Secuestro de computadoras y documentación: cómo seguirá la investigación tras los allanamientos por las coimas pagadas por Securitas

La investigación que se inició después de que la empresa de seguridad privada Securitas admitiera ante la Justicia el pago de millonarias coimas a representantes de organismos públicos para no perder los contratos y para cobrar servicios adeudados podría tener nuevos avances a partir del análisis de la documentación y dispositivos electrónicos secuestrados en los más de 50 allanamientos ordenados por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. “En los allanamientos hechos por la Gendarmería Nacional fueron secuestrados autos de alta gama, dinero en efectivo, documentación societaria, teléfonos celulares, computadoras, documentación de movimientos bancarios locales y en el exterior”, agregaron las fuentes consultadas.

En los allanamientos, hechos en Ezeiza, Tigre, Córdoba, Entre Ríos y la ciudad de Buenos Aires por personal del Escuadrón de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Buenos Aires de la Gendarmería Nacional se secuestraron 19 vehículos, una moto, 20 notebook, 30 teléfonos celulares, 19 armas de fuego, 2088 municiones de diferentes calibres, 232.165 dólares, 8845 Euros, 114.000 pesos chilenos y 11.500.000 pesos.

Uno de los procedimientos, denominado “registro de presentación”, fue hecho en un departamento situado en Belgrano, donde vive el director del Registro Nacional de las Personas (Renaper), Pablo Santos.

El Renaper, según la autodenuncia hecha por Securitas, fue uno de los organismos que recibió los ‘pagos indebidos’ por parte de representantes de la empresa de seguridad privada.

“Los denunciantes dijeron que el organismo fue cliente de Securitas Argentina desde 2011 hasta el mes de noviembre de 2015. En ese sentido, refirieron que la investigación interna detectó una serie de presuntos pagos indebidos desde la compañía al Renaper para obtener y mantener la contratación y subcontratación para la prestación de servicios. Agregaron que los aludidos pagos se habrían realizado en el año 2016 a efectos de mantener la relación contractual y a fines del año 2015 para cancelar deudas pendientes”, explicaron fuentes judiciales.

Los voceros consultados explicaron que, más allá de los testimonios aportados por la empresa, “se pudo corroborar la verosimilitud de los relatos” a partir de la información obtenida “en el calendario” del correo corporativo de Gabriel Di Cesare, uno de los exdirectivos de Securitas detenidos por orden de la jueza Arroyo Salgado, donde se hallaron registrados encuentros con funcionarios del Renaper, entre ellos Santos.

Santos es un funcionario de carrera. ”No hay motivos para dudar de él. No está acusado. No está imputado, no fue llamado a prestar declaración indagatoria. Es parte de un grupo de personas investigadas por la Justicia. Su legajo es intachable”, afirmaron a LA NACION fuentes del Ministerio del Interior, cartera que bajo su órbita está el Renaper.

Al ordenar el allanamiento en el domicilio de Santos, la jueza Arroyo Salgado dispuso el secuestro de teléfonos celulares, computadoras, dispositivos electrónicos y agendas personales.

“En el domicilio de Santos se secuestró su teléfono celular, su computadora y documentación de interés para la causa”, dijeron fuentes del caso.

La investigación que derivó en el procedimiento en el departamento de Santos, según pudo saber LA NACION de fuentes oficiales, comenzó en febrero de 2020 tras una denuncia hecha por representantes de Securitas Argentina en la que sostuvieron que un grupo de exdirectivos “abusaron y utilizaron la estructura corporativa, así como su posición en el mercado y el renombre del grupo, con el único fin de obtener un beneficio para ellos y, de forma indirecta, para las empresas que representaban”.

En el expediente, el Ministerio Público Fiscal está representado por el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, funcionario que tiene la colaboración de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), conducida por el fiscal Sergio Rodríguez, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Diego Velasco.

También, según fuentes judiciales, fue allanado el domicilio de una exdirectora nacional de Coordinación Técnica y Administrativa del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) situado en San Isidro.

El Senasa, según el expediente judicial, fue otro de los organismos públicos que recibió las coimas de Securitas Argentina SA.

“Según los denunciantes, desde el mes de diciembre de 2015 hasta el mes de mayo de 2017 Securitas Argentina continuó siendo proveedor del Senasa por medio del sistema de subcontratación por parte de la firma Guardman SA. Afirmaron que durante el período comprendido entre 2016 y 2018 se hallaron pagos supuestamente indebidos a funcionarios del organismo estatal que se originaron desde la tesorería de Securitas Argentina, con el fin de mantener la contratación entre la firma Guardman SA. Y explicaron que tanto el sistema de pagos indebidos como la subcontratación se encontraban debidamente articulados para que Securitas Argentina continuara obteniendo los beneficios de la contratación con el organismo público”, según reconstruyeron fuentes judiciales.

Hasta el momento, la causa tiene nueve detenidos. Todos exdirectivos de Securitas, quienes se negaron a declarar cuando fueron indagados por la jueza Arroyo Salgado.

En los más de 50 allanamientos y registros domiciliarios, la Gendarmería Nacional secuestró autos BMW, Mercedes Benz y camionetas 4x4, entre otros vehículos.

Como informó LA NACION, tras admitir el pago de millonarias coimas a representantes de organismos públicos para no perder los contratos y para cobrar servicios adeudados, la empresa de seguridad privada Securitas se comprometió a abonar una multa equivalente al beneficio que obtuvo como consecuencia de los sobornos, canceló una deuda tributaria de 1500 millones de pesos y compró 1100 kilos de carne que fueron entregados a comedores parroquiales de San Isidro y de Entre Ríos.

Así se estableció en el “acuerdo de colaboración eficaz” que firmaron el fiscal Domínguez y representantes de Securitas y que fue homologado por la jueza Arroyo Salgado. Se trató del primer caso donde se logró un acuerdo entre la Justicia y una empresa en el marco de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, normativa aprobada en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri.

En el momento en que fue hecha la denuncia, Securitas Argentina SA era una filial de la compañía Securitas AB, que ofrece servicios de seguridad, monitoreo, consultoría e investigación con sede principal en la ciudad de Estocolmo, capital de Suecia.

En la actualidad, la filial local fue adquirida por una empresa de capitales argentinos y un grupo latinoamericano especialista en mercados emergentes. Fuentes al tanto de investigación sostuvieron que la nueva gestión no tiene nada que ver con los “pagos indebidos”.