Los invisibles. De la “ruta de la efedrina” en Ingeniero Maschwitz a la cocaína de Rosario: cómo opera la DEA en la Argentina

En los últimos tres meses se movieron tres toneladas de cocaína por Rosario. Al menos, es de lo que se tiene constancia. La mitad salió por la Terminal Puerto Rosario SA. La otra mitad, no; en parte, gracias a la agencia antidrogas norteamericana. Los policías federales de la División Hidrovía del Paraná la encontraron a tiempo en un galpón de Empalme Graneros. La nueva operación apalancada por la Drug Enforcement Administration derivó en el mayor decomiso de la historia de Santa Fe y en el cuarto de la historia argentina. A más de 8000 kilómetros de distancia de su base central, en Arlington, Virginia, la DEA ya tiene los pies puestos en la Hidrovía.

A punto de cumplir 50 años de existencia, la DEA está en la Argentina desde el primer día, y de una u otra manera participó en los tres mayores secuestros de cocaína: la Operación Strawberry, con 2177 kilos de cocaína, en 1997, Bobinas Blancas, con 1862 kilos en 2017, y Águila Blanca, con 1800 kilos ese mismo año. Y ahora, los 1658 kilos en Rosario.

Pero esa, la de los grandes operativos, es la historia oficial. Sí: la DEA en la Argentina también tiene su historia “encubierta”. Invisible, inconfesable. Porque nunca consiguió que un gobierno local la autorizara a investigar por su cuenta. Y porque no iba a quedarse en el país solo para intercambiar información, donar tecnología y capacitar policías.

Por algo tiene “facilitadores”: jueces, fiscales, funcionarios, policías y abogados que, como lo definió el periodista Julián Maradeo en su libro La DEA en la Argentina, una historia criminal, se subordinan a la agencia a la hora de planificar una investigación, que no siempre se asienta en los expedientes judiciales.

Contactos locales

Dos argentinos fueron testigos de eso. O, mejor dicho, acusados. El primero fue Carlos Savignon Belgrano, que estuvo cuatro meses tras las rejas por la operación Langostinos de 1988. Solo cuando el por entonces jefe de la DEA en Buenos Aires lo reconoció como su informante, el juez lo soltó. El otro fue Julio César Pose, alias “Gitano”, un exagente de la SIDE reconvertido en freelance de la agencia: cobraba por cada misión: si eran menos de 10 mil dólares, recibía efectivo; si era más, le tocaba un cheque que depositaba en una cuenta que se abrió en los Estados Unidos. Eso lo llevó a hacer, el 31 de diciembre de 2003, la operación Flor de Acero: 31 kilos de cocaína de muy baja pureza y 12 kilos de pasta base a metros de la Floralis Genérica para una supuesta “entrega controlada” que ningún juez autorizó. Otra vez, la DEA debió defender a su informante, que estuvo prófugo de la Justicia y que recién sería condenado 17 años después.

En esas circunstancias, el “Gitano” conoció en el 2007 a Sebastián Forza y, a través suyo, a Ibar Esteban Pérez Corradi. Eran los años de lo que se conocería después como “la ruta de la efedrina”: la triangulación de ese precursor químico entre India, China, Argentina y México para las metanfetaminas que tantas muertes por sobredosis han provocado en los Estados Unidos.

Desde octubre de 2007, en la oficina de la DEA en Buenos Aires sabían que Pérez Corradi podía mover una tonelada de efedrina por mes con destino a México.

Además, la agencia estadounidense colaboró desde el 29 de enero de 2008 en una investigación de la Gendarmería contra Oscar Mieres y Ramón Rubén Grondona por trasladar 25 kilos de efedrina, según un documento oficial al que accedió LA NACIÓN. Con solo analizar los movimientos migratorios de las “mulas” por la Triple Frontera, la DEA llegó hasta su jefe: el mexicano Juan Jesús Martínez Espinoza, instalado en la zona norte del conurbano bonaerense.

La efedrina no era un problema para el Gobierno de aquella época: la Sedronar había dejado entrar 36 toneladas entre 2004 y 2007, cuando la industria farmacéutica en realidad solo necesitaba unos pocos kilos por año. En los Estados Unidos, en cambio, las sobredosis se llevaron las vidas de 127 mil personas en esos cuatro años. La mitad, y en aumento, era por el consumo de drogas derivadas del opio o sintetizadas, como la efedrina. Y como México había prohibido su importación, los cárteles bajaron a la Argentina.

