Ordenan desalojar las celdas de comisarías bonaerenses

LA PLATA.- La justicia bonaerense ordenó clausurar los calabozos de todas las comisarías de esta capital provincial y de los partidos aledaños, que habían sido reabiertos para alojar detenidos por decisión del ministro de Seguridad, Alejandro Granados, e hizo lugar así a sendos recursos presentados por el jefe de los defensores oficiales platenses, por un fiscal del fuero penal y por la secretaria de Ejecución de ese mismo fuero, quienes consideraron que las seccionales policiales no cuentan con lugares adecuados para la permanencia de detenidos.

En una decisión que se conoció ayer, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de La Plata admitió las presentaciones que habían hecho el defensor general Omar Ozafrain, el fiscal Marcelo Romero y la secretaria de Ejecución Penal, Fabiana Ripani, y ordenó que se desalojaran los calabozos de las comisarías de La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen, San Vicente y otros distritos del departamento judicial platense, donde cerca de un centenar de personas permanecían alojadas, algunas de ellas desde hacía más de un mes, según dijo Ozafrain a LA NACION.

"Los calabozos de las comisarías estaban abarrotados. Y en algunos casos estaban ahí desde hacía un mes o un mes y medio, esperando que se habilitara algún lugar en una cárcel o alcaidía", explicó Ozafrain. "Esto empezó a ocurrir gradualmente desde que Granados decidió revertir la política de su antecesor, Ricardo Casal [ex ministro de Justicia y Seguridad, cuando las carteras estaban unificadas], que procuró ir vaciando las seccionales de presos."

En efecto, el actual ministro decidió en mayo último, y en el marco de la emergencia en seguridad declarada en la provincia de Buenos Aires, volver a habilitar los calabozos de las seccionales, en vista de la mayor cantidad de arrestos que se vienen produciendo y la falta de espacio en dependencias del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) para alojar a los detenidos.

La resolución del ministro entró en vigor hace un mes, al ser publicada en el Boletín Oficial.

Tras la decisión de Granados se alzaron algunas voces críticas, entre ellas la de la Comisión Provincial por la Memoria y la de la senadora Mónica Macha, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara alta. Además, Ozafrain y Ripani presentaron sendos hábeas corpus para que se dejara sin efecto la aplicación de la medida en el Departamento Judicial La Plata.

También lo hizo el fiscal Romero, luego de que, en junio último, dos presos escaparon de la comisaría 16a de Villa Ponsati, tras arrancar los barrotes del calabozo. "Ni siquiera los limaron, así de malas eran las condiciones en que estaban", dijo ayer Romero a LA NACION.

El viernes pasado, los jueces Samuel Saraví Paz, Guillermo Labombarda y Jorge Moya Panisello, integrantes del TOC N° 1, hicieron lugar a los tres hábeas corpus, que habían quedado unificados ante ese tribunal, y dispusieron que el gobierno bonaerense desaloje las celdas de todas las comisarías del Departamento Judicial La Plata, "por no garantizar dichos ámbitos los estándares mínimos de habitabilidad".

"Las comisarías no cuentan con la preparación y los requerimientos que exige un programa de necesidades carcelario", afirmaron los jueces en su resolución. "Si bien podría albergar el tránsito circunstancial de detenidos -agregaron-, los sectores de celdas de comisarías resultan ediliciamente inadecuados para alojar este tipo de internos por plazos extensos." Romero dijo a LA NACION: "Pude advertir que en algunas seccionales se alojó a personas que ya tenían prisión preventiva".

Fuentes del Ministerio de Seguridad dijeron a LA NACION que la reapertura de calabozos fue una necesidad por el aumento en los arrestos a partir de los operativos que viene realizando la policía bonaerense. "Hay muchas más detenciones y no alcanza el lugar en las cárceles y alcaidías para alojar a todos los detenidos", explicaron. Sin embargo, dijeron: "Se respetará la orden judicial" en el ámbito de su alcance, es decir, en el distrito judicial platense.