Mar del Plata. Procesan a un pastor evangélico que explotaba laboralmente a jóvenes adictos que se rehabilitaban en su iglesia

Las concentraciones, los comunicados de apoyo y las cadenas de oración no lograron torcer el rumbo de los acontecimientos. La Justicia federal de Mar del Plata dictó el procesamiento del pastor evangélico marplatense Roberto Tagliabué por trata de personas con fines de explotación laboral. Se lo acusa de haber captado, bajo coacción, a jóvenes que realizaban tratamientos de rehabilitación por adicciones a los que luego obligaban a trabajar en emprendimientos comerciales dependientes de la Iglesia Evangélica El Shaddai, según informó el Ministerio Público Fiscal de la Nación.

A partir de la investigación desarrollada por la fiscal federal Laura Mazzaferri, el juez federal marplatense Santiago Inchausti procesó a Tagliabué como “autor penalmente responsable del delito de trata de personas con fines de explotación laboral agravada en nueve hechos, privación ilegítima de la libertad cometida mediante amenazas en un caso y con fines religiosos en siete casos, ejercicio ilegal de la medicina, comercialización de fauna silvestre respecto de 97 animales y maltrato contra 154 animales”.

Desde su detención, el 3 de este mes, los integrantes de las congregaciones evangélicas de Mar del Plata se movilizaron para defender a Tagliabué y pedir su libertad. La última fue el 20, cuando la Asociación Marplatense de Iglesias Evangélicas (AMIE) convocó a una marcha de apoyo y una cadena de oración en favor del representante de la Unión de las Asambleas de Dios, en Irigoyen y Luro.

Incluso la Federación de Pastores Evangélicos de la Argentina (FAPE) emitió un comunicado de apoyo al pastor. “Queremos hacer llegar nuestra solidaridad a toda la familia pastoral y sus congregantes, sabiendo del testimonio y obras del pastor. Es notorio su trabajo y trayectoria en recuperar jóvenes de la calle para su rehabilitación, dando esperanza de progresar a través de la fe en Cristo Jesús. Desde FAPE Argentina queremos hacer llegar este mensaje a toda la comunidad cristiana de Mar del Plata. Convocamos a una cadena de oración para la paz del consiervo y su pronta liberación. Creemos en la inocencia del pastor Roberto Tagliabué”, reza el mensaje de la comisión directiva de la FAPE.

No es lo que concluyeron las autoridades judiciales. “El encausado actuaba bajo el pretexto de un tratamiento terapéutico destinado a personas con consumo problemático de sustancias estupefacientes y/o alcohol, que no era tal en la práctica, imponiendo sus normas y restricciones, y obligándolos a trabajar para su beneficio personal, en perjuicio de la mayoría de las víctimas de autos”, señaló el juez en su procesamiento, en el que le trabó a Tagliabué un embargo por 27 millones de pesos.

Inchausti sostuvo que, en este caso, el delito de trata con fines de explotación laboral resulta agravado por ser el imputado ministro o autoridad de culto, por mediar engaño y amenazas, por la cantidad de víctimas, por el abuso de su situación de vulnerabilidad, por haberse consumado la explotación y por haber sido cometido en perjuicio de un menor de edad y de una persona con discapacidad, según publicó el Ministerio Público en su portal institucional fiscales.gob.ar.

La fiscalía, ahora, proseguirá la investigación a partir de la información recogida en los allanamientos de principios de agosto. Incluso, se intenta esclarecer situaciones de abuso sexual denunciadas.

Tagliabué estaba a cargo de un instituto perteneciente al Programa de Institutos Bíblicos por Extensión del Departamento de Educación Cristiana de la Unión de las Asambleas de Dios y era el principal administrador de la Iglesia Evangélica El Shaddai, donde también funcionaba un hogar del Programa Cristiano de Rehabilitación de Adicciones (PCRA).

Según la hipótesis de la fiscal Mazzaferri, “el imputado captaba y acogía a las víctimas de trata, al menos, desde el año 2001 a través del denominado Programa Cristiano de Rehabilitación de Adicciones (PCRA), conocido como “Hogar”, y en la iglesia “El Shaddai”, donde oficiaba como pastor. Ambos lugares, que no contaban con habilitación y que fueron clausurados en el marco de los procedimientos ordenados por el juez Inchausti, funcionaban en Génova 8149 (planta alta) y Brumana 2261, respectivamente, en Mar del Plata”.

El tratamiento, se precisó en la investigación, “incluía el encierro en la institución de los jóvenes –sin contacto con el exterior, por el término de 45 días– y la posterior salida –primero, acompañados, y después, solos– a realizar tareas de venta de los diferentes productos que comercializaba la organización. Las víctimas tenían largas jornadas de trabajo a cambio de una ínfima porción de las ganancias, que quedaban en su mayor parte en manos del imputado. Además, debían realizar tareas de limpieza y mantenimiento no remuneradas de las instalaciones donde vivían”.

