Reynaldo Delfín Castedo fue condenado a fines del año pasado a 16 años de cárcel por tráfico de drogas y lavado de dinero; dominaba 60 mil hectáreas en la frontera con Bolivia; todavía debe ser enjuiciado por el homicidio de una productora rural que se le opuso
El bajorrelieve del cetáceo en los ladrillos de cocaína que todavía aparecen la Argentina es la marca de procedencia y calidad atribuida al clan narcocriminal encabezada por Reynaldo Delfín Castedo. Durante casi dos décadas, desde fines del siglo pasado y 2016, él fue el dueño de los caminos de la droga que bajaba de Bolivia.
Cimentó su poder en el dinero y en la violencia. Con el primero compró tierras a ambos lados del límite internacional, cerca de la ciudad de Profesor Salvador Mazza, Salta: 60.000 hectáreas, un proto estado enclavado en dos países. Con la segunda eliminó a quienes pudieran entorpecer su ingeniería para el tráfico de cocaína: por estos días todavía tiene pendiente el juicio por el homicidio de una productora rural que se había animado a denunciarlo por utilizar un camino vecinal para su logística de contrabando de sustancias para proveer a organizaciones que fletaban grandes lotes de estupefacientes hacia Europa o a bandas que la fraccionaban y comercializaban al menudeo en centros urbanos.
Tanto poder tenía que, cuando debió escapar del Norte, en 2008, y su nombre ya se leía en los legajos de los investigadores judiciales y policiales del narcotráfico, logró mantenerse prófugo ocho años en el conurbano, desde donde siguió operando hasta el 22 de julio de 2016, cuando, luego de cinco meses de seguimientos e investigaciones, la Gendarmería lo arrestó cuando circulaba en una 4x4 blanca por las calles de Ituzaingó.
Lleva casi siete años detenido. A fines del año pasado lo condenaron a 16 años de prisión como jefe de una asociación ilícita dedicada al narcotráfico y al lavado de activos; y, si el juicio que ya se suspendió seis veces finalmente se realiza, podría sumar una prisión perpetua por el asesinato de Liliana Ledesma, la mujer que lo enfrentó y osó denunciarlo en 2006.
Ya en 1999 se tenían indicios de la actividad del clan Castedo en la oferta de droga a gran escala. En 2006, dos años antes de pasar a la clandestinidad, a Castedo se le atribuyó su participación clave en el tráfico de cocaína a Europa oculta en cargamentos de todo tipo: entre ellos, carbón vegetal.
Las investigaciones judiciales implicaron a Castedo en la llamada operación Carbón Blanco, el mayor contrabando de cocaína de la historia, con lotes de cocaína camuflados en carbón vegetal que salían desde Quitilipi, Chaco, y llegaban a España y a Portugal a través de los puertos de Rosario y de Zárate, consideraron que Castedo había sido el proveedor de la droga en los envíos concretados entre 2005 y 2012. Los artífices de ese plan fueron los fallecidos el abogado Carlos Salvatore y el empresario Patricio Gorosito, el hombre que admitió a LA NACION haber sido testaferro de Julio Grondona, el mítico presidente de la AFA.
Salvatore y Gorosito fueron condenados a 21 y 19 años de prisión, respectivamente. Pero, a principios de 2021, Delfín fue absuelto en el caso Carbón Blanco. No es que se haya puesto en duda que él hubiese sido el proveedor de la droga de dos embarques y de la tenencia de un lote de estupefacientes para un tercer envío –que no se concretó porque le incautaron la sustancia, que estaba escondida en un motorhome en Capilla del Señor–, como le había atribuido la fiscalía: el Tribunal Oral Federal N°2 de La Plata decretó la prescripción de la acción penal en su contra porque habían pasado más de 12 años entre los hechos que se le imputaron (del año 2005) y el momento en que fue citado a indagatoria, en 2012.
Castedo también estuvo vinculado con otro importante clan del norte, ya desmantelado: el de los hermanos Loza, que habían construido un emporio criminal con el tráfico de cocaína hacia Europa y a quienes la Justicia les trabó un inédito embargo de más de $7400 millones, y cuyos bienes formaron parte del primer caso de extinción de dominio con fines de decomiso.
Contactos políticos y judiciales
Los investigadores judiciales que iban tras sus pasos habían obtenido firmes indicios de que Castedo había tejido estrechos contactos políticos y judiciales que le permitieron tejer una red de protección para sus negocios ilegales.
En su lista aparecían dos nombres fuertes: el del fallecido diputado peronista Ernesto Aparicio, alias Gordo, y el del exjuez federal de Orán, Raúl Reynoso, quien pasó de ser “un modelo de lucha contra el narcotráfico”, como lo presentó la expresidenta Cristina Kirchner a mediados de su segundo mandato, a ser destituido y caer preso por recibir coimas de narcos argentinos y bolivianos, entre ellos, del Patrón del Norte. Su condena, 13 años de prisión, fue confirmada el 19 de abril de este año, cuando la Corte Suprema de Justicia desestimó su último recurso de apelación y la dejó firme.
