Poder de fuego: de dónde sale la enorme cantidad de balas que usan los narcos para sembrar el terror en Rosario

ROSARIO. Las bandas narco de Rosario se proveen de armas y municiones en el mercado negro. Y ese surtido clandestino, que abastece de manera aceitada esas “herramientas” -como se les dice en la jerga mafiosa-, se alimenta del propio circuito legal, gracias a los vericuetos que deja el escaso control del Estado, que a través de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC, el ex Renar) tiene un sistema “obsoleto” de vigilancia sobre la adquisición de proyectiles.

En ese mercado paralelo, las municiones que se adquieren de forma lícita en armerías –según se detectó una investigación judicial en Rosario- terminan en los tambores de los revólveres y los cargadores de las pistolas de los sicarios de las organizaciones criminales, que pagan por ellas entre cinco y diez veces más de su valor real.

El 2 de septiembre pasado, José Luis Andino -detenido en mayo de este año, acusado de integrar una asociación ilícita que proveía armas para las bandas que realizan ataques a mafiosos en Rosario- compró en una armería de esta ciudad 14.395 municiones de distinto calibre, por un monto cercano a los 800.000 pesos.

Lo hizo de forma legal, ya que tiene registradas en la ANMaC 32 armas; según la legislación vigente, puede adquirir 1000 proyectiles por cada revólver, pistola y escopeta que tiene inscripta a su nombre. Lo que sí es un delito, por el que está preso, es que luego de comprar de manera lícita esa cantidad de municiones las revendía en el mercado clandestino, donde los narcos se abastecen de armas y balas para atacar.

Según la investigación que llevó adelante el fiscal Pablo Socca, Andino compró en esa armería un total de 39.410 municiones de distinto calibre, entre ellas 9 milímetros, que son las que se usan mayormente en los ataques narcos. Pagó 1.972.420 pesos por ese arsenal de proyectiles. Se cree que adquirió muchas más en otras armerías. La sospecha de los investigadores es que vendió los proyectiles entre cinco o seis veces por arriba de su valor.

El 11 de febrero pasado, cinco sicarios se pararon frente a una casa y dispararon 40 tiros. No tuvieron ninguna limitación a la hora de disparar tantos balazos. Uno de los proyectiles entró por el cuello y salió por la espalda de Luisina Biagiola, una chica de 13 años que murió a los pocos minutos. Esa cantidad de balazos no solo buscó matar, sino sembrar terror, una estrategia que comenzó a hacerse palpable en otro tipo de delitos violentos como las extorsiones.

Esas balas adquiridas en el mercado negro –según se sospecha– son las que usaron los dos jóvenes que el jueves pasado, a la madrugada, pasaron en una moto por el Centro de Justicia Penal (CJP), donde las balas perforaron los vidrios del edificio en el que horas después, en una pantalla de Zoom durante un juicio, Máximo Cantero, alias Guille, dijo que su oficio era “contratar sicarios para tirar a los jueces”. El líder de Los Monos está acusado de haber planeado 14 atentados contra jueces y funcionarios judiciales realizados hace tres años.

“Hombres de paja”

La espiral de violencia que reina en Rosario desde 2013, cuando comenzó la llamada guerra narco entre bandas, no solo se nutre de sicarios y de una logística aceitada, sino también de armas y municiones que se adquieren en el mercado negro, que tiene aspecto fantasmagórico, nunca identificable. Una de las causas, según señala el fiscal Socca, “son los controles obsoletos por parte de ANMaC”. Lo que sí son claramente reconocibles son las cicatrices que deja la violencia narco.

Los ataques a balazos provocaron el año pasado 871 heridos en Rosario, una ciudad que vibra cada vez que se escuchan tiros, un sonido que resuena a toda hora y en cualquier parte. Este año la cifra supera, en el primer semestre, los 480 lesionados con disparos.

“Sin municiones no hay muertes ni heridos. En el análisis no se puede pensar por separado el problema de las armas del de las municiones. En la Argentina no hay controles eficaces de parte del Estado en la adquisición de proyectiles; se lo considera algo menor y debe tener la misma entidad que las armas”, consideró, en diálogo con LA NACION, Martín Angerosa, miembro de la Red Argentina para el Desarme (RAD).