A una célula ya la tenían ubicada. Era, justamente, la de Martínez Espinoza. Para exponer la situación, la DEA hizo “reventar” su casa quinta de Ingeniero Maschwitz. No era una quinta, era un “laboratorio” de éxtasis. Y aunque la Policía Bonaerense sigue sosteniendo la versión oficial –la de una “denuncia anónima” como origen de la pesquisa–, lo cierto es que detrás de todo eso estuvo la agencia estadounidense.

No por nada, como pudo reconstruir LA NACION a partir de documentos oficiales, un infiltrado en la organización del capo mexicano se encuentra prófugo hasta hoy. Se trata de Armando Agustín Juliani, informante de Pose, a su vez, informante de la DEA. Es un decir que se encuentra prófugo: en realidad, nadie lo busca. De lo contrario, no publicaría fotos desde la Costa Atlántica.

El otro gran prófugo del caso es el empresario Josué Fuks, proveedor de Pérez Corradi y mayor importador de efedrina gracias a sus contactos en la Sedronar. Vive sin problemas en Israel.

Al final, la “ruta de la efedrina” se cortó para siempre por el triple crimen de General Rodríguez, cuando la banda integrada, entre otros, por los hermanos Lanatta y los hermanos Schillaci plantó el 13 de agosto de 2008 los cuerpos de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina a la vera de un camino de tierra. El gobierno de Cristina Kirchner acusó recibo: el 5 de septiembre de 2008 limitó al máximo la importación de efedrina.

El affaire de la valija del Pentágono

Con sus idas y vueltas, la relación entre ambos países se mantuvo estable hasta el 10 de febrero de 2011. Ese día, el canciller Héctor Timerman, en persona, incautó una valija diplomática que contenía material sensible del Pentágono. Eso provocó un “apagón informativo” de la oficina de la DEA, que trasladó por un tiempo a sus agentes a Uruguay.

Con la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada, el 10 de diciembre de 2015, todo volvió a la normalidad. La agencia estadounidense pronto activó la operación Bobinas Blancas: el segundo mayor decomiso de cocaína de la historia argentina, en una investigación a cargo del juez federal de Campana Adrián González Charvay.

En este caso hubo de todo: sentencia por narcotráfico y por lavado de activos y también un doble crimen: a Rodrigo Naged Ramírez, uno de los acusados, lo mataron en su departamento de Belgrano junto a su hijo. Un tribunal condenó este año a su abogada, Julieta Bonanno, como la “entregadora” de su cliente al sicario “fantasma”, que nunca fue atrapado. De nuevo, la muerte rondaba una investigación que partía de la DEA y un “arrepentido”. Otra vez, la oscuridad.

Pero eso poco importaba. El tiempo pasó y fue otro alerta de la agencia estadounidense el que llevó al juez González Charvay hasta el galpón de la calle Génova 2400, en Empalme Graneros, donde lo esperaban 1658 kilos de cocaína con las marcas de Louis Vuitton (LV) y Nemesio Oseguera Cervantes, alias “Mencho”, del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los apuntados: José Damián Sofía y Gabriel Nicolau, entre otros. El “Tano” Sofía es el más conocido: lo acusan de haber amenazado de muerte a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.

Poco antes, desde la Terminal Puerto Rosario salieron 568 kilos que recién fueron descubiertos por las autoridades brasileñas en julio, en el puerto de Santos. Para la misma fecha, y por el mismo lugar, salieron otros 866 kilos que fueron hallados en agosto por los Países Bajos en el puerto de Rotterdam.

Todos los “ladrillos” eran Louis Vuitton. Como los señalados por la DEA en Rosario.

El juez González Charvay puede atesorar en su foja de servicios que llevó adelante dos de los cuatro decomisos más importantes del país: primero, Bobinas Blancas, y ahora, Rosario-Dubai, operativo denominado así porque supuestamente el cargamento tenía ese destino cuando falta casi nada para el Mundial de Qatar.

Como se ve, la DEA tiene “facilitadores” en todas partes: será por eso que a punto de cumplirse 19 años de la operación Flor de Acero, el “Gitano” Pose, condena y apelación mediante, todavía sigue libre y con ganas de incursionar en el negocio del fútbol en el viejo continente.