Narcoescándalo: una trama de intriga y traición que sacude a Córdoba

CÓRDOBA.– En 2006 apareció asesinada Nora Dalmasso. El comisario Rafael Sosa –ex jefe de la división Drogas de la policía cordobesa detenido– era por entonces jefe de la División Homicidios y fue enviado a Río Cuarto para esclarecer el caso. Le apuntó a un pintor, a un "perejil", y el homicidio nunca se resolvió.

En 2009, Juan "el Francés" Viarnes hizo gala de su oficio de buchón. Detenido en Corrientes, fue el testigo clave en el juicio que condenó a los acusados por el secuestro y muerte de Cristian Schaerer, apoyándose en grabaciones realizadas a sus compañeros de celda.

En el invierno de 2013, en Córdoba, se cruzaron los caminos del comisario Sosa y del informante Viarnes, cuando éste acusó a la policía de mantener vínculos con traficantes de droga. Ambos son ahora los protagonistas del mayor escándalo de corrupción policial vinculados al narcotráfico, que puso en jaque al gobierno de José Manuel de la Sota y podría derivar en la anulación de cientos de procesos por tráfico de estupefacientes.

La historia comenzó en julio pasado con un arresto: el de Viarnes. Por entonces, era imposible sospechar que la causa iniciada por la compra de un auto con dólares falsos derivaría en el descabezamiento de la cúpula de seguridad provincial, con las renuncias del ministro Alejo Paredes y del jefe de policía, comisario Ramón Frías.

En la noche del 16 de julio, el comisario Sosa lideró un equipo táctico para atrapar a un grupo de secuestradores. La víctima era uno de los socios de la discoteca Palmira. El fiscal federal Enrique Senestrari no fue avisado de esa situación y hoy afirma que Sosa diseñó ese operativo en forma ilegal, sin dar aviso a la Justicia para cubrir un posible pase de facturas relacionado con drogas.

Nadie sabía en ese momento que la fortuita detención de Viarnes horas después derivaría inclusive en una crisis política.

Viarnes fue arrestado al ser denunciado por los vendedores de tres vehículos a partir del pago con dólares falsos. El allanamiento de su vivienda dio como resultado el hallazgo de 350.000 dólares adulterados.

Se presentó el caso como el mayor descubrimiento de dinero apócrifo en la provincia de Córdoba. Las sorpresas llegarían diez días después. Viarnes se presentó ante el juez federal Ricardo Bustos Fierro y aseguró que ese dinero pertenecía a un narcotraficante y sólo era parte del millón que habían robado los agentes de la policía antidrogas en una simulación de allanamiento.

El fiscal Senestrari no podía creer la trama que contaba Viarnes. Cotejó fechas, nombres del personal afectado en cada operativo relatado, los vehículos utilizados, los detenidos, los lugares. Escuchó durante cinco días a Viarnes. "Todo coincide, sólo pudo saberlo con esa precisión por ser un participante más de esos operativos; pero eso es ilegal", pensó el fiscal y empezó a investigar a la División Antidrogas de la policía.

Según la versión de Viarnes, fue reclutado en 2010 como personal de apoyo en operaciones contra el narcotráfico. Su trabajo era conectar con los traficantes, ser un nexo con los policías. En el expediente y luego en el programa ADN de Canal 10 explicó que esos operativos no siempre seguían las normas. Es más, trazó una red policial que se quedaba con un diez por ciento de la droga incautada para su reventa, que plantaba narcóticos a sospechosos cuando había que subir la estadística de arrestos y que cobraba a los narcotraficantes por protección o para que se perdiesen las pruebas en su contra.

"La investigación recién empieza" explicó el fiscal Senestrari. La acusación que puso en prisión a Sosa y a sus subordinados se sustenta en cuatro casos en los cuales la fiscalía pudo corroborar arrestos falsos y actas policiales adulteradas, pero se revisarán todos los expedientes en los que participó el detenido equipo antidrogas. Para el fiscal federal, la justicia provincial también debería auditar los casos de narcomenudeo recibidos desde 2010 debido a las constantes irregularidades que habrían cometido los policías. Y Senestrari pide tener en sus manos la investigación por el supuesto suicidio de uno de los oficiales señalados por Viarnes.

El oficial antidrogas Juan Alós apareció muerto dentro de su automóvil, con un disparo en la cabeza pocos días después que se difundiese la palabra de Viarnes por Canal 10. Estaba apuntado por el informante como uno de los cobradores de permisos de tráfico y venta de drogas. El comisario Frías lanzó duras acusaciones en el entierro del policía: "La difamación, la injuria y la mentira le quitaron la vida. Vamos a limpiar su nombre".

La policía cordobesa iniciaba así una defensa cerrada frente a las acusaciones contra sus hombres, posición que fue acompañada durante una semana por el gobierno de José Manuel de la Sota hasta que el gobernador decidió anteayer forzar las renuncias de quienes pueden terminar involucrados, de una u otra forma, en la causa judicial.

Al igual que en el caso Schaerer, Viarnes apeló a grabaciones ocultas para reforzar su testimonio. Está vez a policías antidrogas. "El que avisa no traiciona", les advirtió a sus interlocutores. De 53 años, abogado, detenido en numerosas ocasiones en varias provincias por extorsiones y piratería del asfalto, entre otros delitos, y mostrándose vinculado con la inteligencia militar, Viarnes es ahora un testigo protegido en esta causa. Como lo fue antes en otros expedientes.

Su participación en la fuerza antinarcóticos no encuentra sustento legal, según entiende el fiscal Senestrari. La ley antidrogas avala el uso de agentes encubiertos, pero éstos deben estar en conocimiento de un juez federal y ser personal en actividad de algunas de las fuerzas de seguridad. En este caso, con la figura legal de arrepentido en un caso de estupefacientes puede brindar su testimonio sin consecuencias judiciales.

A partir de sus palabras, el fiscal busca posibles relaciones del secuestro de uno de los socios de la discoteca Palmira con un enfrentamiento irregular entre policías y narcos iniciado por el control de ese millón de dólares falsos, botín que en gran parte fue encontrado en la casa de Viarnes.

Estima Senestrari que esa necesidad de secreto provocó que fuese montado un operativo de negociación e intento de captura comandado en persona por Sosa, reportándose luego el hecho como un secuestro virtual sin consecuencias. Con esos dólares se pagó una camioneta y desde una simple denuncia por estafa se encadenó una crisis político-policial cuyas ramificaciones aún no se conocen en forma completa.

Por Daniel Gallo

• Narcotráfico

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