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Los secretos del Señor J, el narco que impuso el miedo para retrasar un desarrollo urbano a treinta minutos del Obelisco
Tras una investigación de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), el juez federal Sebastián Casanello ordenó una serie de allanamiento en villa Fraga, en el barrio de Chacarita
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LA NACIONGabriel Di Nicola
Había miedo, vivían con temor. Nadie se animaba a denunciar. “Hace poco, un vecino abrió la boca y lo amenazaron de muerte. Casi pierde la vida, se tuvo que ir del barrio”, reveló una mujer. Se refería a lo que sucedía en villa Fraga, en Chacarita, donde reinaba una banda narco que estaba liderada por un joven al que todos conocían como Señor J o Junior y que ejercía en la zona una “suerte de gobernanza criminal que impactó en los derechos de los vecinos” y que “puso en evidencia una presencia estatal cómplice o deficitaria”.
Así surge de un expediente judicial, que se inició a partir de una investigación de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), conducida por el fiscal federal Diego Iglesias, en la que se puso al descubierto la operatoria de la citada banda narco.
En las últimas horas, un fallo de la Cámara Federal, con la firma de los magistrados Roberto Boico y Eduardo Farah, confirmó una resolución que había dictado el mes pasado el juez federal Sebastián Casanello donde fueron procesados los integrantes de la organización narcocriminal.
“La extensa investigación desarrollada por la Procunar dio claras muestras del control que ejercía esta organización dentro del barrio villa Fraga: los distintos vecinos consultados se negaban a aportar sus datos y a denunciar los hechos vivenciados por temor a represalias por parte de sus integrantes. Las características [de la banda] coinciden con la de los grupos delictivos organizados, según la definición de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional (Convención de Palermo). Se corresponden también con los elementos enumerados por la jurisprudencia: finalidad esencialmente económica, asociación de una pluralidad de personas, carácter de continuidad en el tiempo, empleo de medidas de seguridad dirigidas a salvaguardarse de la intervención del Estado y de otros grupos criminales que operan competitivamente en sus mismos mercados, adaptabilidad, en tanto el grupo criminal modifica sus métodos y procedimientos, buscando siempre ventajas ante la respuesta del Estado, provocación de efectos indeseables en el ciudadano, la sociedad y en los Estados, con importante potencial desestabilizador (sus actividades afectan no solo a la vida comunitaria, sino también a la economía, a la gobernabilidad y al funcionamiento ordinario de las instituciones públicas) y uso de influencia o corrupción”, definió el juez Casanello.
“La estructura criminal bajo estudio reúne la mayoría de las características señaladas, pese a que, incluso, la investigación se encuentra aún en un estado incipiente (en cuyo marco podrían identificarse a otros integrantes de momento no individualizados, así como también reconstruir el flujo de dinero obtenido producto de las actividades ilícitas desarrolladas y las ramificaciones fuera de nuestro territorio”, había sostenido el juez Casanello cuando dictó el procesamiento de los sospechosos, entre ellos el de Señor J, identificado como Iván Galarza Carhuamaca.
La causa se inició en febrero de 2025 para investigar el “accionar desplegado por un grupo narcocriminal dedicado al almacenamiento, fraccionamiento y comercialización de sustancias estupefacientes” en villa Fraga, barrio situado a tan solo 30 minutos del Obelisco.
A partir de las pruebas reunidas por la Procunar y la Fiscalía Federal N°8, con la colaboración de detectives de la División Área Metropolitana Oeste de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico y la coordinación del Departamento Federal de Investigaciones, ambas dependencias de la Policía Federal Argentina (PFA), el juez Casanello ordenó una serie de allanamientos, la mayoría en villa Fraga, pero también en domicilios de Morón y Moreno.
En los procedimientos se detuvo a nueve sospechosos y se secuestró 10.236 dosis de cocaína, más de tres kilos de marihuana, $6.790.530, casi 7000 dólares, municiones y teléfonos celulares.
