marco de la solicitud de probation fue rechazado por todas las querellas, el fiscal general Horacio Azzolin manifestó: “La recolección de la información ha sido tortuosa. Faltan los dos informes socioambientales. Es poca la información que tenemos para saber cuál es el estado concreto de la quiebra y de la situación económica de los imputados, más allá de lo que ellos puedan decir […] El ofrecimiento de reparación económica no se condice con el perjuicio que surge del requerimiento. No se acerca ni mínimamente”.

Y agregó: “Tampoco tenemos ningún elemento para saber cuánta plata tiene los Márcico. No se hicieron los informes socioambientales pedidos y lo único que sabemos es lo que dicen ellos. Lo que hay es lo que Lucas Márcico le dijo por teléfono a un delegado, con lo cual le pudo haber dicho cualquier cosas; ni siquiera fueron a la casa a tocarles el timbre para ver si viven en esas condiciones".

Y concluyó: “Lo que ve la fiscalía es que no hay una voluntad superadora del conflicto. Por la irrazonabilidad de la propuesta de reparación que demuestra una falta de voluntad de superar el conflicto, la fiscalía se opone” a la probation.

Ante semejante panorama, el juez Luis Salas, del Tribunal Oral en lo Criminal N°1, decretó el rechazo de la suspensión de juicio a prueba.

LA NACION

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