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Reforzaron controles, pero se denuncian 166 robos de celulares por hora
En los últimos tres años se registró una disminución de 16% en los hurtos de equipos móviles en nuestro país; sin embargo, se mantiene el fuerte impacto de ese delito
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El robo de teléfonos celulares es una actividad lucrativa para los ladrones. Son fáciles de ocultar y de revender. Se trata de uno de los delitos más expandidos en todo el país. Desde marzo de 2016 hasta junio de este año, fueron hurtados un total de 5.300.000 dispositivos móviles en la Argentina.
Hace un año el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) emitió un decreto por el cual los celulares denunciados como perdidos, robados o falsificados serían bloqueados y ya no podrían funcionar con ninguna red móvil del país.
Sin embargo, quienes se dedican a este meganegocio criminal parecen haberle encontrado la vuelta a ese cerrojo. Según números oficiales, a mediados de este año la cifra diaria de sustracción de teléfonos móviles apenas había caído un tres por ciento.
Los datos del Enacom señalan que las denuncias de robo de celulares en todo el país bajaron 16% desde 2016, con un promedio diario que pasó de 4783 a 3995. Este año se denunció un promedio de 166 móviles robados cada hora.
Con el objetivo de desalentar el mercado negro de celulares, las fuerzas de seguridad, el Gobierno y los ejecutivos provinciales lanzaron operativos en galerías comerciales y en locales especializados en busca de aparatos con su número de serie electrónico (IMEI) alterado. A partir de octubre de 2018 comenzó a regir el plan de control de comunicaciones móviles por el cual las tarjetas SIM que no estén nominadas (registradas a nombre de un usuario real) son bloqueadas. La iniciativa desalienta la instalación de chips en teléfonos adulterados y busca, así, reducir el hurto de celulares.
"El delito mutó. Antes encontrábamos más teléfonos exhibidos durante las inspecciones en las galerías que se dedican a venderlos. Hoy los mantienen escondidos", explicó a LA NACION el jefe del Departamento de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad, Julio Martínez Cartier.
"Empezamos por el último eslabón de la cadena: las personas que venden celulares en los locales. Luego realizamos controles en ?zonas calientes' de la ciudad donde detectamos actitudes sospechosas, tanto saliendo de los locales como en la vía pública. Además, buscamos ?cuevas' en las que procesan celulares robados adulterando sus números de IMEI con el fin de volver a insertarlos al mercado", describió Cartier.
Los ladrones, en general, llevan los teléfonos que roban a tiendas de reventa o a "cuevas" donde se desbloquean y adulteran, para poder reingresarlos en el mercado. Pero en el caso de un smartphone de alta gama (como el iPhone o el Samsung Galaxy S10), desbloquearlo no es sencillo.
Gustavo Presman, perito informático forense, aseguró a LA NACION que "los dispositivos más nuevos con las últimas versiones de los sistemas operativos no se pueden desbloquear, y tal como ocurre en los peritajes de teléfonos, se deben enviar a un laboratorio para que los desarmen". Y agregó: "Los fabricantes hacen sistemas que son cada vez más complejos. Hoy, los dispositivos nuevos están vinculados a cuentas en la nube, y para desbloquearlos se requiere de las contraseñas originales, y en el caso de que consigan hacerlo, los delincuentes le descargan un número de serie electrónica (IMEI) de otro dispositivo que no esté en la lista negra global de celulares para volver a habilitar el servicio".
Esta clase de delitos impacta fuerte también en otros países de nuestra región, como Colombia y Brasil, donde también se supera el millón de celulares robados cada año.
Inspecciones sorpresivas
Desde noviembre del año pasado la ciudad de Buenos Aires cuenta con una reglamentación que obliga a los locales de reparación y venta a mantener la documentación respaldatoria para cada dispositivo, lo que incluye el DNI del dueño del celular y algún comprobante de compra; además, los oficiales de control generan una consulta en la página del Enacom para verificar que el número de IMEI no tenga reporte de robo, hurto o extravío, y que coincida con la marca y modelo del dispositivo.
