Con prisión perpetua firme por los homicidios de Forza, Ferrón y Bina, uno de los cuatro acusados pide ahora la revisión de su sentencia al máximo tribunal bonaerense sobre la base de las sentencias que recayeron sobre el fiscal que lo investigó y contra varios testigos que declararon en su contra
Sus últimas noches en libertad, Martín Lanatta las pasó abrazado a un fusil. Eran los días de la triple fuga. Todo un país seguía por televisión el minuto a minuto de la búsqueda. Él, su hermano y un cómplice pasaron a ser los prófugos más peligrosos del país: eran los condenados por el triple crimen de General Rodríguez. Al final, el calor y la sed de aquellos días de enero de 2016 pudieron más que los operativos de saturación. De Cayastá y Helvecia, en Santa Fe, directo a Ezeiza, la cárcel de máxima seguridad del país. Desde entonces, Lanatta busca la manera de recuperar la libertad.
Y, para eso, según pudo saber LA NACION, acaba de pedirle a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires que revise su condena a prisión perpetua por las ejecuciones de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, el triple crimen que dejó al descubierto la “ruta de la efedrina” a México y Estados Unidos, la “mafia de los medicamentos” y el financiamiento de la campaña del Frente para la Victoria (FPV) de 2007.
El instituto de la revisión está contemplado en el Código Procesal Penal bonaerense. Según el artículo 467, la acción de revisión procederá cuando, por ejemplo, “después de la condena sobrevengan o se descubran hechos nuevos o elementos de prueba que, solos o unidos a los que ya examinados en el proceso, hagan evidente que el hecho no existió, que el condenado no cometió o que el hecho cometido encuadra en una norma penal más favorable”.
Un Tribunal de Mercedes sentenció en diciembre de 2012 a prisión perpetua a Martín Lanatta, Cristian Lanatta, Víctor Schillaci y Marcelo Schillaci como partícipes necesarios del triple crimen de General Rodríguez de agosto de 2008. La Corte provincial dejó firme el fallo en febrero de 2016. La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lo propio a finales de ese año.
Y aunque ya pasaron ocho años desde que el máximo tribunal le puso punto final al proceso judicial, la abogada Stella Maris Rizzo Báez acaba de presentar “hechos nuevos” que, según su criterio, pueden cambiar la situación de Lanatta, alias “Pepe Portación”, como lo llamaba Forza por sus contactos en el ex Registro Nacional de Armas (Renar).
En primer lugar, la defensora de Lanatta recordó el paso de varios amigos de una de las víctimas por el juicio de Mercedes de 2012. Palabras más, palabras menos, aseguraron que Bina pagó con su vida por haber estado “en el lugar equivocado con las personas equivocadas”.
Para la jueza federal María Servini, que investigó el desvío de casi 41 toneladas de efedrina entre 2003 y 2008, Leopoldo, en vez de estar en el lugar y el día equivocado, era, de los tres, en el que “más tiempo” llevaba en el negocio.
Así, en el 2022, un tribunal condenó a los amigos en un juicio abreviado, es decir, reconocieron su responsabilidad a cambio de una pena mucho menor. En limpio: Bina y sus amigos mandaron 1496 kilos a México y Guatemala para el cártel representado en Buenos Aires por Rodrigo Pozas Iturbe.
En aquella época, los laboratorios argentinos importaban desde China e India por entre 90 y 120 dólares el kilo de efedrina para elaborar descongestivos, pero los cárteles mexicanos llegaban a pagar hasta 10 mil dólares por su contrabando para producir drogas sintéticas consumidas en los Estados Unidos, como las meths, ice o crystal.
A los testigos que mintieron en el juicio, la abogada de Lanatta agregó que otro tribunal condenó a quien fuera el fiscal de instrucción y de juicio del triple crimen, Juan Ignacio Bidone, por aportarle datos –que solo podía obtener por su función pública– al falso abogado Marcelo D’Alessio para extorsionar a personas mencionadas en sus investigaciones.
En octubre del 2023, la Justicia confirmó la pena de 3 años y 6 meses de prisión para Bidone, que todavía es fiscal, pero con licencia y espera un segundo juicio por otro hecho vinculado al falso abogado. A cinco años de la explosión del caso D’Alessio, en el que Bidone quiso convertirse en el primer fiscal “arrepentido” de la historia argentina, el Jurado de Enjuiciamiento bonaerense todavía no le puso fecha al juicio político.
Con estos y otros “hechos nuevos”, la abogada Rizzo Báez le solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires que revise la condena a Lanatta.
