“Son responsables”. La madre de Blas Correas pidió que condenen a los 13 policías cordobeses que participaron en el asesinato de su hijo

El juicio a 13 policías por el crimen de Valentín Blas Correas, el adolescente de 17 años asesinado de un balazo durante un control policial en agosto de 2020 en la ciudad de Córdoba, entrará mañana en una etapa decisiva. Y en la víspera de los alegatos, la madre de la víctima sostuvo que todos los imputados “son responsables” y que espera que sean condenados.

“Dos policías dispararon a matar y los otros desplegaron maniobras para encubrir, plantando un arma, con la intención de simular un enfrentamiento armado”, manifestó a Télam Soledad Laciar, madre de la víctima.

Asimismo, aclaró que “el caso no se cierra con este juicio que está terminando”, al sostener que “hay más policías que tienen que ser investigados, al igual que funcionarios del Estado provincial que se sumieron al silencio cómplice de lo que había ocurrido”.

Al respecto, la madre de Blas se refirió a las declaraciones en el juicio del exministro de Seguridad al momento del asesinato, Alfonso Mosquera, y de la actual jefa de la Policía de Córdoba, Liliana Zárate Belletti: “Claramente, admitieron que la muerte de mi hijo encuadra en un delito de violencia institucional, por lo tanto, el Estado es responsable de la formación y del accionar policial”.

“Fue muy duro ver las imágenes y los videos de cómo mataban a mi hijo. Lo hicieron con desprecio por la vida”, reprochó la mujer y añadió que “no podía entender que después de asesinar, los policías se reían, se divertían”.

Recordó que, cuando se enteró telefónicamente, por un allegado, de lo que le había pasado a Blas, tuvo que vivir una situación de “indiferencia y de crueldad de las autoridades de la policía, del Ministerio de Seguridad y del gobernador [Juan Schiaretti]”.

“No solo que no nos dieron respuestas sobre lo que le había pasado a mi hijo, sino también por la falta de contención que ante el dolor que la familia estábamos viviendo”, cuestionó Laciar.

“Hoy son 13 policías que tienen que ser condenados por distintas responsabilidades sobre lo que ha ocurrido, porque así ha quedado demostrado en este juicio y espero que el jurado tenga esa convicción”, consideró la mamá del adolescente asesinado.

Sostuvo también que, en los alegatos, los fiscales y los querellantes van a solicitar que se investigue a los restantes responsables que no están en este proceso de enjuiciamiento.

“No voy a bajar los brazos para que se haga justicia por Blas y también por el crimen de otros chicos, y para que la policía cambie. Queremos una policía en quien confiar, que nos cuide y no que nos mate”, remarcó.

El juicio había comenzado el 7 de setiembre del año pasado y en diciembre, luego de 28 audiencias de debate de pruebas y unos 60 testimonios, por la feria judicial se pasó a cuarto intermedio hasta el 8 de febrero.

Ese día no se pudo habilitar el debate por la ausencia justificada de cuatro miembros del jurado popular y se pasó la audiencia al 10 de febrero.

Esa situación puso en alerta a las partes ante la posibilidad que continúen las ausencias del jurado y se agote la lista, lo que implicaba la “nulidad” de todo el juicio, por lo que en acuerdo con el tribunal y las partes, se incorporaron por lectura todos los testimonios restantes, se eliminaron las 11 audiencias programadas hasta el 31 de marzo y se anunció que mañana a las 9 se iniciarán los alegatos.

En la misma jornada, expondrán sus alegatos los fiscales Fernando López Villagra y Marcelo Hidalgo, quienes se estima que solicitarán una condena a prisión perpetua para los dos policías que dispararon contra el automóvil en el que viajaban Blas y sus amigos.

El próximo viernes 24 será el turno de los tres abogados querellantes, mientras que el 3, 8, 10, 15 y 17 de marzo será el turno de los abogados defensores, y se espera que a fines de marzo se dicte el veredicto.

Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió la madrugada del 6 de agosto del 2020, cuando Juan Cruz Camerano Echevarría, hoy de 21 años, conducía un Fiat Argo, junto a cuatro amigos compañeros de colegio: Valentín Blas Correas, Camila Toci, Mateo Natali y Cristóbal Bocco.

Cuando circulaban sobre avenida Vélez Sarsfield y Romagosa, del barrio Colinas, en el sur capitalino, había un control policial de prevención en donde los efectivos hicieron señas al conductor para que disminuya la velocidad; sin embargo, el automóvil siguió su curso y no paró.

Camerano Echevarría, en su testimonio, dijo que se había asustado porque, cuando estaba por detenerse, advirtió que uno de los policías empuñaba un arma que lo apuntaba en la cabeza.

Mientras los efectivos notificaban a los comandos y móviles sobre la evasión, el cabo primero Lucas Damián Gómez, de 37 años, efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria contra el automóvil “con intención de matarlos”, según describe la elevación a juicio.

Por su parte, el cabo primero Javier Catriel Alarcón, de 33, que también se encontraba en el puesto de control, “en acuerdo tácito [con Gómez] y aportando al plan común de dar muerte a los ocupantes del vehículo”, también efectuó dos disparos sobre el vehículo en marcha “a sabiendas de que no había justificación legal para ello”, por lo tanto, “abusaron de su función”.

Los peritajes determinaron que uno de los cuatro disparos efectuados por el policía Gómez impactó sobre la zona de la escápula derecha de Correas; le ocasionó lesiones en el pulmón derecho, la vena cava inferior y el ventrículo derecho, y le produjo la muerte.

Siempre según la acusación, luego, y con el objetivo de simular un enfrentamiento armado, los policías Alarcón y Wanda Esquivel “plantaron” un arma en las cercanías, en tanto el automóvil fue interceptado en la intersección de Chacabuco y Corrientes, donde Valentín habría estado aún con vida y murió en ese lugar.

Antes de llegar a ese lugar, los amigos llevaron al adolescente hasta el sanatorio Aconcagua, donde se negaron a atenderlo, y, por ello, se tramita otra causa que ya fue elevada a juicio. En ella, tres empleados de ese sanatorio –Sergio Casalino, Guadalupe Moya y Paola Andrea Mezzacapo–, están imputados por “abandono de persona” y “omisión de auxilio”.

Gómez y Alarcón llegaron al juicio como coautores de “homicidio calificado por sus funciones, por empleo de armas de fuego, y homicidio calificado por abuso de su función en grado de tentativa reiterado” contra los otros cuatro ocupantes del auto.

En tanto, los restantes acusados, todos policías, son Esquivel, Sergio Alejandro González, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Jorge Ariel Galleguillo, Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza, Ezequiel Agustín Vélez, Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica.

Los cargos que enfrentan son por “falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y omisión de deberes de funcionario público”.