"La idea es darle un golpe económico a este delito", dijo Martínez Cartier.
"A partir de las inspecciones integrales que llevamos adelante junto a otras agencias, como la AGC [Agencia Gubernamental de Control], Migraciones o la AGIP [Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos], notamos que la cantidad de locales que se dedican a este rubro ha disminuido en el ámbito porteño e incluso han abandonado las galerías tradicionales de varias zonas, como Retiro, Liniers, Balvanera, Once y Pompeya, a causa de las clausuras y de las violaciones normativas, para las que se prevén importantes multas por no cumplir con las reglamentaciones".
Entre 2018 y 2019, el Departamento de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad llevó a cabo procedimientos en 630 locales en los que secuestraron 5325 celulares y detuvieron a 387 personas. En lo que va del año ya hubo 196 detenidos, con una mayoría de extranjeros entre los sospechosos arrestados por este delito.
Una red mafiosa
A pesar de las medidas instrumentadas, los números revelan la dificultad para desalentar un delito que puede llegar a generar ganancias de hasta 23,9 millones de pesos diarios para los delincuentes. Además, cualquiera puede convertirse en blanco de este tipo de robos, en especial porque nueve de cada 10 ciudadanos poseen un celular, según el último estudio de la Mobile Marketing Association.
Por su parte, el abogado penalista Gabriel Iezzi, del estudio Iezzi & Varone, señaló a LA NACION: "Lo que hay detrás del robo de celulares es una organización que se dedica al desbloqueo y la comercialización de dispositivos. No se trata de un delito ocasional, sino transnacional. Sabemos que los celulares pasan de la Argentina a países limítrofes, a Perú y a Colombia, y aunque se trata de evitar este delito con algunas iniciativas, no se logró reducirlo significativamente".
Iezzi considera necesaria la decisión judicial de unificar en una sola fiscalía todas las investigaciones sobre los grupos que se dedican a este delito. La iniciativa -que emula la creación de la fiscalía especializada en piratería del asfalto, en 2009- podría concentrar todas las denuncias por robo de celulares de los últimos tres meses en un mismo lugar.
"Si se unifican todas las investigaciones en una fiscalía temática se podría hacer un control de todos los hechos denunciados e incluso un mapa del delito. De otra manera nunca se llega a los altos estratos de las organizaciones que se dedican al robo de celulares y viven de él, mientras que la Justicia solo se queda con los jóvenes que sustraen teléfonos a los ciudadanos y que luego de ser detenidos y retenidos unas pocas horas, salen por la puerta de atrás sin condena", concluyó.
Consejos para no convertirse en una víctima fácil de los arrebatadores
Denuncias al *910
Los especialistas en ciberdelitos de la Policía de la Ciudad rastrean lugares utilizados como "cuevas" para desbloquear los celulares robados. En tanto intentan golpear ese punto en la red de esta clase de delito, aportaron una serie de recomendaciones para evitar hurtos. En principio, advierten sobre la necesidad de estar atentos en la vía pública y no exponerse innecesariamente, ya que los delincuentes pueden advertir los dispositivos más preciados y a las potenciales víctimas más desatentas y vulnerables. Aconsejan también no comprar celulares usados sin chequear la procedencia (los números de IMEI se pueden verificar en la web del Enacom). Se pide, además, denunciar siempre los robos, hurtos o extravíos de los dispositivos al *910, para que se registre en la base de datos de aparatos que deben ser bloqueados.
Un problema regional
El delito de robo de celulares genera un fuerte impacto no solo en la Argentina, sino también en los países de la región. Según los datos de GSMA, la asociación mundial de operadores de telefonía móvil, en Colombia se registraron más de un millón de aparatos robados en el último informe estadístico, una cifra similar a la expuesta por Brasil, mientras que en Perú, durante 2016, se denunciaron 2.300.000 robos.
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