Los hechos
En el juicio del 2012, el tribunal dio por probado que a Forza, Ferrón y Bina los engañaron, secuestraron y asesinaron el 7 de agosto de 2008. Para eso, con la excusa de una compraventa de un cargamento de efedrina, Martín Lanatta los hizo ir hasta la casa de su familia en Quilmes. Allí, el rastro de los tres se perdió para siempre.
De ese plan criminal participaron su hermano Cristian y los hermanos Schillaci. En algún lugar los ejecutaron. En algún lugar conservaron en buen estado los cuerpos –tal vez, incluso, en un lugar refrigerado–. Y el 13 de agosto de 2008, cuando la noticia llegó a los diarios, plantaron los cuerpos en la otra punta del conurbano: General Rodríguez.
Pero, más allá de las mentiras de los amigos de Bina y la intervención de Bidone, la otra fiscal del juicio, Marcela Falabella, consiguió demostrar con otras pruebas que Lanatta fue quien organizó la reunión con las víctimas, paso previo y necesario para secuestrarlos en su casa de Quilmes, donde los esperaba el resto de la banda, y, finalmente, ejecutarlos. Ese mismo 7 de agosto, mientras caía la noche, prendieron fuego la camioneta de Ferrón en la calle Galicia 2789, Villa Santa Rita.
Tras la condena de 2012 y la triple fuga, Lanatta sumó condenas por robar vehículos para escapar, secuestrar personas y hasta balear a dos policías bonaerenses en Ranchos.
En el 2016, la jueza Servini se hizo cargo del expediente por el triple crimen. Quedaba mucho por hacer: tratar de individualizar a otros partícipes, arrestar a Ibar Esteban Pérez Corradi y determinar si fue el autor intelectual. Después de investigarlo durante cinco años, llegó a la conclusión de que Pérez Corradi no era “el dueño” del negocio y que las víctimas no pretendían “cagárselo”. Como reconoció, Pérez Corradi movió 13 toneladas. Muchísimo. Pero el negocio fue aún más grande: casi 41 toneladas, ante la pasividad de la Sedronar, la Aduana y la SIDE. Ante la inacción del Gobierno.
En abril de 2021, cuando dictó la falta de mérito de Pérez Corradi, la jueza Servini planteó tres hipótesis sobre el autor intelectual del triple crimen: alguien superior a él en la organización narcocriminal; la pista de los dos mexicanos, Juan Jesús Martínez Espinoza y el propio Pozas Iturbe –jefe de Bina–, enojados por el juego a dos puntas de las víctimas; y el hilo invisible de los servicios de inteligencia locales y extranjeros.
Estos narcotraficantes mexicanos fueron investigados por varios jueces, fiscales y tribunales. Ninguno encontró pruebas que los relacionaran con los condenados por el triple crimen. Los asesinatos de Forza, Ferrón y Bina perjudicaron a Pérez Corradi, Martínez Espinoza, Pozas Iturbe y tantos otros: el Gobierno restringió al máximo la importación de efedrina. Como quería Estados Unidos.
En esa resolución, la última conocida del caso, la magistrada ordenó varias medidas de pruebas, entre ellas investigar “la posible participación de Julio César Pose en los hechos”. Cuando conoció a Forza, a finales del 2007, Pose, “el Gitano”, era un destacado informante de la DEA. La agencia norteamericana lo quería en el terreno para investigar la “ruta de la efedrina” en Buenos Aires, que terminaba como crystal en los Estados Unidos.
La Embajada tiene mucho poder en la Argentina: Pose, por el armado de una causa de narcotráfico en diciembre del 2003, fue condenado 17 años después. Y recién fue obligado a empezar a cumplir la condena a finales de 2022. Para ese momento, el “Gitano” ya rozaba los 70 años. Así, consiguió la prisión domiciliaria.
El autor de esta nota y Diego Ferrón, hermano de una de las víctimas, acaban de publicar Operación Crystal, el libro definitivo sobre el triple crimen de General Rodríguez, la SIDE y la DEA, donde desarrollaron las tres teorías planteadas por la jueza Servini. De hecho, tiraron del hilo invisible de los servicios de inteligencia locales y extranjeros. Y les dieron el derecho a réplica a la Embajada de Estados Unidos, la DEA y sus agentes e informantes.
Mientras tanto, la Suprema Corte de Justicia bonaerense rechazó in limine el pedido de revisión. Ahora, Lanatta se prepara para ir hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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