Según sostuvo Casanello en su citada resolución, “el control territorial ejercido por el grupo delictivo en la villa Fraga desafió y se impuso al proyecto de integración socio-urbana aprobado mediante la Ley N° 5799 en 2017 que tenía por objeto lograr la reurbanización, zonificación e integración social, cultural, ambiental y urbana del asentamiento. En su lugar, la investigación demostró presencia estatal cómplice o deficitaria y vecinos atemorizados".
Pero la investigación no solo puso al descubierto la operatoria de la organización narco, sino también la “connivencia” de personal de la Policía de la Ciudad. El magistrado procesó sin prisión preventiva a dos oficiales porteños que tenían como tarea hacer patrullaje preventivas en el denominado Móvil Fraga.
“El plexo probatorio reunido permite afirmar, con los alcances propios de esta instancia, que Fernando A. y Luciano S., mientras cumplían funciones en la Comisaría Vecinal 15 A de la Policía de la Ciudad, habrían cooperado con los integrantes de la organización criminal investigada asegurando que el comercio prohibido no fuera interrumpido ni perseguido por la actuación policial (liberación de la zona). Para ello, habrían mantenido contacto con los eslabones más altos de la estructura criminal y entablado ciertas prácticas de intercambio”, afirmó Casanello cuando fundamentó el procesamiento de los uniformados. El fallo, al que tuvo acceso LA NACION, fue dictado la semana pasada.
Durante la investigación se comprobó que los dos uniformados ingresaron, en una oportunidad, en un inmueble que “había sido la residencia de de Galarza Carhuamaca, líder de la organización que, tras ser detenido, impartía las directivas desde la cárcel. Según reveló el informante registrado, dicho inmueble funcionaba como un centro de fraccionamiento y almacenamiento de estupefacientes, donde también se llevaban a cabo ‘reuniones operativas de la organización’. Sumado a ello, de acuerdo a los dichos de los vecinos, aquel lugar era utilizado con frecuencia para ‘ocultar bolsas o esconderse de la policía’”, explicó Casanello en la citada resolución.
El magistrado recordó que el Móvil Fraga había sido creado después de “detectar la actividad delictiva” que se repetía en el asentamiento.
“Los elementos apuntados permiten sostener que, lejos de desconocer lo que sucedía en el barrio, el objeto de la visita a la casa de Galarza Carhuamaca se debió, justamente, a la actividad ilícita allí desarrollada. Cabe recordar que una de las principales características de los grupos delictivos organizados consiste en la utilización de ‘influencias’ o corrupción para asegurar el mantenimiento de la empresa criminal a lo largo del tiempo y el territorio. Ello es precisamente lo que se acreditó en autos: la omisión deliberada de perseguir y reprimir la actividad de narcotráfico, cuanto menos del móvil Fraga a cargo de los imputados, bajo la fachada de presencia policial enfocada en delitos convencionales”, afirmó el juez Casanello al procesar a los dos oficiales.
Para Casanello, los dos uniformados “brindaron la cooperación necesaria para asegurar, desde su posición de integrantes de la Policía de la Ciudad, el desenvolvimiento y la continuidad del comercio de sustancias estupefacientes en el barrio”.
Fuentes del Ministerio de Seguridad porteño explicaron que uno de los procesados fue pasado a disponibilidad y que el otro está en “condición de retirado”.
La investigación no finalizó con los procesamientos de los mencionados narcos y policías. Según explicaron fuentes judiciales continúa la pesquisa para dar con otros integrantes aún no identificados de la organización criminal.
“A la par de las circunstancias enumeradas, cabe considerar que la presente investigación se encuentra en pleno desarrollo, con una serie de medidas en curso de ejecución, como aquellas vinculadas con la extracción y análisis de los dispositivos secuestrados (por el momento se recibió una elevación parcial) y declaraciones testimoniales que podrían revelar la existencia de otras personas vinculadas a los hechos investigados. En caso de recuperar su libertad, los imputados podrían entorpecer estas líneas investigativas”, dijo el magistrado al fundamentar el dictado de la prisión preventiva de los sindicados narcos.
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