Militantes sociales buscan desligarse de los piqueteros detenidos

El hermetismo y la bronca dominan las actividades de los militantes sociales dispersos en las barriadas de Berazategui Oeste desde que el sábado de la semana pasada, tras una serie de allanamientos ordenados por el juez federal Luis Rodríguez, la Policía de la Ciudad detuvo a dos dirigentes piqueteros del Movimiento Popular 22 de Agosto (MP22) -una agrupación de tendencia guevarista de activa participación en protestas callejeras- y les secuestró armas y explosivos caseros de sofisticada fabricación con los que, según las autoridades, planeaban atentar contra fuerzas de seguridad y causar conmoción pública.

"Nunca más vamos a volver a participar de un grupo político. Mi padre era empleado del MP22 de Agosto, pero no tenía nada que ver con las bombas. Lo escracharon en las redes y ahora tenemos un montón de quilombos", dijo a LA NACION un integrante de una familia que este fin de semana sacaba, con resignación, sus pertenencias personales -una vieja heladera, entre otras cosas- de un local que fue allanado por las fuerzas de seguridad.

Entre las dudas y la impotencia, los familiares del detenido rechazaban la posibilidad de hablar, pero al mismo tiempo hablaban para intentar limpiar su imagen. En esa tensa situación, dijeron no saber qué actividad realizaba su padre en este grupo piquetero y tampoco pudieron decir cómo se financia el grupo. Según publicó LA NACION la semana pasada, los investigadores del caso creen que estos integrantes del MP22 usaban los fondos que obtenían del Estado por ayuda social para adquirir materiales bélicos.

Esta sede de la organización está en la calle 114 al 300. Es un viejo garaje que una vecina alquiló al movimiento liderado por el piquetero Daniel Rodríguez. En las paredes había banderas reivindicativas de la independencia vasca y otras con el rostro del Che Guevara. Contra las paredes, pilas de mercadería.

En torno al local, vecinos de diferentes edades dijeron desconocer qué tipo de actividades se llevaban a cabo allí. Todos desmintieron que fuera un comedor comunitario o un centro de apoyo escolar para niños. La dueña del local -visiblemente alterada por los daños de los allanamientos- negó que los activistas del MP22 de Agosto vivieran en ese barrio. "No son de acá", dijo.

A pocas cuadras funciona desde hace más de una década un comedor comunitario llamado Resistencia Popular, que también fue allanado. Miembros de este centro vecinal -donde también funciona una cooperativa de fabricación de alimentos- dijeron a LA NACION que ellos conocen al MP22 de Agosto porque es un grupo piquetero que trabaja en la zona sur, pero negaron toda clase de vínculos territoriales o políticos con ellos. También negaron saber nada acerca del almacenamiento de armas y explosivos descubierto.

En el comedor de Resistencia Popular, al que vecinos de la zona llegaban a buscar lácteos mientras otros cocinaban pizzas para vender y los niños jugaban en la calle de tierra, dos mujeres afirmaron que los allanamientos contra la cooperativa no tenían fundamentos sólidos. Allí hablaron con mucho enojo contra los activistas del MP22 de Agosto: entienden que los miembros de ese grupo los involucraron en sus declaraciones con el objetivo de intentar alivianar las acusaciones judiciales que enfrentan ahora.

"Seguimos trabajando para los vecinos, pero tuvimos un montón de problemas por culpa de estos hijos de puta", dijo una de las mujeres, mientras mostraba una pequeña caja de cartón con las míseras recaudaciones de la venta de pizzas para enfatizar que ellos venden comida y asisten a los niños, pero no fabrican bombas.

El inicio de todo

En un comunicado público, asesores legales vinculados a organizaciones de derechos humanos agrupados en la Gremial de Abogados afirmaron que el comedor Resistencia Popular no está implicado en la detonación de la bomba en Constitución que el 10 de octubre pasado fue el inicio de una investigación de tres semanas que se orientó hacia el corazón del MP22 de Agosto. Aquel día, dos hombres que se escapaban de la policía en una moto intentaron cubrir su repliegue arrojando a la patrulla que les pisaba los talones un bolso con un artefacto explosivo que detonó a poco de caer a la calzada, en Hornos y Caseros.

En otros dos domicilios allanados por orden de la Justicia Federal, casas particulares, los moradores rechazaron también el contacto con LA NACION. Todos los puntos allanados por las sospechas de que el MP22 tenía intención de activar nuevos focos de violencia urbana están ubicados en barrios obreros, de casas sólidas, pero alejados y aislados, donde para llegar se requiere de varias conexiones en transportes públicos.

Durante los allanamientos de la semana pasada la policía encontró armas largas, cortas, explosivos de fabricación casera -algunos, preparados para ser detonados a distancia-, documentación, tres motos y autos con pedido de secuestro. A estas pruebas se suman, además, varias horas de escuchas telefónicas que prueban cómo estos piqueteros manipulaban armas y explosivos cotidianamente. Otro dato obtenido por los detectives es que el MP22 planeaba adquirir más explosivos y armas pesadas en la Triple Frontera.

Quiénes son los sospechosos

Daniel Nelson Rodríguez

• De 56 años, tiene una vasta trayectoria en los sectores más confrontativos del movimiento piquetero. A fines del siglo pasado integró el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR). Luego encabezó el Movimiento 29 de Mayo y ahora, el MP22.

Isidoro Quintana

• Ladero de Rodríguez en la agrupación guevarista con desarrollo territorial en Berazategui y con contactos con activistas del país y del extranjero.