Pero, además de los aceitados contactos con el poder, Delfín acumuló dinero y adquirió tierras que le permitieron ser, virtualmente, el dueño de la frontera “caliente” del narcotráfico.
Él y su familia controlaban casi 60.000 hectáreas de espeso monte en el límite entre Salta y Bolivia. En El Pajeal y El Aybal, parajes cercanos a Profesor Salvador Mazza, un alambrado de algo más de un metro demarcaba el límite entre la Argentina y Bolivia. De un lado, Delfín aparecía como dueño de 28.000 hectáreas; del otro, Roxana Castedo, su hermana, dominaba otras 30.000.
El control de ese extenso territorio era clave para garantizar la fluidez del tráfico, según los investigadores federales. Y para asegurarlo, no dudaron en amenazar a pobladores y a productores rurales de la zona. Algunos se doblegaron ante la intimidación. Otros resistieron. Una mujer de 37 años levantó esa bandera. Le hizo frente a Delfín y lo denunció: la mataron.
Liliana del Valle Ledesma no le iba a dar sus tierras a los narcos. Tenía 1250 hectáreas en El Pajeal, y denunció que no podía llegar a sus dominios ni a su ganado porque personeros de Castedo habían cortado los caminos de acceso desde Salvador Mazza. Dijo que era una clara forma de presión, para asfixiarla económicamente y que se aviniera a malvender su campo.
La mujer aseguró que detrás de la maniobra estaba el Gordo Aparicio, entonces un poderoso diputado provincial del norte salteño. Y que aquel camino vecinal de tierra que corre paralelo a la frontera con Bolivia era usado por el clan de Castedo para transportar la droga que traía, en cantidades industriales, desde Santa Cruz de la Sierra.
El 21 de septiembre de 2006, dos sicarios la emboscaron. Le asestaron siete cuchilladas: las dos mortales, en el corazón y en el estómago; las otras cinco le destrozaron la boca. Los investigadores interpretaron el horrendo signo: la habían asesinado por haber alzado la voz contra los poderosos narcos que querían correrla de la zona.
Castedo ya estaba en la clandestinidad cuando la Justicia lo imputó como autor intelectual de la ejecución de Liliana Ledesma. Casi 15 años después del crimen, en mayo de 2021, debió haber empezado el juicio contra Delfín y su hermano, Raúl Amadeo, alias “Hula”. Pero, por ahora, quedó en suspenso. Los hermanos están alojados en el penal de Ezeiza y solo aceptan ser enjuiciados de manera presencial. Y el Servicio Penitenciario Federal (SPF) no quiere afrontar el riesgo de trasladar a los narcos miles de kilómetros al norte para ponerlos a disposición del Tribunal Oral Federal de Orán.
Hubo cinco intentos más de llevar adelante el debate en Salta. El último, el 20 de marzo de 2023. Las posiciones son las mismas, irreductibles: la defensa plantea que los Castedo quieren estar en la sala de audiencias, y no seguirlo desde una computadora y una cámara en una celda de la cárcel, a través del sistema de videoconferencia Policom, como pidió la fiscalía (y el tribunal aceptó);
Por el crimen de la productora rural de 37 años ya fueron condenados a prisión perpetua, en 2010, María Gabriela Aparicio –hermana del Gordo– y Aníbal Ceferino Tárraga, Lino Ademar Moreno y Casimiro Torres, sicarios del clan Castedo, y se les impuso la pena de 10 años de prisión a Patricia Guerra y de cuatro años a Juan Moreno.
Actividad sin freno
A pesar de que está preso –ahora, en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, adonde llegó en 2019 luego de que se detectara un plan de fuga en la cárcel federal de Güemes, en Salta– Delfín Castedo sigue manejando a “control remoto” las actividades espurias del clan, según los investigadores judiciales. Eso, a pesar de que buena parte de la cúpula de la organización fue detenida: ya cayeron los tres hermanos varones de Delfín –Hula (señalado como quien obtenía la droga para distribuir en Santa Cruz de la Sierra), Rafael y Roberto– y su cuñado, Mario Morfulis, marido de Roxana Castedo, la que figura como propietaria de la mitad de los dominios del Patrón del Norte en la frontera con Bolivia.
En mayo de 2020 fue detenido en Salvador Mazza uno de los laderos de Castedo. Ricardo Ervas. Sobre él pesaba una orden de captura desde 2016, lo que no le impidió sostener los negocios ilegales de la organización. De hecho, en la investigación del juez federal de Orán Gustavo Montoya se lo señala como una pieza clave en el movimiento de varias toneladas de cocaína por parte del clan Castedo.
Aunque no hay noticias recientes de la participación de esta organización en grandes contrabandos internacionales de droga, los paquetes con el logo del Delfín no dejan de aparecer en diversos procedimientos, cada vez más al sur dentro del país. Los operativos en los que se detecta la droga con la marca de calidad atribuida a Castedo denotan un cambio en la modalidad de tráfico: cantidades más chicas y el uso de “mulas” que utilizan sus vehículos particulares para transportar los estupefacientes con la fachada de viajes “convincentes”.
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