Testimonios y documentación secuestrada en el marco de esta causa dan indicios de que “el imputado realizaba descuentos, la retención de dinero –entre otros conceptos, por diezmo– y aplicaba una serie castigos pecuniarios que generaban deudas en su favor, incluso respecto del dinero percibido por las víctimas proveniente de subsidios o programas sociales estatales.

Según se informó en fiscales.gob.ar, la causa se inició hace un año, con una denuncia recibida por el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata ante la Fiscalía Federal N°1 de Mar del Plata. Se detalló que “parte de los negocios vinculados a la Iglesia El Shaddai a cargo del imputado eran una forrajería y, también, una verdulería y un mercado, donde trabajan jóvenes que no recibían pago por el trabajo que realizaban”. En la presentación se detalló que Tagliabué “mantenía animales cautivos, especialmente aves y reptiles en peligro de extinción, los cuales comercializaba ilegalmente”.

El 3 de agosto, durante los allanamientos realizados por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), se verificó la presencia de esos animales. Por eso, además del delito de trata de personas, a Tagliabué se le imputaron el maltrato animal y al tráfico ilegal de fauna.

Ya en diciembre se había constatado que los lugares donde eran alojados los jóvenes en tratamiento no tenían las mínimas condiciones de habitabilidad: el Hogar de la calle Génova al 8100 no contaba con ningún tipo de habilitación para funcionar como centro de rehabilitación, y en el inmueble había hacinamiento por falta de espacio y precarias condiciones de seguridad e higiene.

Las víctimas que declararon en la causa coincidieron en diferentes aspectos del “tratamiento” de rehabilitación y el trato con el imputado. Especificaron que el tratamiento tenía una duración de nueve meses y que, en los primeros 45 días, no tenían posibilidad de salir a la calle ni de utilizar medios de comunicación con el exterior, como el teléfono celular. El propio imputado al momento de defenderse dijo que no permitía el uso de estos dispositivos porque los jóvenes los usan para “comprar droga”. Las víctimas añadieron que, luego de ese período de aislamiento, comenzaban las salidas para realizar las ventas de los productos y que, al principio, las realizaban en compañía de otra persona y que luego de un tiempo salían solas. En ese contexto también tenían vedado el acceso al teléfono celular”.

“La investigación permitió develar también que, muchas de las personas que eran acogidas en el hogar, contaban con procesos penales en trámite, situación que era aprovechada por el imputado. En muchos casos estas personas obtenían algún tipo de beneficio en el marco de aquellos procesos que los colocaba en una situación de sumisión respecto del pastor”, amplió fiscales.gob.ar. Por ejemplo, uno de los jóvenes había accedido a una probation, y se le impuso realizar un tratamiento para las adicciones en el Hogar de la Iglesia El Shaddai; Tagliabué era quien debía firmar los informes de cumplimiento de la medida judicial.

“Los encierros eran dispuestos sin ningún tipo de orden judicial o médica que los avalara, sin control ni garantías, y, asimismo, respecto [de una de las víctimas] se encuentra acreditado que lo mantenía en el lugar bajo la amenaza de recaer en prisión en caso de abandonar el Hogar”. Como prueba de ello, el juez Inchausti citó una conversación telefónica entre el joven y el pastor que da cuenta de manera palmaria de aquel accionar por parte del imputado.

El juez Inchausti destacó que “se observa un denominador común entre las personas captadas y/o acogidas”, caracterizado por “la situación de vulnerabilidad social, económica y de salud en que se hallaban en virtud del consumo problemático de sustancias estupefacientes y/o alcohol, la falta de alternativas laborales y habitacionales, la edad, la falta de vínculos familiares sólidos”.

Al menos una de las víctimas también tenía una discapacidad psicomotriz. El joven cobraba una pensión, y el imputado retenía una parte del monto, según publicó fiscales.gob.ar.

A partir de las conversaciones telefónicas captadas en el marco de la investigación, el juez determinó que “a la imposición de normas restrictivas a la libertad de autodeterminación de las personas que residían en el Hogar, basadas en un aparente ‘tratamiento de rehabilitación’, y a la posible utilización de discursos y actividades religiosas con el propósito de adoctrinarlas y/o dirigir su voluntad, se suma la influencia que ejercía [el imputado] por actuar en función de garante y/o referente de ‘contralor’ (en tanto ‘director’ de un programa de rehabilitación) en procesos penales seguidos contra los nombrados, de los que dependían cuestiones inherentes a la morigeración de prisiones preventivas, suspensiones de proceso a prueba, u otras alternativas”.

LA NACION

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