Sextorsión. Armaron un call center tumbero y robaron en 20 días más de $40.000.000 a usuarios de páginas eróticas

Un policía bonaerense y cuatro efectivos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) con un grupo de presos formaron una banda que se dedicaba a realizar extorsiones desde dos cárceles bonaerenses.

Durante la investigación, encarada por el Ministerio Público bonaerense se determinó que los responsables de la organización delictiva se apropiaron de más de $40.000.000 en veinte días. Ese dinero fue recibido en concepto del cobro de extorsiones.

El policía y dos de los guardiacárceles fueron apresados durante una serie de allanamientos realizados en las últimas horas en los penales de González Catán y Lomas del Mirador, donde funcionaba el call center tumbero.

En tanto que los investigadores judiciales y policiales buscan a otros dos agentes penitenciarios que lograron huir de los operativos.

Además de los uniformados, los responsables de la pesquisa detuvieron a otros 29 sospechosos, acusados de formar parte de la banda que, mediante celulares que los presos tenían en sus calabozos, cobraban $3.000.000 a cada una de las víctimas que caían en la telaraña de engaños pergeñados por los delincuentes.

Según fuentes judiciales, las estafas se concretaron a través de plataformas digitales en las que se ofrecía contenido erótico.

“Primero, los acusados crearon perfiles falsos de supuestas acompañantes sexuales. Todos esos perfiles eran administrados de forma clandestina por los presos. Cuando las víctimas realizaban consultas en la plataforma, los delincuentes captaban sus datos telefónicos y se comunicaban con ellos mediante llamadas o mensajes de WhatsApp. Simulaban ser del sitio para exigirles el pago inmediato de multas de hasta $3.000.000 bajo el falso pretexto de haber molestado a las mujeres que aparecían en esas páginas o por haber generado deudas en el sistema”, indicó uno de los investigadores.

Una vez que revisó todas las pruebas y las denuncias, el fiscal Juan Marcelo Diomede, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 5, del Departamento Judicial de La Matanza, identificó las líneas desde las que se mandaron los mensajes extorsivos y solicitó los allanamientos y detenciones de los imputados.

“Para quebrar la voluntad de las víctimas, la organización adquirió bases de datos privadas a través de la aplicación Telegram. Con esta información, los integrantes de la banda mandaron a las víctimas reportes detallados con sus datos personales, laborales y familiares. De esa forma los amenazaron explícitamente con atentar contra sus vidas o concurrir a sus domicilios para exponerlos, si no efectuaban las transferencias o entregas de dinero en efectivo”, explicó uno de los detectives que participó de la pesquisa.

También participaron de la investigación funcionarios del Departamento de Ciberdelitos y Tecnologías Aplicadas de la Procuración General y la colaboración de la División de Casos Especiales de la policía bonaerense.

Hasta el momento, los responsables de la investigación lograron identificar a veinte víctimas, todos hombres. Aunque, fuentes de la pesquisa indicaron que la cantidad de víctimas sería mayor, pero muchos de los damnificados no se presentarían ante la Justicia debido a que quedarían expuestos.

Además de identificar los celulares desde los que se mandaban los mensajes extorsivos, los investigadores judiciales rastrearon las denominadas “cuentas mulas”, usadas por los estafadores para canalizar el dinero que recibían de las extorsiones.

Los analistas María Celeste Seguí, Horacio Martino y Carolina Padín que forman parte del Departamento de Ciberdelitos y Tecnologías Aplicadas de la Procuración General estuvieron a cargo del seguimiento de la ruta del dinero y de ponerles nombres y apellidos a los titulares de esas “cuentas mulas”.

Supervisados por la responsable de la mencionada unidad fiscal, Gisela Burcatt, los analistas elaboraron perfiles digitales de los sospechosos y revisaron una importante cantidad de cuentas virtuales.

“Estas cuentas pertenecían a terceras personas que cedieron sus claves de acceso para que los reclusos las administraran de forma remota. La trazabilidad financiera determinó que la organización criminal operó y movilizó más de $40.000.000 en veinte días. Así se determinó que los destinatarios finales de los fondos eran presos, sus familiares e integrantes del servicio penitenciario”, se indicó oficialmente.

Con todas las pruebas y los nombres de los titulares de las “cuentas mulas” y de los celulares, el fiscal Diomede solicitó la realización de 31 allanamientos simultáneos en los partidos de La Matanza, Lomas de Zamora, Moreno, Merlo y Malvinas Argentinas y en una serie de calabozos de las Unidades Penitenciarias N° 43 y 58, situadas en González Catán y Lomas del Mirador, respectivamente.

Durante los allanamientos, los funcionarios judiciales y policiales detuvieron a 32 sospechosos y secuestraron 62 celulares. Al menos treinta de estos teléfonos fueron hallados en domicilios de los agentes penitenciarios, el policía bonaerense acusado y familiares de los presos.

Mientras que los calabozos de las dos cárceles allanadas, los responsables de la pesquisa hallaron otros 32 celulares, dos CPU equipadas con antenas para conexión Wi-Fi y dos notebooks. En esa misma cárcel, la Unidad N° 43, durante un procedimiento realizado hace un año se habían secuestrado otros 15 celulares ingresados de forma irregular y más de 50 chips.

Por Gustavo Carabajal

• Ciberdelitos

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