La Cámara de Casación porteña instruyó a jueces a que se aplique el nuevo régimen penal juvenil

El nuevo régimen penal juvenil que bajó la edad de imputabilidad a los 14 años entró en vigencia el 5 del actual y su aplicación sufrió turbulencias en territorio bonaerense por la suspensión que había dictado una jueza de menores de Lomas de Zamora, medida que fue revocada en los últimos días por camaristas de ese distrito. En la ciudad, la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas instruyó a los jueces para que apliquen sin dudas la ley que fue aprobada en el Congreso en febrero pasado.

La Cámara dictó el Acuerdo Extraordinario 4/2026, en el cual estableció que los delitos cometidos por la franja etaria de 14 y 15 años bajo la nueva ley son de competencia local, según se informó en un comunicado de prensa.

“El Poder Judicial de la Ciudad no sólo está en condiciones de asumir nuevas competencias penales: sino que está en mejores condiciones de asumirlas”, enfatizó el presidente de la Cámara, Javier Alejandro Buján. En este sentido, el magistrado celebró que el Senado diera media sanción, el jueves último, al convenio que transfiere a la Ciudad la función judicial que hoy ejerce la Justicia Nacional de Menores en materia correccional y criminal.

Este convenio, suscripto entre la Nación y el gobierno porteño, prevé que la Justicia de la Ciudad pasará a intervenir en todos los delitos no federales cometidos por menores de edad, incluyendo tanto a adolescentes de entre 14 y 18 años como a menores de 14 años respecto de los cuales se prevé una intervención tutelar. El acuerdo, para entrar en vigencia, debe contar con la aprobación de ambas cámaras del Congreso y de la Legislatura porteña.

Mientras tanto, la Justicia porteña ya instruyó a jueces, fiscales y defensores a aplicar el nuevo régimen penal juvenil y a intervenir en los hechos delictivos en los que intervengan las personas menores entre 14 y 18 años.

“La convergencia entre la actualización del Régimen Penal Juvenil y el avance en las transferencias de competencias penales configura un hito histórico y un gran desafío”, exaltó Buján, quien señaló que la ciudad cuenta con una estructura judicial operativa “plenamente consolidada”.

“No empezamos de cero: operamos bajo una de las leyes procesales más avanzadas del país, lo que nos pone a la vanguardia -señaló- En esta jurisdicción se contemplan, desde su génesis, las medidas alternativas a la privación de la libertad, lo que nos permite asegurar que la intervención penal funcione como una verdadera oportunidad de resocialización y reinserción del menor, y no como un mero castigo, en el marco de un sistema acusatorio dinámico que ha logrado reducir drásticamente los tiempos de resolución.”

La ciudad cuenta también con dispositivos especializados para garantizar los derechos de los menores que participen en procesos judiciales, agregó Buján, ya sea como víctimas, testigos o en otras situaciones que requieren una intervención especial. Enumeró, por caso, la Secretaría de Infancias y Adolescencias, especialmente diseñada para el acompañamiento de los menores en conflicto con la ley penal; el Centro de Atención y Derivación; el Programa de Acompañamiento e Inclusión y la Sala de Entrevistas Especializadas, creada para la toma de declaración de los menores.

“Un adolescente no puede quedar definido por una causa penal. Tenemos que poder ver a la persona, sus capacidades, sus vínculos y todo lo que todavía puede construir”, sostuvo Buján.

LA NACION

• Justicia

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