Proponen un protocolo de investigación para los casos de femicidio

Las marchas para exponer la violencia contra las mujeres recuerdan que esos casos se repiten. Ayer se notificaron cuatro asesinatos, que elevan el registro anual de femicidios a más de 280 muertes. Los familiares de las víctimas piden respuestas a la Justicia y los fiscales esperan tener mejores herramientas en esas investigaciones con la creación de un protocolo que oriente las pesquisas de manera similar en todo el país. Los principales representantes de los ministerios públicos de cada distrito se reunieron en los últimos días para debatir esa propuesta que busca dejar en claro las señales que deben buscarse para definir un caso como femicidio.

El documento generado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM). Entre los indicios que se recomienda tomar en cuenta están los "signos de violencia simbólica sobre objetos de especial significado para la víctima, como fotos, recuerdos, objetos de valor afectivo; el análisis de mensajes en teléfonos celulares, computadoras, cámaras fotográficas u otros dispositivos electrónicos que almacenen datos; maquillaje, vestimenta y otras pertenencias o elementos de valor personal de la víctima que se encuentren desparramados o rotos y que permitan inferir una discusión o pelea previa a su deceso", entre otros puntos que se aconsejan para focalizar una investigación.

Con el objetivo de afrontar ese delito de una manera más integral y homogénea, el Ministerio Público Fiscal de la Nación, junto a la Iniciativa Spotlight una alianza global de la Unión Europea y las Naciones Unidas que busca eliminar la violencia contra mujeres y niñas en todo el mundo-, llevó a cabo el encuentro "Avances y desafíos de los ministerios públicos fiscales en la investigación y litigio de casos de femicidios". El encuentro buscó impulsar el uso del "Protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres", un documento creado por la UFEM que ofrece pautas sencillas y ágiles para actuar ante este tipo de casos, de manera eficaz y con perspectiva de género.

"La criminalidad de género es grave, compleja y sostenida, y sobre todo un asunto público que va más allá de la violencia doméstica. No solo se produce en ámbitos íntimos, sino que es un fenómeno que vemos presente en otros delitos, como el narcotráfico, la trata de personas e incluso la violencia institucional y carcelaria", señaló Mariela Labozzetta, titular de la UFEM.

"Estamos respondiendo deficitariamente a la violencia de género. Los femicidios aún cuentan con índices de impunidad muy altos, prófugos, casos mal investigados y hasta una ineficacia en la recolección de pruebas; además, no se priorizan esas causas y si no hay familias detrás de las investigaciones, directamente no se mueven", aseguró la fiscal especial.

Para Labozzetta, el protocolo elaborado en 2018 tiene la potencialidad de producir transformaciones serias, y aunque asegura que no se está cerca de alcanzar un estándar ideal, representa una herramienta más para asegurar que los delitos de violencia contra mujeres cuenten con una mirada de género en las investigaciones y las sentencias. Asimismo recordó la sentencia en el caso de Lucía Pérez, una chica de 16 años que murió como consecuencia de un abuso sexual, en la que se condenó a los dos acusados por facilitación de drogas en vez de por femicidio. "En este caso nos encontramos con una sentencia judicial estigmatizando a la víctima por su asesinato", dijo Labozzetta.

El encuentro contó con la presencia el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal; la embajadora de la Unión Europea en la Argentina, Aude Maio-Coliche; el coordinador residente de las Naciones Unidas (ONU) en nuestro país, Roberto Valent; la representante de ONU Mujeres, Florence Raes, y el coordinador residente de la ONU, Luca Pierantoni, quienes coincidieron en señalar que aún falta llevar a cabo un largo trabajo, tanto en la Argentina como en la región, para evitar la muerte violenta de mujeres.

El procurador Casal destacó que "la experiencia indica que muchas veces estos casos pueden presentarse con otros ropajes, sobre todo porque este tipo de delitos presentan características especiales que generan desafíos adicionales y ameritan recopilar y difundir las mejores prácticas, con herramientas útiles para investigar y litigar tanto los femicidios como las muertes de mujeres por causas dudosas, como suicidios o accidentes".

Hizo referencia a un caso que se encuentra en proceso y que estaba catalogado como una desaparición, pero en que gracias a la colaboración de la UFEM se pudo reorientar la investigación y ahora tramita bajo la carátula de femicidio. "Este tipo de causas nos llevan a preguntarnos qué errores cometimos por no mirar el delito de entrada con una perspectiva de género."

Por su parte, el fiscal general adjunto porteño Luis Cevasco comentó: "El derecho penal puede adoptar una mirada de género para detectar alertas tempranas que nos ayuden a evitar un femicidio, que al final de cuentas es el final de un caso de violencia. No hay dos casos iguales ni dos víctimas idénticas, por eso es importante que los fiscales conozcan a la víctima para tomar decisiones y evitar estandarizar respuestas. Sabemos que si llegamos al femicidio, hemos fallado".

Más de 500.000 ataques

Durante el encuentro de fiscales se exhibió que entre 2013 y 2018 hubo 576.360 casos de violencia contra niñas y mujeres, en los que la mayoría de las víctimas (67%) tenían entre 18 y 39 años, según se desprende de un relevamiento realizado por el Indec. Asimismo, especialistas de la UFEM y de las Naciones Unidas exploraron las pautas del protocolo para asegurar la incorporación de la perspectiva de género en las investigaciones por muertes violentas de mujeres.

Según los expertos de la UFEM, el protocolo propuesto como línea común de trabajo facilita la identificación de signos e indicios de violencia de género asociados a contextos femicidas, al tiempo que promueve la coordinación entre los fiscales, las fuerzas de seguridad, médicos forenses y auxiliares de justicia que intervienen en las investigaciones, con el fin de garantizar el respeto de los derechos de las víctimas y de los sobrevivientes.