En la investigación del fiscal Socca se detectó que en otra armería en la que se proveía Andino se usaban los llamados “hombres de paja” –una suerte de testaferros– para comprar una mayor cantidad de balas. Por ese motivo, el dueño de la armería Carmona fue imputado el jueves pasado por realizar anotaciones falsas en Registro Oficial de Municiones, expedido por el ANMaC.

El fiscal Socca desentrañó este eslabón clave del crimen organizado, como es la provisión de balas para llevar adelante hechos de violencia, a través de otra causa que en la que se trataba de dilucidar la venta de armas, y en la que un policía se tuvo que infiltrar para lograr la confianza de los vendedores de pistolas, escopetas y fusiles.

En esta trama, según la visión de Socca, lo que aparece con claridad “son los escasos” controles de la ANMaC sobre la venta de municiones. Según el funcionario judicial, “todo queda en manos de la armería”, a través del Registro Oficial de Municiones, que es un cuaderno de papel. Ahí se asientan las erogaciones de los proyectiles que el negocio vende. Y el empleado de la armería lo anota, a su vez, en la Tarjeta de Consumo de Municiones que le otorga la ANMaC a cada legítimo usuario (LU) cuando compra un arma.

Cada persona habilitada puede adquirir 1000 proyectiles. Lo puede hacer una vez por día, si quiere, mientras los haya disparado, según señaló el secretario de Control de Armas de Santa Fe, Lautaro Sappietro. Es decir, no puede acopiar las municiones, pero si las consume no tiene límites de compra hasta 1000 balas calibre 9 milímetros, por ejemplo. La ANMaC recibe cada 90 días una copia de ese cuaderno en papel, el Registro Oficial de Municiones que posee cada armería.

“Como ANMaC no tiene informatizados estos datos es casi imposible que se detecte alguna irregularidad. Y si la detecta es mucho tiempo después. Tampoco existe una ‘huella’ en las municiones que genere una trazabilidad; por lo tanto, es imposible hacer un seguimiento de esos proyectiles”, aseguró Sappietro a LA NACION.

El fiscal Socca evaluó que es muy complicado hacer un seguimiento de las municiones que se adquieren en el mercado negro porque no hay registros informatizados en ANMaC que se puedan cruzar. “Si existiera un sistema informatizado que controle la compra de municiones sería importante. Actualmente existe un cuaderno en papel que se revisa cada tres meses”, afirmó el funcionario del MPA.

En la provincia de Santa Fe existen hoy, según datos oficiales de la ANMaC, 102.403 legítimos usuarios que poseen 170.105 armas. Lo que es imposible de dimensionar es la cantidad de proyectiles que “están en la calle”, advirtió el secretario de Control de Armas.

La sede de la ANMaC en Rosario estuvo cerrada durante la cuarentena, por lo que además del escaso control no se realizaron ni siquiera trámites. La delegación en Rosario está a cargo de Marcelo Dorigón, un exmilitar que enfrenta denuncias de excombatientes de Malvinas. Su designación durante la gestión de Mauricio Macri generó fuertes cuestionamientos, e incluso pedidos de informes y repudios en la Cámara de Diputados, pero actualmente sigue en el cargo de la ANMaC, cuya conducción nacional está al mando, desde principios de este mes, de Natasa Loizou, una dirigente de La Cámpora que había ocupado otros cargos anteriormente en ese organismo.

El problema de la violencia en Rosario está atravesado por ese mercado negro de armas y municiones que provee a las bandas narco, muchas de las cuales operan desde la cárcel. En el primer semestre del año la policía de Santa Fe secuestró un promedio de diez armas por día.

Según el último informe del Observatorio de Seguridad Pública, entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2021 se incautaron 8707 armas de fuego. En los primeros seis meses de este año 487 personas fueron heridas con armas de fuego, mientras que se produjeron 134 asesinatos hasta el 15 de agosto. Según datos oficiales, el 90,4% de los crímenes se cometieron con armas de fuego. De ese total, 101 hechos de sangre se concretaron en la calle y 26 en el domicilio particular de la víctima. El 78% de los casos fue planificado, por lo que se supone que fueron cometidos por sicarios, justamente los principales clientes del mercado negro de municiones.